Ay, las leyes

Los legisladores salen de una y se meten en otra con una celeridad digna de mejores aplicaciones.

Hace tiempo que insisto, quizá demasiado para la fracturada paciencia del lector, acerca de lo mal que se redactan las leyes en Uruguay. Por varias razones: falta de consulta y discusión suficiente, escritura gramatical y semánticamente despellejada y base conceptual con grietas donde puede colarse un paquidermo.

Es curioso, ya que Uruguay ostenta, y hasta con cierto orgullo, la condición de ser uno de los países con legislación más abundante y abarcadora.

Pero lo que no está bien, no lo está y punto. De ahí arrancan problemas que, luego, se convierten en espantosos cuellos de botella.

Ha ocurrido otra vez, lo siento.

La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Abreviación de Juicios Laborales, basándose esencialmente en dos de sus artículos, sustantivos del texto aprobado por el Parlamento.

¿Y ahora?

Nadie discute la necesidad de la norma, ni la justicia de que las reclamaciones de los trabajadores sean resueltas en términos más breves. ¿Quién de nosotros, lector, no ha padecido las demoras de los juzgados para saber qué pasa con lo que uno cree es el desconocimiento de sus derechos?

La declaración de la Suprema Corte de Justicia devuelve la pelota al medio de la cancha y habrá que empezar de nuevo.

¿Cuándo comprenderán los parlamentarios que su función esencial es legislar sin errores, sin empujones aceptados por simpatía con alguna corporación, sin dejar de lado no sólo el estudio de cada cuestión y el contraste de opiniones sino, ah, pequeña maravilla que se ignora por incapacidad, las consultas imprescindibles con los especialistas?

Si lo hubiesen hecho en este caso, no estaríamos con semejante preocupación sobre las espaldas de quienes se quiso proteger.

En fin. He resuelto, por ahora, refugiarme en aquel proverbio afgano tan sabio: Es mejor no saber cómo se hacen las salchichas ni las leyes.