CORTARLA Y PUENTEAR

Luego de los encuentros de Olivos y Anchorena que sucedieron al fallo de La Haya, el principal obstáculo para avanzar en la medición y control efectivo del estado medioambiental de la cuenca del río Uruguay y del entorno de las ciudades de Gualeguaychú y Fray Bentos, resulta paradójicamente el interminable corte «ecologista» de arroyo verde.

Hasta el momento, las miradas y reproches se concentran en todos los actores nacionales o internacionales con excepción de uno: la planta finlandesa que de este modo goza de una irrestricta libertad de acción y resulta la única beneficiaria del actual empantanamiento del conflicto y la consecuente parálisis en materia de colaboración e integración binacional. La ex Botnia habrá cambiado el nombre, pero no las mañas amparadas tras el embozo que viste de carácter supuestamente «nacional» sus intereses pecuniarios. Mientras todos pierden, aquí y allá, ella gana. No será la primera ni la última oportunidad en la historia en que bajo distracción chauvinista se incube el huevo de la serpiente privada, ni tampoco que aletargue proyectos en común. Más distante aún está la posibilidad del indispensable balance escrupuloso de toda esta dilatada movida político­productiva para la zona y la región, iniciada por la gestión derechista del ex presidente uruguayo Batlle.

Entre las decisiones políticas adoptadas por el matrimonio Kirchner en sendas presidencias, resulta un acierto encomiable haberse privado, a partir de cierto momento, de intervención represiva directa en los conflictos sociales. Sobre todo desde el giro del presidente argentino, quién luego de una sangrienta represión a una protesta de vendedores ambulantes frente a la legislatura porteña, ordenó al Ministerio del Interior desarmar la primera línea de la Policía y mantener un rol preventivo y disuasivo. Aunque con algunas tensiones y desobediencias de los aparatos represivos, esta línea parece mantenerse y profundizarse prudentemente, aunque en ocasiones resulte difícil verificarlo por el carácter difuso de la separación de poderes en la débil institucionalización del país.

Descreo en cualquier caso que se deba a razones de principios. Por el contrario, esta fracción política argentina hoy hegemónica, opera con un altísimo nivel de pragmatismo en la consecución del propósito de reproducción ampliada de su propio poder. Es una burocracia de muy acotada en magnitud que toma decisiones al resguardo de paredes y exigencias éticas. Pero debe haber tomado debida nota del costo político de la coerción sangrienta que costó las cabezas de pretéritos presidentes como De la Rua o Duhalde. Consciente a la vez de encarnar la única opción (aún tenuemente) progresista de hecho, por la incapacidad recurrente de construcción de alternativas de izquierda en el país, se puede ahorrar debates principistas, programáticos o las arduas complejidades de construcciones colectivas y de su indispensable institucionalización. El hecho de que obedezca a cálculos de ocasión no modifica el carácter defendible y apoyable de la decisión de abstención represiva, aunque obliga a estar atentos a posibles cambios en las condiciones empíricas que la generan.

En cualquier caso, no debería perderse de vista el hecho de que el horizonte de la gestión argentina es estrechamente nacional y cortoplacista como para confiar en que provea una salida estratégica a las cuestiones centrales a defender y desarrollar, desde el medio ambiente al desarrollo y bienestar de los pobladores de la zona, cualquiera sea la orilla. Mucho menos aún sin una decidida colaboración de la izquierda uruguaya ya que mutuamente son aliados necesarios, únicos y excluyentes. Ni unos ni otros encontrarán otros actores posibles con quienes entablar lazos de colaboración en cualquiera de las orillas.

Pero, a riesgo de ser reiterativo, al gobierno argentino le importa esencialmente la relación interna de fuerzas que en este caso en particular confronta al kirchnerismo con dos bloques desiguales aunque muy específicos de acción política y conformación de la opinión pública. Por un lado, la llamada oposición que agrupa a un amplio espectro de la derecha política y económica, multicefálica y visceralmente refractaria a toda conquista social, y por otro la pequeña aunque ruidosa asamblea ambiental de la también pequeña ciudad de Gualeguaychú, magnificada por los primeros como simple ariete de confrontación con el gobierno. El hecho de que algunos integrantes compartan ambos bloques no debería llevar a confundirlos, aunque converjan hoy tácticamente en la absurda demanda de represión, como lo señala agudamente el periodista Luis Bruschtein en la edición de ayer del matutino «Página 12″.

