Tiene la palabra

Cuando el dolor no caduca

Señor Director de  LA REPUBLICA

Dr. Federico Fasano Mertens:

* No me atrevería a decir «lo siento» a familiares de desaparecidos en la dictadura, pues sólo quien la haya vivido, puede saber de una herida tan cruel y lacerante. Acompañé sí la multitudinaria marcha del 20 de mayo en la que el sentir generalizado, gritaba sin ruido por derechos inalienables e imperimibles. No solo en nuestro país sino en varias partes del mundo, vibra una abierta disposición al procesamiento de aquellos que cometieron crímenes de lesa humanidad durante regímenes autoritarios. Por lo pronto, difuntos y ausentes desfilamos juntos esa noche. Un nuevo éxodo oriental -humano y espiritual- huyendo de la mentira y el descreimiento, camina de la mano de la memoria hacia la justicia redentora. La implacable, la que siempre llega… esa que no proviene de mortales tribunales y que nos alcanza donde quiera que estemos. La que inexorablemente someterá a los aparentemente impunes, ya menos plenipoderosos y cada vez más acorralados…

Este nuevo andar diciendo sin hablar, tuvo connotaciones de definida esperanza. Gobernados y máximos gobernantes, por primera vez juntos en un grandioso clamor que nos unió hasta el caracú. Ardor colectivo en deseos de saber qué pasó con «todos ellos»… indefensos esclavos de amos endemoniados de poder y lascivos de corrupción y genocidio.

Porque no queremos ahogarnos en el veneno del rencor eterno, los uruguayos necesitamos llevar a juicio a los civiles y militares que asesinaron o desaparecieron a sus conciudadanos uruguayos presos y en cautiverio. Es una reacción humana y cívica que nos merecemos y a la que no debemos renunciar jamás, que para eso la sociedad instituye sus organismos competentes. ¿Dónde están los que fueron arrancados de entre nosotros? Fechas, nombres, hechos… todo exigimos saber. ¡Al diablo con la caducidad de la pretensión de juzgar refrendada bajo el terror de los mismos que nos tenían tácitamente amenazados! ¡Al diablo una y mil veces con el miedo! No repetiremos llantos de impotencia y frustración alrededor del Palacio Legislativo luego de que lloramos de alegría al ver a Nora y al Pepe pasar revista al Batallón Florida. No sonará muy cómodo pero pretendemos punir. Tenemos derecho. Llegó la hora del pueblo y eso nadie lo podrá evitar porque es la vida.

El silencio vociferante de la marcha, anuncia tiempos de apocalipsis para muchas y viejas deudas. Cuerpos que se levantan y ordenan develar lo ocurrido en torno a sus homicidios. Energías que toman voz e imagen de cada uno de nosotros, para salvaguardar los recuerdos y adiestrar a los que tendrán la responsabilidad de contar a los que vendrán. Mantener vigentes y vinculados con la realidad de cada día los desgraciados sucesos, es la única garantía que nos alejará de los mismos errores. Si olvidamos, no podremos siquiera perdonar… ¡Es increíble cómo sus conciencias soportan tamaña ignominia! ¿No hay uno entre los militares involucrados, o limpio, y con la imprescindible dignidad, que proponga un pedido de perdón oficial? ¿Ni uno? Ciertamente sería un gran paso hacia la reconciliación nacional.

«La insatisfacción frente a la ley de caducidad está en la sociedad», dijo Hugo Cores y es tan verdad, como que hoy la izquierda es gobierno por sus vivos, pero también por sus muertos y desaparecidos. ¿O acaso no cuenta la sangre ofrendada por los hijos del Uruguay libre? Eso nos lo debemos para seguir siendo dignos de la Patria de Artigas. ¿Cómo podría el Estado, que somos todos nosotros, no pretender saber, procesar y condenar a quién nos mató, violó y torturó? ¿Cómo podría si hay decenas de artículos -hoy mancillados- de los primeros en nuestra ley fundamental que hablan de los derechos y garantías que nos protegen en tanto integrantes de una nación soberana? ¿No se juzgará a los culpables de la tortura, la desaparición y la muerte? Construiremos la nueva democracia sobre un campo minado entonces.

