Televisión Pública: ¿Sí o No?

 

En Europa  mundo culturalmente desarrollado, si los hay  se está dando un gran debate acerca de la televisión pública. Dicho más precisamente, acerca de si la televisión pública es necesaria o no al desarrollo intelectual y cultural de las sociedades.

Los europeos abordan así una especie de tercera etapa: primero fue la promoción entusiasta y categórica de la televisión pública; luego vino la oleada privatizadora, que la redujo sustancialmente en la mayoría de los países; ahora la cuestión regresa al debate y eso hace suponer que ha crecido la columna de quienes ven esa televisión como un aporte imprescindible al progreso de los pueblos.

Si se quiere empezar realmente por el principio, uno debe decir que la diferencia básica entre la televisión pública y la privada es que aquella opera  o debería hacerlo  ajustada a criterios ajenos a lo comercial. Tanto si hablamos de libertad de expresión o de información, como del derecho de los ciudadanos no sólo a estar debidamente informados sino, también, a no ser afectados por contenidos vulgares o dañinos, es claro que estamos pensando en el bien común. En una sociedad democrática, el bien común se traduce en una actitud que vela por la cultura, en su acepción más amplia y profunda y hasta  si se me permite la licencia  entretenida.

Por supuesto, no es todo. Hay otra diferencia sustantiva. Lo público es tal porque pertenece a todos los contribuyentes, no a una empresa ni tampoco a esas entelequias político-ideológicas en que algunos Estados se convierten de tanto en tanto. O sea, uno sabe que esa televisión le pertenece, pero que sea pública no le garantiza que se la utilice pensando en el bien común; por lo tanto, defender a ese medio, vigilarlo y exigir que respete el interés general y el bien de todos, por más difícil que sea la definición certera de tales objetivos, es la misión posible y necesaria que debe asumir cada ciudadano.

La televisión privada busca el lucro, y es legítimo, se basa exclusivamente en el concepto de entretenimiento y con frecuencia descuida los aspectos más valiosos de la comunicación que procura el bien social. Sus objetivos son puramente comerciales y sus dueños tienen innegable derecho a alcanzarlos.

En realidad, a nadie interesa a quién pertenecen las televisoras. El asunto es cómo se utilizan sus pantallas. Si las privadas cumplieran iguales o parecidas funciones que las públicas no habría debate alguno. Pero todos sabemos que no es así.

A mi juicio es plausible una convivencia civilizada. Por cierto, la sociedad moderna necesita de la televisión pública. Pero esa necesidad no tiene por qué convertirse en un proceso de jibarización de la actividad privada.

Las televisoras públicas son buenas cuando son del Estado, o sea de todos, y no de los gobiernos de turno; no deben estar teñidas de partidismo político ni ideológico, ya que entonces muy poco servirán al bien común. Y las televisoras públicas seguirán siendo buenas cuando den  aunque no sólo eso  todo aquello que la gente no recibe de las privadas; es decir, cuando se conviertan para el televidente, por vía de la simple comparación, en una suerte de mecanismo testigo que facilita y promueve la elección libre y, por tanto, la creación de hábitos de pantalla más sanos.

Aquí sobreviven, por ahora, el Canal 5 y TV Ciudad. Postulo una primera hipótesis de trabajo casi obvia: defendamos, con libertad de pensamiento crítico, ambas expresiones televisivas. Y cuidado, porque defenderlas quiere decir respaldarlas, pero también vigilarlas.

El bien común nacional lo exige, en circunstancias históricas en que la televisión privada, mal usada, está contribuyendo  consciente, inconscientemente o quizás por imperio de las reglas del mercado  a la descomposición social. *