Tiene la palabra

Sicóloga, perito en violencia doméstica, refuta a Zona Urbana

Señor Director de  LA REPUBLICA

Dr. Federico Fasano Mertens

* Ante la falsedad de las afirmaciones y testimonios vertidos en el programa Zona Urbana –emitido por Saeta Canal 10– el miércoles 18 de mayo pasado, bajo la convocatoria «La otra cara del abuso sexual infantil», a la opinión pública digo:

Soy licenciada en Psicología desde hace 25 años, psicóloga perito, integrante del Registro Unico de Peritos de la Suprema Corte de Justicia, perito en Violencia Doméstica y perito judicial egresada del Centro de Estudios Judiciales; he dedicado toda mi vida profesional a trabajar al servicio de la comunidad, del sistema nacional de salud y del Poder Judicial, con profesionalidad, objetividad, rigor científico y dedicación, asumiendo la responsabilidad de mi firma, en todos los órdenes. Me he especializado en el área mencionada, trabajando en equipo para diversos organismos como Ministerio del Interior, Hospital Pereira Rossell e Iname entre otros, realizando tareas de docencia pública y privada e investigación; exponiendo en ateneos, paneles y congresos, con trabajos publicados en el país y en el extranjero. Toda esta experiencia y conocimiento avalan mi desempeño, imponiéndome no desestimar ningún aspecto en mi trabajo y son garantía de mi función profesional, para el sistema judicial y la comunidad, a pesar del miedo que se transmitió a ambos en el programa aludido. Mi función –como la de todo perito a nivel mundial– es informar a un juez el diagnóstico de la situación, el grado de riesgo (si hay) y el grado de daño (si hubo). Situación conflictiva que preexiste a mi intervención y no como consecuencia de ella. El informe elaborado es una herramienta de trabajo interdisciplinario y nunca condiciona la decisión de ningún juez, como se reiterara en el programa. Los ciudadanos que testimoniaron en él –en su más legítimo derecho– manifestaron en su momento ante las autoridades competentes, su desacuerdo con lo informado por mí. La Suprema Corte de Justicia realizó durante 11 meses una exhaustiva investigación de mi desempeño, de todos los casos en los que yo informara (periciales y de parte); solicitando informes a todas las Sedes de Menores, Familia y Penal, laudándola por Resolución Nº 119 del 10 de abril del año 2003 sin consecuencias para mí, sin sanciones ni observaciones de ninguna índole. Esta última información se omitió en el programa, a pesar de sus resultados absolutorios, públicos y asequibles, causando una gran confusión a la opinión pública y un severo perjuicio a mi persona. Nunca participé de «ensuciar expedientes» ni hice «informes sesgados» como se dijera, lo que se habría constatado en la investigación de la Corte. Se careció de objetividad y de rigor investigativo en el citado programa, ya que en mi vida fueron dos las únicas denuncias presentadas en Sede Penal, en ambos casos por la misma persona, por los mismos hechos y en misma época. En la primera de ellas, el magistrado actuante –Penal 16º– decretó con fecha 10/6/02 «el archivo de las actuaciones por tratarse de hechos de diversa naturaleza a los instruidos»; sin embargo esto también se omitió.

En la segunda denuncia reiterada (en Penal 17), la fiscal consideró que eran más graves los hechos relacionados con el menor que las imputaciones hechas a la profesional. En esos obrados, mi única comparecencia a la fecha, se realizó a pedido de la Fiscalía en calidad de testigo el 17/4/02. Respecto de estos tres hechos mencionados, sabido es que nadie está exento de ser denunciado; lo que debe importar en la actividad periodística al informar a la opinión pública, es el desenlace de los mismos, lo que no se hizo a pesar de habérseles informado. Nuestra Constitución establece, que toda persona se presume inocente mientras no se establezca su culpabilidad. Razonar a la inversa e informar parte de los hechos, sin contar su desenlace, puede llevar a que la opinión pública se forme una visión equivocada de las personas y los hechos; por ejemplo, en lo que va del año 2005 el programa Zona Urbana ha sido denunciado penalmente en 5 oportunidades (2º, 8º, 11º y 19º turno). Dependerá del desenlace que tenga cada una de esas 5 denuncias penales, para formarse un juicio de valor respecto a sus integrantes y su programa.

Se manifestó en el programa que yo despreciaba a colegas y a otros profesionales, que los acusaba, que yo era radical, peligrosa, que había perjudicado a otros profesionales, se dejó entrever que me habría asociado con algunos de ellos para delinquir, así como también se trató de transmitir una imagen perseguida y temerosa de mi persona, todo lo que es absolutamente falso; de ser cierto esto sería una delincuente paranoica, atribuciones que invalidarían mis informes.

Es falso que yo desprecie a otros colegas o profesionales, jamás mencioné esto. Es falso también que los haya acusado: ni siquiera nombré o aludí a ninguno. Considero que no devalúo la capacidad de otros colegas peritos, al mencionar que no hay posgrado o capacitación oficial para nuestra área; debiendo cada uno formarse como pueda. No es cierto que haya aludido en forma ofensiva a ningún lugar, público o privado, donde se desempeñen peritos. Cuando nombré al ITF fue para denunciar precisamente una irregularidad existente no con «peritos», sin embargo en vez de indagar esto se prefirió continuar con la línea de trabajo preestablecida. Se faltó a la verdad, al decir que yo condujera a una jueza y una colega, a error en sus decisiones y pérdida de sus trabajos y cargos, con mis informes. La jueza mencionada, nunca me indicó una pericia y sólo en dos oportunidades tuve que declarar ante ella, información que obra en el Poder Judicial y es accesible. En el caso de la colega ella no es jueza, por lo que jamás le dirigí informe alguno. Su causa de cese y/o remoción en el año 2003, tampoco tuvo relación con los informes que yo redactara hasta 11/98 –fecha en la que me desvinculara del servicio público por ella dirigido– ya que eran elevados sistemáticamente a la Justicia. Por tanto, las causas, procesos y desenlaces por las que cada una fuera sumariada, trasladada, etc., son totalmente ajenas a mí, no guardando ninguna relación con mi desempeño profesional. Esta información también era de acceso para cualquier periodista o comunicador, la que debió cotejarse antes de hacerla pública.