La derecha clásica criticará a la presidenta por haber apoyado antiguamente a los asambleístas, al punto de convertir el problema en «causa nacional», y también por negarse a reprimir. Para la derecha la represión de toda lucha es siempre una cuestión de honor. Los asambleístas porque necesitarían de esa represión para refortalecer las razones de una medida de fuerza cuya simpatía y razonabilidad languidece y para transferir el costo político al gobierno, liberando a sus principales responsables. De lo contrario cada vez más corren el riesgo de enfrentar la violencia de una proporción de las poblaciones locales a ambas márgenes del río seriamente perjudicadas con el corte. Para la derecha es un gobierno impotente y para la asamblea un gobierno cómplice y represivo, pero no tanto como para victimizarla y renutrirla cohesionando tras de sí a los ciudadanos.

Por eso llama la atención la decisión de la presidenta Fernández de querellar a algunos asambleístas ya que bordea peligrosamente el cuestionamiento de la línea trazada, además de ser de muy dudosa efectividad. Porque lo hizo además de un modo algo vidrioso y desusado ya que firmó un decreto para que la Justicia de Concepción del Uruguay admita al gobierno como querellante contra los asambleístas de Gualeguaychú y se pueda proceder supuestamente al desalojo del corte. Insólitamente habilitó al procurador general del Tesoro, Joaquín Da Rocha, para que haga la presentación correspondiente ante el juez federal subrogante Gustavo Pimentel. Pero si algo venía sufriendo una derrota estrepitosa en el conflicto es la política, es decir, la posibilidad de construir una salida colectiva con apoyo político y social mayoritario. La judicialización no es sino una nueva batalla perdida de esta ruidosa confrontación ya dirimida judicialmente en trazos gruesos por la Corte Internacional, a instancia de todos los actores en juego. De lo contrario, no se hubieran cifrado expectativas en el fallo, al punto de concentrar la atención como para una televisación en directo seguida hasta en el propio campamento del piquete en tiempo real.

Ninguna lucha puede ser un fin en sí mismo salvo para una izquierda teológica que crea que ésta confiere osmóticamente una virtud iluminadora de las conciencias y las voluntades y reveladora de la fe en la emancipación humana. Lamentablemente la liberación política es más compleja que la religión y más dependiente de la razón que los sacrificios. Contrariamente es sólo un medio, bastante costoso y desgastante por cierto, cuya finalidad en este caso es la defensa del medio ambiente y la futura gestión colectiva del patrimonio natural común. Tampoco es un fin el funcionamiento de pastera alguna, menos aún cuando el balance de costos y beneficios globales está invisibilizado por las lisonjas patrioteras, la ausencia de cálculo y la emotividad. Nada de principios se juega en el corte, o en la defensa de una inversión productiva, sea o no contaminante.

No es ni sencillo ni aritmético determinar el momento de levantamiento de una medida de lucha para entablar una negociación. Intervienen en ello muchos factores no siempre visibles ni fácilmente conmensurables. Mucho más lo saben y experimentan quienes se forjaron y crecieron luchando como el PIT-CNT o el Frente Ampli
o, sobre la base de pruebas de ensayo-error y de articulación de objetivos inmediatos con otros estratégicos de largo plazo en una perspectiva de transformación social. Que estas fuerzas sociales y políticas orientales hayan estado en un segundo plano hasta ahora, no las releva de un futuro rol de orientación cardinal de la gestión de los intereses populares comunes. Ecológicos, económicos y sociales. Si algún futuro tienen los luchadores de Gualeguaychú será mirando más a Montevideo que a Buenos Aires y escuchando más a Castillo o Pereira que a De Angeli.

Pero eso requiere un corte más importante que el de un puente vehicular: cortar con la derecha argentina para tender un puente político y social con el cambio al otro lado del río.

|*| Profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires, escritor, ex decano. cafassi@sociales.uba.ar