Desastre nacional

s un patrimonio siempre intransferible, en tanto involucra conceptos tan cruciales como el sentido de pertenencia, la identidad cultural y un modelo de convivencia inherente a un pueblo o una nación.

En un tiempo particularmente turbulento y convulsionado, este valor está nuevamente en controversia, por la exhumación de añejas estrategias imperialistas, la cada vez más notoria vulnerabilidad de las normas del derecho internacional y la denominada globalización planetaria.

En los primeros años de este tercer milenio, las soberanías naciones fueron arrasadas por sendas invasiones a Afganistán e Irak, que corroboraron nuevamente la impunidad de las potencias y la extrema fragilidad de la diplomacia internacional enfrentada a la hipótesis de conflictos bélicos.

En las dos agresiones perpetradas como supuesta represalia al atentado a las Torres Gemelas, se vulneró flagrantemente el principio de no intervención mediante la apócrifa tesis de la «guerra preventiva».

Estas campañas militares inauguraron una nueva era en la historia de la humanidad, caracterizada por la prepotencia, la violencia y la apropiación de espacios territoriales y riquezas por parte de las fuerzas invasoras.

Todos estos episodios constituyen, sin dudas, serios atentados contra las soberanías nacionales, plenamente corroborados por el rechazo de las poblaciones civiles a la presencia de las tropas de ocupación, más allá de las particularidades y las circunstancias de los conflictos.

Sin embargo, no sólo las intervenciones militares representan hoy un peligro para la soberanía de las naciones. La globalización, fenómeno tan indefinido como indefinible, contiene en su vientre el embrión de nuevos modelos de dominación extraterritorial que resulta insoslayable analizar.

Es claro que los gobiernos, particularmente de los países dependientes como el nuestro, son cada vez menos intérpretes de la voluntad de los pueblos que les asignan la responsabilidad de ejercer el poder de decisión.

El hipertrófico crecimiento del sistema financiero internacional y la compleja red de multinacionales que detenta el control de la economía mundial, representan un serio riesgo a la existencia de Estado-nación tal cual siempre lo concebimos.

En esta hipótesis, muchos de los gobernantes actúan como meros gerentes o administradores de los intereses de las potencias económicas y comerciales, ignorando las legítimas demandas y expectativas de los gobernados.

En el caso de nuestro Uruguay, los ejemplos resultan singularmente elocuentes. Desde su inauguración hace más de tres años, la actual administración de gobierno ha cedido reiteradamente a las presiones de la Casa Blanca.

Uno de los testimonios de este inquietante agravamiento de la dependencia fue la ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba, en el marco de la campaña de aislamiento y recrudecimiento del bloqueo impulsada por George Bush.

El segundo episodio, no menos contundente, fue la votación por parte del parlamento de la ley destinada a salvar al sistema financiero nacional de una inminente debacle.

El debate legislativo transcurrió en un clima tenso y enrarecido, en el que nuestro país fue nuevamente chantajeado, ya que se condicionó la asistencia económica externa a la aprobación de la norma.

La pasada semana, al registrarse el sorpresivo relevo en el Ministerio de Economía y Finanzas, reaparecieron los atentados contra nuestra soberanía. El mensaje de salutación de la embajada de los Estados Unidos al flamante secretario de Estado constituye un acto de injerencia en los asuntos internos de nuestro país.

Las primeras señales originados en la ronda de consultas políticas celebrada por Isaac Alfie desde su asunción, constituyen  más allá de la versión oficial  un inequívoco testimonio de que el cambio de ministro no fue una circunstancia casual.

La prioridad del nuevo titular del equipo económico de gobierno será constreñir aún más el gasto público, activar mecanismos para mejorar la recaudación y cumplir con los compromisos contraídos con los organismos multilaterales de crédito, sin reparar en las eventuales consecuencias sociales.

