No hay condiciones para que haya fútbol

Si bien los hechos de violencia suscitados el pasado fin de semana no son responsabilidad del Ministerio del Interior es esta cartera la que tiene en sus manos el principio de solución de la crisis de credibilidad planteada.

Y esto es así no por capricho de nadie sino por la sencilla razón de que es la autoridad que debe velar por la seguridad de los ciudadanos.

En consecuencia puede y debe suspender por tiempo indeterminado la realización de espectáculos de fútbol profesional hasta que existan garantías reales, no promesas de buenas intenciones, por parte de los organizadores de los eventos.

La pregunta que deben formularse las autoridades ministeriales es si estas garantías están hoy dadas. Pero, ¿de qué se trata?

Primero, es notoria la mala conducta de los cuadros dirigenciales del fútbol: están más preocupados en cuántos puntos perderán Peñarol y Cerro, que en aportar los nombres de las personas que constituyen un peligro para el normal desarrollo de cualquier competencia. Esto es válido para las dirigencias de Cerro y Peñarol (no son creíbles los conceptos lacrimosos de los señores Domínguez y Valdés, precisamente ellos podían haber prevenido esta situación bastante tiempo atrás), ni la de los otros dirigentes del resto de las instituciones (en todas las parcialidades hay inadaptados, es un fenómeno que no tiene excepciones sino grados de gravedad). Los dirigentes de Defensor (empiezo la lista por el equipo de mis simpatías que también los tiene y obviamente son conocidos por todos los dirigentes), Nacional (cuya plana directriz y parcialidad, por ejemplo, todavía no aportó datos para esclarecer la muerte del joven ocurrida el mes pasado en el Campus de Maldonado), Cerrito, Wanderers, todos, tienen que actuar con responsabilidad ciudadana y sanear sus hinchadas si tienen fuerza, o pedir ayuda a las autoridades en su defecto.

¿A quién le puede importar después de los hechos del sábado quien sale campeón de este torneo, o cuántos pierde tal o cual club, sólo a alguien que no entiende que el fútbol es un espectáculo integrado como pocos a la identidad nacional y no un mero crudo y frío negocio de una empresa y de un grupo de cortesanos mendicantes.

Y llegamos a la segunda «pata» del problema, tan grave o más que la primera. ¿Está preparado el Estado para asegurar la libre concurrencia de un ciudadano o de una familia? Decididamente nuestra respuesta es negativa.

Basta con verificar que al frente de la Dirección de Seguridad de la Jefatura de Policía, se encuentra un señor, el inspector Guarino, quien está tan confundido en su manera de apreciar el fenómeno de la violencia en el deporte que públicamente confiesa que se reúne con los jefes de barras bravas para controlar los excesos.

Así lo hizo en un programa de televisión del canal VTV, «Rumbo a la cancha», previo a un partido clásico, admitiendo haber participado de una cena de confraternidad con barras bravas de los clubes grandes, o tuteándose en vivo vía telefónica con uno de esos jefes de los inadaptados.

Hay que concluir que el Estado, el instituto policial en este caso, está muy lejos de ser un pilar para superar la situación creada, de terror institucionalizado.

Antes, hay que trabajar duro en la erradicación de las prácticas extrañas a la convivencia democrática allí donde se manifieste, sea en la dirigencia del fútbol, sea en la misma institución encargada de brindar seguridad a los ciudadanos. *