Es falso que se haya conformado una asociación para delinquir a «tríada» con las dos profesionales citadas; nunca trabajamos ni coincidimos en ningún caso o expediente las tres.

Toda la información erróneamente brindada, sumado a lo manifestado por los periodistas respecto de mi persona como «peligrosa», «radical», «militante de la causa», autora de «informes sesgados», etc., muestran una nefasta imagen de mi persona, lesionando mi dignidad, mi integridad, mi honra y mi vida como profesional y como mujer. También se faltó a la verdad, se tergiversaron hechos y se obviaron otros, al mencionar –por ejemplo– que un padre no pudo tener visitas con su hijo por lo que dijo Lassus. La jueza de Familia actuante, ya un año antes de mi intervención había determinado que el padre no tendría visitas con su hijo, como medida cautelar por la denuncia instaurada por su cónyuge por abuso sexual basándose en otros informes técnicos de Comisaría de Menores y ONG. También es inexacto, que posteriormente esa jueza se basara en un informe mío para no levantar las medias cautelares al padre por lo antes mencionado; porque ningún informe pericial tiene ese alcance, siendo la transgresión del padre a las restricciones impuestas por la Sede, lo que determinó el mantenim
iento de las mismas. Se ha faltado también a la verdad, al mencionar que prestigiosos psicólogos y psiquiatras me castigaran con dureza por mi trabajo. Jamás fui castigada o sancionada en ningún ámbito por ningún superior, ni jerárquico ni académico en toda mi vida. Tal información es inexacta, ya que los periodistas se referían a un caso puntual y omitieron manifestar en qué contexto acontecieron las críticas. La documentación mostrada en el programa, donde ciertos psicólogos y psiquiatras cuestionaron mi estrategia de trabajo empleada, no lo hicieron en calidad de peritos del Poder Judicial o asesores del mismo, ni como jerarcas míos en el ámbito ni laboral, ni académico. Ellos lo hicieron, en calidad de asesores de la defensa de un acusado por abuso sexual de sus hijastros, por lo que podrá entenderse que nunca serían objetivos, ya que trataban de rebatir las pruebas incriminatorias producidas contra el denunciado.

Obviar todo este contexto, sumado al manejo de los términos utilizados por el periodista, cambió la realidad del contenido de la noticia que se trasmitió a la opinión pública. Respecto de los testimonios: quien dice la verdad –además de preservar su imagen y su voz– maneja argumentos claros, compartibles y aporta prueba coherente; inspirando respeto y atención a su reclamo. Esto no se observó ni al referirse a mi trabajo, al de los jueces o al de otros profesionales. ¿Qué pretendían mostrar y para qué? Es muy claro que la «ingenuidad» del siglo XXI ya no permite creer todo lo que se dice. La gente piensa; algo que estas personas (testimoniantes y comunicadores) no hicieron. Existieron otros hechos inexactos e infundados mencionados en el programa, que por razones de tiempo sería excesivo detallar, por lo que responderé sólo a la falsa mención de la existencia de un malestar y «debate interno en la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay muy complicado. a cerca de esta psicóloga que integra la directiva». No formé ni formo parte de la Mesa Ejecutiva de la CPU, como la misma lo aclara en su comunicado a la opinión pública, en diferentes medios (junio 3, 4, 7, 9); en el que declara: «En representación de los 2.112 psicólogos afiliados a nuestro gremio, lamentamos profundamente que un programa televisivo con tanta audiencia y emitido por un medio de comunicación de vasto alcance social, haya resuelto no utilizar su valioso tiempo ni todos sus recursos humanos, tecnológicos y materiales para sumarse a la difícil lucha contra el abuso de menores en el Uruguay. Por el contrario, observando el informe televisivo en cuestión, parecería que el principal interés de Zona Urbana fuese utilizar tal título de avance sólo como un llamador a la población. En los hechos el programa transformó un tema de alta sensibilidad social en un maniqueo y frustrado intento por enjuiciar mediáticamente y sin ningún rigor investigativo a todo el Sistema Judicial, a los Juzgados de Familia en general y a dos colegas psicólogas en particular. Profesionales como la licenciada Gabriela Fulco y la licenciada María Celia Lassus, cuyo desempeño e idoneidad profesional en relación a los hechos señalados ya fueran evaluados en los ámbitos correspondientes y con resultados asequibles y públicos». Para finalizar, al margen del daño moral que con sus dichos a mí y a otros se ha causado, sembrando la injustificada alarma entre la opinión pública y su consecuente desprecio, sus expresiones ofendieron mi honor personal, por lo que a través de esta vía sólo puedo reafirmar mi compromiso con la comunidad, el sistema nacional de salud y el Poder Judicial, a los que he dedicado toda mi vida profesional, con responsabilidad, profesionalidad y ética.

LICENCIADA MARIA CELIA LASSUS – C.I: 1.091.340-9