Trascendió que se prepara un nuevo e injustificado incremento en las tarifas de los servicios públicos, con el propósito de mejorar la situación fiscal del gobierno central. Los ajustes dispararán la hoy estancada inflación, sumiendo a la mayoría de la población en una situación cada vez más angustiante.

Mientras tanto, ya se inició la campaña para el referéndum del 7 de diciembre, en el que los uruguayos asumiremos la responsabilidad

de definir el futuro de Ancap, en lo que constituye un acto de defensa de la soberanía contra los halcones privatizadores.

El ente  otrora la empresa estatal más próspera de nuestro Uruguay  enfrenta una crítica situación económica y financiera, por los ruinosos negocios de asociación con empresas privadas emprendidos en los últimos años en la Argentina.

En «Desastre nacional – Los negocios de Ancap en Argentina», los senadores encuentristas Eleuterio Fernández Huidobro y Enrique Rubio abren un espacio a la reflexión público sobre las graves consecuencias derivadas de las aventuras empresariales del ente en la vecina orilla.

A pocos meses de la consulta popular en la que se procurará derogar la ley de asociación de Ancap para cerrarle el camino a las privatizaciones exigidas desde los centros de poder, la publicación de este documento comporta singular trascendencia.

Los defensores de la norma  alineados en los partidos tradicionales y en los grupos empresariales  alegan que la ratificación de la ley es la única opción que le permitiría al ente de los combustibles sobrevivir y competir en un mercado abierto.

Sin embargo, a la luz de la crisis derivada de los irresponsables negocios operados con empresas argentinas, cabe preguntarse qué modalidad de asociación se planea y hasta qué punto ésta puede afectar aún más nuestra soberanía.

El revelador libro contiene el resultado de la investigación parlamentaria, la cual derivó en un minucioso informe que los autores elevaron a la Justicia, a los efectos que determine eventuales responsabilidades legales e incluso penales.

La pesquisa, un trabajo sin dudas árido y complejo, insumió la lectura, consulta e interpretación de más de 150 documento. Para su mejor comprensión, el trabajo integró a técnicos en la materia.

La redacción de todo el material, que incluye fragmentos de versiones taquigráficas de sesiones de la comisión investigadora y los múltiples testimonios recabados, estuvo a cargo del senador del Movimiento de Participación Popular Eleuterio Fernández Huidobro.

Las conclusiones contenidas en el libro, revelan los entretelones de los negocios que los jerarcas responsables de Ancap realizaron en la Argentina durante la segunda presidencia de Julio María Sanguinetti.

A consecuencia de ello, el organismo enfrenta hoy la peor crisis financiera de su historia, que no tiene ninguna relación con la disparada del dólar, el aumento de los costos o la suba del petróleo en el mercado internacional. Desde 1998, la empresa pública  amparada en las prerrogativas del derecho privado  encaró diversas inversiones, con resultados calamitosos, en prospección de petróleo y gas, distribución de combustibles y en la industria petroquímica.

El libro revela la asociación de Ancap con socios privados de probada mala reputación, para la explotación de una vasta red de estaciones de servicio en la vecina orilla, en un mercado de comercialización de combustibles libre caracterizado por la impunidad y la inm
oralidad.

El informe denuncia que los supuestos «asesores» que recomendaron la operación tenían  desde hace un buen tiempo  antecedentes por comprobadas prácticas de corrupción, que ameritaron múltiples demandas penales y pedidos de captura contra sus responsables. Asumiendo una minuciosa cronología de los sucedido, los autores desnudan una historia de vaciamientos empresariales, auditorías, quiebras y escándalos judiciales.

Incluso, se recuerdan los allanamientos por parte de personal de la Impositiva argentina a la sede de Sol Petróleo  socio de Ancap  en los que se comprobaron múltiples irregularidades, facturas falsas e inequívocas pruebas de prácticas de defraudación fiscal.

El libro evoca la sustitución de Eduardo Ache al frente al organismo, la denuncia de Ancap contra sus socios y la suspensión de las obras en la refinería de La Teja. Los parlamentarios transcriben parcialmente un lapidario informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que califica al ruinoso negocio como «una inversión de riesgo y nula rentabilidad».

