Tiene la Palabra
Del senador Enrique Antía
Señor Director de LA REPUBLICA Dr. Federico Fasano Mertens
* Me dirijo a ustedes con el objeto de realizar las siguientes precisiones respecto a dichos inexactos que el Sr. Oscar De los Santos formuló en el programa emitido el pasado 1º de noviembre.
1. Fue en nuestro período de gobierno que se realizó el procedimiento disciplinario y la denuncia penal que culminó (por estos días) con el procesamiento de dos funcionarios por la Justicia. Ninguno de estos funcionarios era Director sino que uno era Supervisor de Vivienda y en el segundo caso se trataba de una funcionaria del escalafón administrativo. (informe «Búsqueda» Nº 1379 del 1/11/2006). Aquí «no rascó» nada el Sr. De los Santos sino que fue nuestro propio gobierno el que hizo la denuncia como la debe hacer cualquier gobierno honesto.
2. El Cr. Oscar Torielli no ocupó responsabilidad en nuestra Administración porque prestó servicios en calidad de funcionario en comisión con el diputado Dr. Darío Pérez del Frente Amplio. Por otra parte, fue bajo nuestro mandato que se creó y empezó a funcionar la Oficina de Auditoría Interna y Control de Gestión. Cabe señalar que un informe aparecido el 30/11/2004, en la página 8, del diario El País, felicitaba la implementación de esta unidad y señaló que se trataba de una excepción en las intendencias municipales.
3. En nuestro mandato los convenios de patrocinio respetaron estrictamente las normas de contratación del Estado: las empresas (no una sola) usufructuaban la publicidad de determinada infraestructura urbana (no toda) a cambio de su mejoramiento y construcción. Con Satenil SA ello no es así pues se concedió irregularmente y en forma directa el monopolio de la explotación publicitaria en todo el departamento independientemente del tema obras.
4. De los Santos pretendió quitarle significación económica al asunto Satenil SA (concesión ilegítima del monopolio de publicidad) cuando él mismo, en la Junta Departamental y en medios de prensa locales, afirmó que el negocio de la publicidad representaba aproximadamente U$S 500.00 anuales. A modo de ejemplo: Satenil SA cotizó en la playa Zorba la publicidad por U$S 250.000 a una reconocida marca de vehículos.
5. El preacuerdo de la Administración De los Santos con la empresa Hikone, antes de contratar a Satenil SA, en materia de resguardos peatonales, y al cual De los Santos pretendió quitar trascendencia, fue realizado por su Director General de Tránsito y Transporte, que, a la vez es uno de sus suplentes a la Intendencia y que, además, ocupa el cargo de Secretario General en ausencia del titular.
También se olvidó De los Santos de mencionar que una de las empresas perjudicadas (Hikone) entregó materiales y construyó refugios por valor de U$S 40.000 a partir de ese preacuerdo, los que fueron recibidos de conformidad por el Municipio. Luego De los Santos incumplió ese preacuerdo para contratar en régimen monopólico a Satenil SA.
6. Con respecto a las declaraciones del Sr. De los Santos y de su Directora General Sra. Araújo sobre una de las empresas de limpieza de Piriápolis y Pan de Azúcar cabe señalar que cobraba de acuerdo a los montos de licitaciones aprobado por el Tribunal de Cuentas de la República, cumpliendo en las ampliaciones de trabajo con las reglas del TOCAF e incluía en los trabajos extraordinarios las horas de máquina y camión que hoy la Intendencia factura aparte. Por otra parte, los contratos que De los Santos celebró con FUECI fueron observados por ilegales por el TCR. También en materia de servicios, acondicionamiento urbano y limpieza los resultados son muy diferentes entre una y otra Administración y basta con recorrer las calles y paseos del departamento para corroborarlo.
7. En cuanto al juicio penal, cabe resaltar que el denunciado es el Sr. De los Santos por calumnia e infamia, dichos mentirosos que utiliza como sistema mediático. Tanto mi patrimonio como mis cuentas bancarias están declarados como manda la ley al momento de ejercer la función pública (julio 2000) y renovada cada dos años ante la Junta Anticorrupción. No tengo separación de bienes (treinta años de matrimonio), no tengo sociedades anónimas, no tengo cuentas en el exterior, todo lo hicimos con trabajo familiar.
Sin otro particular le saluda cordialmente
SENADOR ENRIQUE ANTIA
Al ministro del Interior
Señor Director de LA REPUBLICA Dr. Federico Fasano Mertens
* «De tanto ver triunfar nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia de tanto agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra y a tener vergüenza de ser honesto».
Con el mayor de los respetos que Ud. me merece, hoy no veo la mejor forma de expresar esta sensación de desesperanza y frustración que experimento, que citar los versos del poeta y escritor Rui Barboza.
Hace más de un año que aguardo una resolución (positiva o negativa) a mi caso, cuyo tenor Ud. bien lo conoce, y grande es mi sorpresa cuando hace un par de días uno de sus secretarios le indicó a un legislador -que se interesó por mi situación- que dicho caso era de muy difícil solución ya que yo había renunciado al cargo.
Ese secretario desconoce absolutamente los pormenores del episodio que llevó a mi destitución del instituto policial. Para ese secretario es muy fácil fijarse en la letra fría de una resolución para contestarle de esa forma a un legislador. Claro que abandoné el cargo, pero se han fijado o por lo menos se detuvieron en analizar quienes estudian el tema, ¿los motivos que me llevaron a dicha determinación? ¿Qué opción tenía en su momento con una presión sicológica y política, sólo por pensar diferente al sistema que imperaba? ¿Se analiza o analizó en todo este tiempo el contenido de los sumarios que se me realizaron para comprobar que los mismos están plagados de errores y un espíritu negativo a mis derechos legalmente adquiridos en 22 años de servicio? Entonces, si no se hizo, es muy fácil contestar que el caso es prácticamente perdido y que tendría que solicitar la asistencia de un abogado. No, señor ministro, sigo y seguiré insistiendo en que fui y soy víctima -como tantos uruguayos- de un sistema que no aceptó que pensáramos diferente.
Esperé y aposté también como otros tantos compatriotas a un cambio con justicia en mi país, pagando un precio tan caro como perder un empleo público y otro privado, pero ¿para qué? y no encuentro la respuesta.
Señor ministro no fui destituido en la Policía por corrupto o por faltar al Estado. Cometí sí una falta administrativa, ¿es tan difícil acceder a mi petitorio que supongo dependerá tan solo de una decisión política? ¿Cómo se justifica que aquellos que han cometido delitos dentro de la función pública, que han cumplido proceso penal incluso, hoy cuenten con los beneficios del Estado?
No podré dejar de creer que en mi país seguimos habiendo ciudadanos clase A y B y algunos nacen alumbrados con reflectores y otros, como yo, con «un candil de sebo».
No me arrepiento de haber denunciado a los corruptos y de no haber sido obsecuente con un poder político injusto e intransigente.
De todas formas, señor ministro, seguiré esperando el día de la justicia, total: «Hay derrotas que tienen más dignidad que una victoria».
Con el mayor de los respetos lo saluda atentamente el ex policía y actual periodista
AGUSTIN DELARROSA – CI: 2.014.130-5
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