Palabrerío

De palabra en palabra, ahí saltan, mientras hurgan en el idioma y en textos académicos, quienes quieren, con toda razón, que el país se saque de encima la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.

Esa ley es inconstitucional, según lo ha ido dictaminando, en unas sentencias sucesivas referidas a hechos puntuales, la Suprema Corte de Justicia.

Sin embargo, parece haber la necesidad, de difícil explicación racional, de zambullirse en el palabrerío para hallar el vocablo milagroso que conduzca al fin buscado y no se estrelle en una consulta plebiscitaria.

Ahora hay en redacción tres proyectos legislativos dirigidos a lograr la desaparición de la Ley de Caducidad. ¿Cómo? Declarándola «inexistente».

Según la Constitución, esta ley puede ser derogada por el Parlamento. También podría ser anulada, de acuerdo, al menos, a la opinión de algunos especialistas que me merecen altísimo respeto. Incluso, otros creen en la hipótesis de que la Corte, si hay un pedido expreso de algún otro Poder del Estado, la declarará, al margen de los pronunciamientos de hoy, basados en el caso a caso, total y definitivamente inconstitucional.

Tengo la incómoda sensación de que gente cuya opinión acerca de la ley comparto se ha enredado en palabras, impelida desesperadamente por los reiterados fracasos anteriores de lograr su implosión. Es un riesgo porque es, casi, como la última palabra del credo, la menos importante aunque parezca útil.

Su ansiedad les está conduciendo al uso de vocablos de oráculo, que forman una respuesta anfibológica, o sea a la que es posible dar más de una interpretación, al modo de un disfraz de lo que realmente se quiere decir. Introduciéndonos en la vulgaridad, uno lo compararía con el juego de la mosqueta.

Qué sé yo. No estoy en condiciones de dar consejos a nadie. Sólo se me antoja poco constructivo este nuevo trayecto iniciado.

Salvo que se trate de Ruedita, quien es maestro en remojarse en palabras.