Jueza pidió al Dr. Corbo que sea más preciso en su denuncia

Fuentes de la AUF expresaron a esta página deportiva que la resolución de la doctora Eustachio pone contra la pared al presidente de la AUF, quien tendrá que escoger con claridad meridiana si la denuncia que presentó la semana pasada es por un presunto delito de comunicación al amparo de la Ley 16.099 (Prensa) o si por el contrario pretende que se investigue el presunto pacto antideportivo que pudiere haber ocurrido, antes del citado partido, disputado el 18 de noviembre de 2007.

El decreto de la magistrada, según las mismas fuentes que solicitaron reserva, desnuda imperfecciones técnicas en la denuncia que fue redactada personalmente por el doctor Corbo y fue acompañada con la firma de los doctores Hebert Amestoy y Duarte, integrantes de la Sala de Abogados.

Ahora la pelota está en la cancha de la AUF y los integrantes del Consejo Ejecutivo que se sintieron tan agraviados deberán escoger el camino que quieren que recorra la Justicia para esclarecer los hechos que, a nivel de la Comisión Investigadora, que designaron los neutrales, no tuvo ningún efecto porque la misma falló que no encontró irregularidades en el equipo de protocolo, a pesar de las gravísimas acusaciones que hizo Yosselen Rocamora.

El doctor José Luis Corbo no quiere que el juicio se sustancie como lo indica la Ley de Prensa porque el mismo sería oral y público y teme que «le llenen» las tribunas para que presencien las audiencias.

 

Vaya al grano Dr. Corbo

La jueza Eustachio está reclamándole al presidente de la AUF, doctor José Luis Corbo «que se la juegue, que señale con claridad quienes son las personas denunciadas, aporte sus nombres y sus domicilios porque la única persona que se nombra en el escrito es la señora Yosselen Rocamora. No se mencionan más periodistas, ningún dirigente y ningún medio de comunicación», señaló la fuente asociacionista.

Si el presidente de la AUF renuncia a que el tema se investigue como un delito de comunicación ­difamación y/o injurias­, la jueza Eustachio le exige que aporte los nombres de todas las personas que él considera participaron del presunto pacto antideportivo, así como sus domicilios para ser citados.

Aquí la cuestión podría empezar a complicársele a las autoridades de la AUF porque según Rocamora y otros testimonios, el dinero para el pago de la habitación del Hotel Regency salió del bolsillo del doctor Corbo, y participaron en la operativa el vicepresidente, José Carlos Domínguez y Gabriel Franco. También deberán comparecer Enrique Bellomo y Alvaro Silva que fueron los integrantes del equipo de protocolo que atendió a los árbitros y veedores durante su estancia en Montevideo y compartieron sus tareas con Rocamora.

Si el juicio se instruye para determinar si hubo un intento de pacto antideportivo, como todo parece indicar, las utoridades de la AUF deberán explicar por qué reservaron la habitación a nombre de Luciana Cretenz (hija de Rocamora) cuando en realidad la que trabajó y atendió a los árbitros fue la productora de Las Voces del Fútbol y por qué le pagaron los almuerzos y cenas durante los tres días que trabajó.

 

No llegó denuncia  del Ministerio

La anunciada denuncia penal del Ministerio de Turismo y Deporte impulsada por el propio presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez no llegó aún a los juzgados de la calle Misiones.

El doctor Héctor Lescano anunció la semana pasada que su cartera iba a impulsar la denuncia para que se investigara el affaire de Sergio Pezzotta y dijo que los servicios técnicos (abogados) de la misma estaban reuniendo todos los antecedentes para remitirlos a la Justicia Penal.

Quizás el escrito de los abogados del Ministerio corra mejor suerte en el despacho de la doctora Eustachio que en la del doctor José Luis Corbo y las autoridades son más precisas a la hora de señalar los delitos que tiene que investigar la Justicia.