Wanderers fue intimado a depositar plata de Casal

El Juzgado Civil de 1er Turno, a cargo de la jueza doctora Loreley Opertti, intimó a la Comisión Directiva de Wanderers a depositar en el BROU, en un plazo de tres días a partir de la víspera, los 60.000 euros correspondientes al pase de Sebastián Eguren al Real Villarreal, que según la Dirección General Impositiva, pertenecen al empresario Francisco Paco Casal.

Mediante el Decreto Nº 4294/2008, del pasado 21 de noviembre, la magistrada Opertti notificó a los dirigentes bohemios de su resolución, rechazando su pretensión de que los 60.000 euros fueran entregados al futbolista, porque correspondían a su representante, que está embargado por la Justicia Civil, según informe de la Administración Tributaria.

La DGI interpuso un recurso y se opuso a la liberación del dinero que llegó desde el Villarreal de España, argumentando que de acuerdo a la documentación, contratos que tiene en su poder, surge que el mismo no pertenece al futbolista, sino que forma parte de los recursos que le corresponden a su representante.

Los dirigentes de Wanderers fueron intimados por la jueza Opertti «en cuanto hubiere lugar por derecho y en el plazo de tres días hábiles, el depósito de euros 60.000 en la cuenta abierta a tales efectos en el BROU, bajo el rubro de auto y a la orden del Juzgado».

El decreto fue entregado en la víspera en la sede de Wanderers, avenida Agraciada 2871, por parte de la oficial alguacil María Cristina Sirtori.

El embargo que la Justicia decretó sobre Francisco Casal e integrantes de su grupo económico está generando serios problemas a varias instituciones que tenían créditos pendientes de cobro ­de pases de futbolistas al exterior­, porque no surge con claridad meridiana qué parte del dinero le corresponde a las instituciones.

Cuando los clubes han logrado probar fehacientemente este extremo, la DGI ha liberado los fondos, a pesar de la medida cautelar, y éstos han logrado percibir el dinero.

El pasado jueves 13 de noviembre, la jueza Civil de 1er Turno, doctora Loreley Opertti, había notificado, mediante un cedulón, a la Asociación Uruguaya de Fútbol y a los clubes de Primera y Segunda División Profesional, la ampliación del embargo genérico contra Francisco «Paco» Casal y los integrantes de su grupo de US$ 25.000.000 a US$ 75.625.000, aproximadamente ($ 1.815.000.000).