Lluvia de recursos retrasa inicio del proceso judicial

El mayor proceso judicial en la historia del fútbol italiano se reanudó ayer en Roma, pero los abogados de los clubes, árbitros y dirigentes acusados en el escándalo de los partidos amañados depositaron una multitud de recursos que retrasaron aún su inicio. Los magistrados anunciaron ayer a primera hora de la tarde haber rechazado todos los recursos depositados salvo uno correspondiente a un responsable menor de la FIGC que no será finalmente juzgado en este proceso. El presidente del tribunal disciplinario, Cesare Ruperto, de 81 años, aplazó posteriormente los debates a hoy. Después de la «salida en falso» el jueves de una primera audiencia que había durado menos de una hora, los debates se reanudaron ayer en una sala del Stadio Olimpico transformada en sala de audiencias, ante los ojos de un centenar de periodistas reunidos ante grandes pantallas, en otro recinto de la arena romana. El proceso disciplinario cuestiona a cuatro equipos — Juventus de Turín, AC Milán, Lazio de Roma, Fiorentina — y veintiséis personas, entre ellas árbitros, dirigentes o responsables de clubes y miembros de la Federación italiana de fútbol (FIGC), todos implicadas en distintos grados en un extenso sistema de «condicionamiento» de los encuentros en la temporada 2004-05. El nuevo jefe de la FIGC, Guido Rossi, prometió un proceso rápido con sentencias definitiavs antes del 20 de julio, pero los magistrados tuvieron que retirarse varias horas ayer para evaluar los recursos de unos abogados particularmente tenaces. Así, los defensores de los hombres de negro solicitaron que sus clientes sean juzgados por la Asociación italiana de árbitros (AIA) y no por el Tribunal deportivo de la Federación (CAF).

Después está el uso de masivo de escuchas telefónicas, principal fuente de prueba de la investigación, que se puso en entredicho.

Éstas, ordenadas por la justicia ordinaria y transmitidas a los investigadores de las instancias deportivas, se revelaron a veces tremendas para los acusados, en particular, para el ex director general de la Juventus, Luciano Moggi, pillado con «las manos en la masa» al intentar designar árbitros de su gusto para ciertos partidos. Tres abogados intervinieron en defensa del Lazio, uno ellos impugnando las condiciones con las que se nombró a Guido Rossi a la cabeza del FIGC después de la dimisión de Franco Carraro, una de las veintiséis personas que corre el riesgo de sufrir una larga suspensión después del proceso. En cuanto a Luciano Moggi, considerado como el «gran ordenador» de los partidos amañados, su abogado consideró que su salida de la Juventus y del mundo del fútbol ya equivalía a una «exclusión», haciendo su sentencia inútil e ilegítima.