Una reveladora intervención del senador Enrique Rubio, permite conocer que el ente liberó garantías y avales por 113 millones de dólares, compromisos que ahora deberán ser asumidos.

Otro aspecto medular de la temeraria aventura empresarial es el vinculado a la empresa Socimer Finance Group, que cobró más de 700.000 dólares más IVA por «asesorar» al organismo.

La firma, que insólitamente estaba vinculada comercialmente a la empresa que recomendaba para asociarse a Ancap, estaba involucrada en estafas, vaciamientos y otros delitos en Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos y España. Algunos de sus miembros son requeridos por el FBI y la Justicia de varios de esos países.

Los autores revelan que los informes técnicos de otras dos consultoras, que advertían serios riesgos en la asociación con Sol Petróleo, fueron insólitamente desestimados por las autoridades de la época. Los reportes revelaban el análisis de balances, situaciones patrimoniales y algunos procedimientos operativos no muy transparentes. De los múltiples testimonios contenidos en este libro, se deduce que la empresa que se asoció con nuestro ente estatal «vendía combustible robado», entre otras graves denuncias. Es claro que cuando se concretó la inversión de Ancap, la empresa argentina ya estaba en proceso de vaciamiento y bajo la atenta lupa de la impositiva de la vecina orilla por presuntas maniobras de defraudación.

Ancap había asumido una inversión inicial de 25 millones de dólares, que fue literalmente deglutida por las pérdidas emergentes de las probadas operaciones delictivas de Sol Petróleo.

La denuncia penal se radicó recién cuando asumieron las nuevas autoridades de Ancap, más de un año después de verificadas las graves irregularidades.

En todo ese período, el hoy ex presidente Eduardo Ache afirmaba que el negocio en Argentina no representaba pérdidas para el ente, mientras se asistía a un permanente drenaje de dinero por las obligaciones contraídas.

Exhibiendo números concretos, el senador Eleuterio Fernández Huidobro corrobora que se invirtió mucho dinero y luego se capitalizaron las pérdidas de las empresas quebradas.

El senador Enrique Rubio, también con cifras a la vista, concluyó que «las pérdidas son extraordinariamente importantes», añadiendo que «se lesionó el interés público, faltó prudencia y transparencia».

Incluso, a su juicio, lo que se invirtió en Argentina «daría para reformar dos veces la refinería».

«Desastre nacional» es un libro sin dudas testimonial, despojado de todo discurso político o eventual connotación ideológica, que reconstruye minuciosamente la historia de una ruinosa aventura empresarial.

Los autores admiten que, en su calidad de parlamentarios, no les fue posible encarar una investigación más minuciosa que les permitiera arrojar más luz sobre episodios que  sin dudas  están rodeados de una ominosa aureola de duda. La pesquisa tendiente a determinar eventuales responsabilidad, está ahora en la órbita judicial.

Sin embargo, los legisladores plantean múltiples interrogantes aún sin respuesta, destinadas a determinar por qué no se atendieron las recomendaciones que desestimaban la conveniencia de la operación y cuál fue el motivo por el que se negó reiteradamente que el ente estaba sufriendo graves pérdidas y perjuicios económicos.

De la lectura de este auténtico documento se infiere  claramente  que son más las incertidumbres que las certezas y que la operación de supuesta expansión de Ancap en Argentina derivó en un desastre económico, que hoy atenta contra la propia viabilidad del organismo estatal de los combustibles. Este revelador trabajo nos convoca a una profunda reflexión, en torno a la necesidad de redoblar esfuerzos en defensa de los entes públicos que representan parte de nuestra soberanía como nación, aumentar los controles y fiscalizaciones y prevenir la participación de empresas privadas en un eventual mercado excesivamente permisivo y carente de adecuadas garantías y regulaciones.

(Ediciones de Trilce)