Peñarol no presentó pruebas para revertir proyecto de fallo

El Consejo Directivo de Peñarol, sus delegados, ni la Sala de Abogados que están asesorando al club presentaron pruebas para revertir los fundamentos jurídicos de la Decisión Anticipada, lo que demuestra que no le será sencillo modificar la quita de 12 puntos establecida en el borrador de la misma.

El plazo procesal para los alegatos, presentar las pruebas que la institución considerara imprescindibles para deslindar responsabilidades en los hechos que culminaron con el asesinato del hincha de Cerro, Héctor Da Cunha venció el pasado viernes.

La decisión política de Peñarol de renunciar a esta instancia procesal sorprendió a todos, generó desconcierto en los protagonistas porque el mensaje impide que se puedan auscultar los pasos que dará la institución frente el Tribunal de Penas.

La estrategia de atacar jurídicamente la nulidad del fallo, descalificando a los integrantes del Tribunal, recusando a los mismos por entender que habían prejuzgado, deja a Peñarol indefenso en el juicio porque ahora el órgano jurisdiccional no hará lugar al recurso y continuará las actuaciones.

Llamó la atención que los asesores letrados que actuaron en esta oportunidad no hubieren presentado un recurso en subsidio para dejar habilitada la instancia de pruebas a la que ahora Peñarol no tendrá derecho, porque renunció a esta instancia fundamental de acuerdo a lo que establece el Manual de Procedimientos.

El único que tendrá ese derecho es el propio Tribunal de Penas que en la audiencia de hoy puede decretar para mejor proveer la incorporación, por ejemplo, de las actuaciones judiciales que forman parte del sumario y que por ende no son reservadas. En estas el Tribunal podrá condenar con más fuerza jurídica la responsabilidad institucional de Peñarol porque dos de los tres procesados con prisión, como co-autores del asesinato de Da Cunha, son «becarios» y quedó probado que formaban parte de la barra brava del club.

 

¿Quieren politizar el fallo?

En la presente jornada se llevará a cabo una reunión  improcedente de cara al momento que se vive– solicitada por los dirigentes de Peñarol al presidente de la AUF, Eugenio Figueredo, con el presidente del Tribunal de Penas, doctor Leonardo Goycoechea.

Resulta obvio que el propósito de los aurinegros es apartarse de lo que indican las normas reglamentarias  Manual de Procedimientos– intentado politizar las actuaciones del mismo Tribunal de Penas que descalificó y cuestionó públicamente.

Cabe destacar que si bien Figueredo accedió a concretar la reunión entre los dirigentes de Peñarol y el presidente del Tribunal de Penas, en ningún momento tuvo participación directa, ya que la citación se hizo a través de su secretaría para evitar sospechas y comentarios infundados. El único órgano político habilitado para remover al Tribunal de Penas es el Consejo de la Liga de Primera División Profesional, por lo que si Peñarol no está de acuerdo con su actuación debería abocarse a reunir los 2/3 de votos para «voltearlo».

Resulta condenable que Peñarol quiera transitar caminos políticos en un asunto que es exclusivamente jurisdiccional, por lo que debió utilizar todos sus recursos y pruebas –que no dispuso en tiempo y forma– si pretendía revertir los fundamentos del Tribunal de Penas. El auto de procesamiento de los hinchas y los testimonios de los procesados involucrando a dirigentes y funcionarios, podrían agravar la situación reglamentaria de Peñarol porque ameritan su expulsión, sin más trámite, de la AUF.