Información

La libertad de información, que hace a la esencia de la democracia, no ha de aceptar límites.

Otra cosa es la responsabilidad con que cada medio noticia acerca de hechos cuyas características, que suponen riesgos personales o institucionales, merecen un trato cuidadoso, sabio, a fin de contribuir al objetivo superior buscado.

El secuestro de un notorio empresario, que concluyó felizmente con su liberación, abrió un debate que cayó en prejuicios y simplificaciones.

Una vez más seduce la caza del mensajero.

Se dice que hubo medios que manejaron el hecho de un modo que puso en peligro la investigación policial y la propia vida del secuestrado. El consenso fue tan claro como equivocado: ciertas informaciones no deberían divulgarse mientras puedan contribuir a que un caso, excepcional, termine en una tragedia.

Jamás ha ocurrido así. No hay prueba sostenible que lo respalde.

Ahora bien, si hablamos de responsabilidad, se equivoca el que cree que los periodistas estamos exentos de las normas, civiles o penales, establecidas por las leyes y la Constitución. Si se prueba que hemos violado alguna, habremos de visitar, igual a cualquier ciudadano, las sedes judiciales sometidos a las consecuencias.

Estoy persuadido de que la mayoría de los periodistas cumplimos a cabalidad, con obvios matices, nuestra tarea. Descreo de la mala intención.

Acaso haya trampas en que algunos caen y que los dejan pisando el borde de la ética; sin embargo, qué curioso, esas trampas están en datos ­y en la ansiedad enfermiza de divulgarlos, eso sí­ que proporcionan fuentes que se decide admitir, casi siempre surgidas de la mismísima Policía y de la mismísima Justicia. Y existe además, cómo no, una tendencia a la espectacularidad exhibicionista, más en televisión, vergonzosa.

Es sobre eso que habría que reflexionar para hacer correcciones necesarias.

Pero un Estado democrático no puede siquiera sugerir limitaciones a la libertad de información.