LEY DE CADUCIDAD: EL LEGADO DE HUGO CORES

En diciembre de 2003, el planteo de derogar la Ley de Caducidad si el Frente Amplio accedía al gobierno despertó un duro debate en el Congreso del Frente Amplio. Hugo Cores argumentó en ese congreso que el punto sobre la Ley de Caducidad era uno de los más importantes que tenían para resolver el FA y el propio país. «Es la constatación de que lo que se ha dicho por parte de la derecha durante 16 años no es cierto, que la ley de caducidad resolvía para siempre el tema de los derechos humanos». Como muestra de ello, citó las marchas de los 20 de mayo y las acciones de la justicia (en su momento la actuación de los jueces Cavalli y Recarey). No sabía entonces todo el capítulo que se abriría con la implementación del artículo 4 durante el gobierno de Tabaré Vázquez, y el desenlace de la votación de una nueva ley en la Cámara de Diputados siete años después.

En defensa de su moción a favor de la derogación de la ley, Cores dijo que ésta remitía «a la existencia en el mundo y en la legislación interna uruguaya de un sistema de garantías que establece que hay delitos que por su naturaleza son permanentes. La desaparición forzada de personas es un delito permanente y por lo tanto una ley que caduca la pretensión punitiva del Estado está reñida con los tratados que el país ha suscrito ­la Convención de Costa Rica, los tratados de Ginebra, la Convención de Viena­, que precisamente desarrollan in extenso la idea de que tienen la misma fuerza que las leyes interiores los compromisos que el Parlamento vota en materia internacional.» Aunque referida a los delitos imprescriptibles (la actual ley a consideración del Parlamento incluye los delitos que prescriben), su argumentación sigue siendo válida hoy.

En su momento, la moción que promovía la derogación no prosperó; tuvo 569 votos a favor y 746 en contra. Se entendió que a «un paso» de la victoria en octubre de 2004, el Frente Amplio no podía arriesgarla dando un paso en este sentido. Sí se votó, en cambio, la moción original que provenía de la comisión, que señala, entre otras cosas que «el gobierno progresista reafirma la posición clara de que las normas de tratados internacionales sobre derechos humanos tienen igual valor que las leyes nacionales, y al respecto se promoverá la adecuación de la legislación interna a los tratados internacionales ratificados por el país». Esta argumentación, es la misma contenida en el artículo 1 de la ley que entra a consideración de la Cámara de Senadores, luego de haber obtenido media sanción en Diputados.

Hugo Cores sostuvo, en una entrevista realizada en el programa En Perspectiva de 23 de diciembre de 2003, que existía en Uruguay «un extendido sentimiento contra la impunidad y contra la ley que la regula, que ha habilitado la existencia de esa impunidad».

Y agregó: «Punto final, obediencia debida, decretos de perdón hubo en Argentina, en Chile, en toda la región. Sin embargo la presión de los pueblos y el desarrollo de un pensamiento internacional humanitario que tiende a sancionar los crímenes de guerra; la instalación del Tribunal Penal en Roma y los acuerdos que lo habilitaron, así como la legislación que obliga a los países a adecuar sus normas internas a esos avances que existen en el derecho internacional, son un factor que obliga a adecuar el reloj de las normas que regulan la vigencia de los derechos de la persona y las libertades políticas a lo que en el mundo está ocurriendo». Así, antes de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estuviera por fallar en contra del Estado uruguayo, y antes aún de que la Suprema Corte de Justicia declarara inconstitucionales los artículos de la ley de caducidad que se encuentran hoy sometidos al juicio del parlamento para su derogación, Hugo Cores entendía que la legislación internacional obligaría, tarde o temprano, a la eliminación de la ley del ordenamiento jurídico nacional. En ocasión de aquél Congreso, la moción entonces presentada por el diputado Bayardi y el senador Huidobro había sido la de eliminar un párrafo que mencionaba expresamente la ley de caducidad, que añadía al «se promoverá la adecuación de la legislación interna a los tratados internacionales ratificados por el país» ­luego votado por todos- el «anulando las normas que la contradigan, sobre las cuales existen fundados cuestionamientos en los organismos internacionales de derechos humanos». Así, lo que aquél Congreso votó, está en total concordancia con lo que se establece en parte del articulado de la actual ley a consideración del parlamento: adecuar la normativa jurídica nacional a la normativa internacional. Lo que entonces el Frente Amplio resolvió, volvió a ratificarlo nuevamente, siete años después.

El párrafo en cuestión en aquél momento, que promovía específicamente la derogación de la ley, a consecuencia de la primera argumentación, es lo que se cambia hoy, tantos años después.

También sobre esto Cores había argumentado: sobre el cambio de los tiempos, en la misma entrevista. «¿A qué viene esto del Tratado de Viena? Viene porque todos los países del mundo, exigidos por una especie de conciencia universal humanitaria y contraria a la impunidad, están procesando su adhesión a los tratados que garantizan la no existencia de delitos permanentes…. Esa situación es rechazada porque el mundo ya atravesó estas cuestiones, primero en la Segunda Guerra Mundial y después en otras guerras recientes….La adecuación a esas normas implica la dilución de las anteriores. Las normas no son para tejer en torno a ellas elogios verbales, no son para prosternarse frente a ellas sino que son formas que procuran regular la vida cambiante de las sociedades, y también se actualizan y se derogan».

Parte del legado de Cores está referido a la forma en que la ley de Caducidad opera «a favor del olvido» y «contra la memoria». El once de octubre de 2005, escribe en Brecha sobre «la imposibilidad del olvido», a propósito de un libro, que con este título describía sobre «los recorridos de la memoria en Argentina, Chile y Uruguay».

Dice: «Citando a George Orwell en 1984, «el que controla el presente controla el pasado; el que controla el pasado, controla el porvenir». Y agrega, citando a Groppo: «la memoria es un terreno de lucha que a menudo se parece a un verdadero campo de batalla, estas batallas tienen directamente un contenido político y, aunque conciernen al pasado, están dirigidas, en realidad, hacia el futuro». Así, «las políticas contra la memoria logran frenar la toma de conciencia a menudo durante un cierto tiempo, pero tarde e temprano la verdad se abre camino. Pensando en nosotros se podría decir que el olvido es, a la larga, imposible».

Senadora del Frente Amplio