Creemos que por encima de estrategias políticas están las mujeres y los hombres. Por eso confiamos en los legisladores y jerarcas que ahora nos representan, muchos de ellos, martirizados sobrevivientes del régimen de facto con cuyas consecuencias ¡oh paradoja! hoy deberán lidiar públicamente. Líderes que en algunos casos, purgaron con pellejo y cárcel posibles flaquezas, y aún así continúan guiando al país con su mejor esfuerzo. Visionarios militantes sociales de todas las horas, que seguramente sabrán qué hacer con esta angustia popular incontenible que crece cual tsunami de la verdad, alimentado de desencanto y postergación, preparándose para caer sobre los que nunca pensaron ser alcanzados. Es difícil asumirlo pero no tendremos paz en tanto no limpiemos esta vergüenza nacional que perturba la conciencia uruguaya. «Los que cometieron crímenes tienen que pagar»… letra más, letra menos, esto dijo el ex dictador Juan María Bordaberry en el 2003 en informe para la televisión nacional. El pueblo uruguayo dice: amén.

PROC. MÃE SUSANA ANDRADE  – WWW.ATABAQUE.COM.UY

 

Ayudemos uruguayos,  todos unidos por un Uruguay mejor

Señor Director de LA REPUBLICA

Dr. Federico Fasano Mertens

* Uno de los males que sufre el hombre es una profunda soledad, una ausencia de comunicación, ausencia que resulta muchas veces de la incapacidad del destinatario; comunicarse, muchas veces, es ante todo atreverse a dar fuerza de voluntad a la transmisión de los informes, de las ideas y sobre todo de las fuentes. Desde el comienzo del siglo XXI, todos los gobiernos pusieron el acento en la lucha contra la droga. Así es que nace la Junta Nacional de Drogas con el fin de tomar prevenciones y rehabilitación en el consumo de drogas que existe en nuestro país. Hasta el momento es imposible poder abatir las distribuciones, ya que los anales de entrada al país son incalculables (existen alrededor de 800 bocas de distribución tales como ómnibus, camiones, seres humanos «mulas» y aviones, teniendo a departamentos clave tales como Rivera, Tacuarembó, Minas, Maldonado, Melo, etc.

Pero pensemos que todo ser tiene un talento en la vida, los narcotraficantes es el de engañar, destruir, matar gente y, es así que viajan a Colombia, Europa, EEUU (el distribuidor y consumidor más grande de droga) y convencen a la juventud para usar «merca», para que distribuyan y comercialicen.

Los distribuidores seducidos por el estilo de vida suntuosa que sus nuevos amigos le ofrecen, realizan la tarea sucia, haciendo entregas a la juventud. Ante estos hechos tenemos la contrapartida en nuestro país, donde existen talentos, honradez y ganas de combatir este gran flagelo. El nuevo gobierno se encuentra en busca de soluciones, pero no encuentra el camino para conseguir recursos, o hay mucha presión de los que tienen la mercadería para distribuir, pero no pensemos que es la clase pobre o media que presiona, sino son los que tienen el poder monetario y público.

¿Cómo combatir el flagelo de la droga?

1º Aclarar: jurisdicción, competencia y procedimiento en las fuerzas represivas con la llegada de la droga en los aeropuertos. ¿Por qué digo esto? Tomo como referencia la nota publicada en la prestigiosa revista Caras y Caretas el 11 de noviembre de 2004, donde establece y relata una historia de idas y venidas entre el Ministerio del Interior y representantes del Ministerio de Defensa Nacional, donde concurrieron dos oficiales superiores de la Fuerza Aérea, donde según la nota se quiere hacer a la Fuerza del Aire como una continuadora de la dictadura en lo que se refiere a la figura de Policía Aérea, inclusive relatando un hecho donde interviene el j
efe de Policía de Maldonado, que informa que no acepta presos detenidos por la Fuerza Aérea, pues no se hacer responsable de ellos. Con este proceder estamos denotando el juego político y el conflicto de intereses que se quiere crear entre la Policía y la Fuerza Aérea.

a) Los militares en Maldonado hablaron con los jueces en Maldonado, que aconsejaron la construcción de 2 celdas por si tenían que tener detenidos incomunicados.

b) Dentro de los procedimientos brillantes de quien determinó el procedimiento, una vez que se detiene a una persona por un delito cometido (aunque sea un especial de jamón y queso), se le hace un chequeo por intermedio de un médico de Salud Pública, y no por un médico militar para evitar malos entendidos.

c) Luego de comunicar a las autoridades judiciales, se entrega al detenido bajo acta y nuevo chequeo médico. Señores de la Seguridad Pública no sería bueno que se entendieran y no tener celos de quien es el que tiene contralor, actuar en conjunto de manera reglamentaria en pos de una mejora del servicio (estudiar, procedimientos, jurisdicciones, normas internacionales, etc.)

A quien corresponda difundir este diferendo a la opinión pública en general sobre esta situación donde las instituciones no corran peligro como se quiere hacer saber con comunicados en revistas y en circulares de las instituciones involucradas, arengando el fantasma de la dictadura pues nadie quiere esta situación nunca más.

