LA POLITICA ECONOMICA Y LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO

La economía neoliberal propone la mínima intervención del Estado porque supone que el mercado y el sector privado definen la estrategia de desarrollo y están en condiciones de resolver todos los problemas económicos y sociales. En la izquierda en general, y en el Frente Amplio en particular, hay acuerdo en la necesidad de elaborar y decidir una estrategia de desarrollo como parte del proyecto nacional. En su elaboración deben participar el Estado y los principales actores económicos y sociales.

Una de las decisiones más importantes está constituida por la definición de la futura estructura productiva. El gabinete productivo del gobierno del FA ha avanzado en dicha estrategia a través del análisis de diversas cadenas productivas, pero la tarea no ha culminado. Los criterios centrales para esta definición corresponden a la inserción económica internacional y al empleo productivo.

Para la inserción internacional el elemento central es la incorporación del progreso técnico e innovaciones para exportar rubros con alta y media tecnología. El país durante mucho tiempo va a seguir dependiendo de rubros primarios. Importa darle contenido tecnológico a dichos productos y aumentar su valor agregado. Para ello es muy importante el proceso de integración, porque es al Mercosur al que le vendemos rubros con mayor contenido tecnológico.

Se requiere definir, por ejemplo en el sector agropecuario, cuánta tierra y de qué calidad se debe destinar a la forestación o a la soja. Se requiere definir rubros ganadores en el sector industrial y en los servicios, tarea a realizar con los empresarios.

Definida la estrategia de desarrollo y la estructura productiva, con la necesaria flexibilidad derivada de la velocidad de los cambios tecnológicos y de los cambios en los precios internacionales, la política económica debe ajustarse a dichos lineamientos. La política económica debe ser funcional, compatible con las definiciones de mediano plazo. Por ello, la política económica debe atender no sólo el objetivo de la estabilización de precios, sino también el crecimiento, el empleo y la distribución del ingreso.

En los últimos años el proceso inflacionario ha estado muy controlado. Tenemos un aumento de precios al consumo de un dígito. Mientras se mantenga en estos niveles no es un factor de preocupación. Los instrumentos de la política económica de corto plazo están en manos del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco Central.

A través de dichos instrumentos se influye sobre los objetivos centrales. En el mundo internacional actual surgen claras diferencias entre la Reserva Federal de EEUU y el Banco Central Europeo. Los primeros priorizan la estabilidad de precios y el empleo; los europeos, bajo el dominio de Alemania, tienen como objetivo exclusivo la estabilización de precios.

En las últimas semanas, y en el propio G20, aparecieron estas diferencias. EEUU, con estímulos fiscales para atender con prioridad al empleo, con aumentos del gasto público y alto déficit fiscal. La Unión Europea, a partir de la crisis de Grecia, prioriza el descenso del déficit fiscal y del endeudamiento. Ello se efectiviza con fuerte descenso del gasto público, lo que originará recesión e incrementos en el desempleo abierto, con probables problemas sociales y consecuencias políticas.

Para el caso de Uruguay, el objetivo de la estabilización de precios debe lograrse atendiendo a las causas específicas de la inflación. Estas pueden derivar de aumentos de la demanda interna por expansión monetaria o por factores de costos, como la suba de ciertos precios internacionales, de impuestos y tarifas, del tipo de cambio y los salarios.

También pueden influir las expectativas de los agentes económicos y, en determinadas circunstancias, como ocurrió en algún período histórico de la década del 60, por pujas en la distribución del ingreso entre distintos sectores de la sociedad. Lo importante es atender la especificidad del momento y no las recetas a que nos tienen acostumbrados organismos internacionales como el FMI.

Con una inflación de un dígito no nos parece apropiado utilizar la política cambiaria con objetivos exclusivos de enfrentar la inflación. La competitividad depende de las innovaciones y de la introducción de progreso técnico. Pero también de la política cambiaria, como lo muestran con nitidez las quejas de los gobiernos europeos y norteamericano, que exigen a China que aprecie su moneda. Con una estrategia de desarrollo centrada en la inserción internacional, vital para un país pequeño, el objetivo de competitividad pasa a ser central, y la política cambiaria no puede estar ajena al mismo.

No somos partidarios de devaluaciones abruptas por sus diversas consecuencias negativas, sino de aumentar el tipo de cambio de manera gradual para minimizar su impacto sobre la inflación.

La política fiscal cumple un papel central para la redistribución del ingreso, especialmente a través del gasto social. Por ello es muy relevante que en el futuro presupuesto no sólo se atiendan objetivos financieros, sino también los requerimientos sociales. El déficit fiscal ha sido bastante controlado en los últimos años. Es muy importante encontrar salidas tendientes a bajar el endeudamiento, como ya lo está realizando el actual gobierno.

Pero es central mantener el gasto sobre el PBI y, si es factible, incrementarlo, para dinamizar la demanda interna y atender las demandas sociales. Estas pueden ser infinitas, pero hay que encontrar el equilibrio necesario para atender metas centrales de bajar la pobreza a la mitad, eliminar la indigencia, mejorar los niveles educativos, de salud y de vivienda.

Ello puede requerir cierto incremento de la presión tributaria, no solamente por la vía de la eficiencia de la administración fiscal. Los diálogos recientes con el Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto han sido muy fructíferos, constructivos y positivos, para atender las preocupaciones de los distintos sectores del Frente Amplio. La discusión parlamentaria del próximo Presupuesto se encamina en buenos términos.

|*| Senador por la 609-FA, economista