2º Existe una parte técnica que es necesario solucionar para este combate contra la droga. a) Personal súper calificado en la materia, honesto, bien remunerado. b) Vehículos y helicópteros que patrullen los lugares de la ciudad y, radares modernos que se obtengan por compra directa (mediante licitación, y que se fijen las calidades de los mismos, pues existen ofrecimientos, rusos, belgas, israelíes) y no por el sistema FMS que es más lento, en algunos países son la cuenta corriente, que generalmente está atrasada. A las autoridades les interesa la solución o seguimos en esta miseria.

LUIS A. FAGUNDEZ – C.I: 973.104-0

 

¿El gobierno quiere el retorno de los uruguayos que viven en el exterior?

Señor Director de LA REPUBLICA

Dr. Federico Fasano Mertens

* Integro una familia joven con un hijo de menos de tres años de edad, que retornó al país hace menos de dos meses, después de haber vivido en el exterior durante quince meses por razones laborales y económicas. Las ganas de volver a vivir en Uruguay, el deseo de que nuestro hijo se eduque en este país y los cambios operados en la realidad política a partir del 31 de octubre determinaron nuestra decisión de volver, y lo hicimos con muchas ganas, las mismas que ponemos todos los días para salir adelante y reinsertarnos en medio de las dificultades. Entre los eternos problemas económicos y burocráticos que caracterizan a Uruguay y generan molestias y pérdidas a sus ciudadanos, está el del conjunto de negocios que se realizan en torno al puerto de Montevideo. A nosotros nos afecta en forma directa, ya que nos trajimos desde el exterior la misma cantidad de cosas que nos llevamos y nada más que eso: media tonelada de libros y un archivo incompletos de diarios y revistas que constituyen buena parte de nuestro magro patrimonio. El valor de todo ello es cultural y también afectivo, razón por la cual esa media tonelada fue y vino con nosotros. Pero no representa un valor importante si se lo mide en pesos o dólares. Aunque en el puerto todo se mide en dólares, claro está. La síntesis de nuestra indignación es la siguiente: antes de emprender el viaje de retorno pagamos más de 500 dólares para despachar nuestras cosas por barco, la opción más barata y conveniente dado el volumen de la carga.

Esta suma, junto con el monto que abonamos por los billetes de avión y 1.200 dólares más, representa un total de dinero que pudimos juntar trabajando durante esos 15 meses. Pagado el despacho por barco y los billetes de avión, volvimos a Uruguay con esos escasos 1.200 dólares que proyectamos para un sólo propósito: comprar los muebles y electrodomésticos mínimos para instalarnos nuevamente con lo más básico, ya que habíamos vendidos todas nuestras cosas antes de irnos. Sin embargo, entre todos los cargos que debemos pagar por los distintos servicios y funciones que se realizan en el puerto de Montevideo, para sacar nuestra media tonelada de allí, se nos va más del 40% del dinero destinado a rearmar nuestra casa. Somos una familia de trabajadores, no de empresarios acaudalados ni de especuladores financieros. Al agente marítimo debemos pagarle como si no lo hubiéramos hecho al despachar nuestras pertenencias en el exterior; al despachante de aduanas otro monto porque a uno no le permiten hacer los trámites por cuenta propia; al depósito portuario por utilizar un espacio de 1.5 metros cúbicos en la inmensidad de la terminal de Montevideo; y a la Aduana por carecer de un certificado emitido por el cónsul uruguayo en el país del cual nos volvimos, requisito sobre el cual el Estado uruguayo jamás hizo saber nada a nosotros o a familia alguna. Todos muerden un poco: son 100 y pico de dólares para cada uno, y una familia debe perjudicarse económicamente porque el funcionamiento del puerto está organizado de modo que las instituciones y empresas que allí operan extraigan la mayor cantidad posible de efectivo, provenga de donde provenga. ¿No debería diferenciarse por tramos la población pasible de ser gravada y facturada por esa telaraña de organismos y empresas? ¿No debería recaudarse a partir de los movimientos comerciales de las empresas y sin succionar los magros recursos de familias e individuos que se vieron en la necesidad de salir del país por falta de oportunidades? ¿No debería implementarse una política nacional de estímulo al retorno de los uruguayos que se fueron? ¿No debería comenzarse por desgravar sus pertenencias y exonerarlos del pago de impuestos abrumadores, que los ahoga sin solución de continuidad mientras todos los días pasan contenedores enteros repletos de contrabando a gran escala que nadie controla? ¿No debería iniciarse una política sistemática contra las prácticas mafiosas desarrolladas por el Estado y los operadores privados que obtienen las concesiones que éste otorga?

EAC – C.I: 1.823.780-3