ESTADO Y DEMOCRACIA DE CIUDADANIA (II)

En notas anteriores hemos reseñado conceptos centrales de un documento de la OEA y el PNUD denominado Democracia de ciudadanía que refleja puntos de vista similares a nuestros planteos de los últimos tiempos. El papel del Estado es vital para alcanzar los objetivos centrales de la democracia como la ampliación y extensión de los derechos civiles, políticos y sociales de los ciudadanos. Pero el neoliberalismo, que buscaba minimizar la acción estatal, porque el mercado y el sector privado estaban en condiciones de cumplir con estos objetivos de la democracia de ciudadanía, se ha debilitado pero no ha muerto. Y hay visiones completamente distintas. Así lo marca el documento de la OEA-PNUD: «La pérdida de la capacidad estatal fue el resultado de la combinación del anacronismo del viejo Estado latinoamericano con la visión sobre su reforma inaugurada a partir de los años ochenta. La idea que ha dominado las políticas públicas durante las últimas décadas ha sido, por lo tanto, que el achicamiento al Estado era una condición necesaria para el desarrollo económico e indispensable para restablecer unas finanzas públicas sanas. Contrastando con esa idea, creemos que la construcción estatal en el escenario de postransición debe centrarse en las capacidades que incrementen su eficiencia y su eficacia, es decir, en la profesionalización del servicio civil, en la modernización de las organizaciones burocráticas y en el fortalecimiento del poder político necesario para que las funciones y objetivos definidos por las sociedades no sean meras aspiraciones sino proyectos con posibilidades reales de aplicación».

Las características del poder que tiene que alcanzar el Estado las hemos analizado en notas anteriores. Nos interesan los puntos de vista sobre la dimensión, funciones y capacidad del Estado para cumplir los objetivos de la democracia de ciudadanía. Sobre la dimensión el documento de la OEA ­PNUD expresa: «Por las dimensiones nos referimos a la presencia cuantitativa del Estado en una sociedad como, por ejemplo, el porcentaje de gasto o ingresos sobre PIB y el número de funcionarios. Desde este punto de vista los niveles de gasto público no parecen excesivos para los patrones internacionales». El documento muestra un gráfico que compara a América Latina con el conjunto de los países de la OCDE (los países más desarrollados). Los ingresos sobre el PBI muestran a América Latina con el 23,2% mientras que para los países de la OCDE alcanza al 42,2%. Para el gasto total América Latina alcanza 24,8% mientras que los países de la OCDE llegan al 44%. Esta comparación es suficientemente ilustrativa para mostrar que la región no tiene una presión tributaria tan alta que pueda afectar los niveles de inversión ni gastos excesivos que puedan afectar los requerimientos del mercado y del sector privado. América Latina ha realizado un gran esfuerzo por alcanzar metas de equilibrios macroeconómicos, especialmente por limitar los déficits del sector público. En el caso del gobierno del Frente Amplio vale la pena un análisis exhaustivo, que no es el objeto de esta nota, sobre la evolución de los ingresos y el gasto público y analizar su comparación con el conjunto de la región y especialmente con los países de la OCDE. Desde el punto de vista del déficit fiscal, corresponde señalar que no hay elementos empíricos que demuestren que el déficit del sector público es el factor central de los procesos inflacionarios, como muchas veces plantean los economistas ortodoxos y los organismos financieros internacionales. Las causas de la inflación hay que estudiarlas caso por caso y coyuntura por coyuntura, porque pueden ser el reflejo de múltiples factores no vinculados a la existencia de déficits o inclusive con independencia de la política monetaria. Seguramente Uruguay tiene margen para ampliar sus ingresos fiscales sin comprometer los necesarios e imprescindibles niveles de inversión privada. La propia reforma tributaria con el impuesto a la renta dual también tiene margen para alcanzar una mayor equidad. El gasto es un elemento clave para mejorar la distribución del ingreso y atender las condiciones sociales de los más necesitados. Lo importante es que en la política fiscal no predominen los criterios financieros sobre los requerimientos sociales contemplando los necesarios equilibrios. Para Uruguay hay margen de maniobra de mejorar la dimensión del Estado.

Sobre las funciones del Estado, extraemos del documento de la OEA-PNUD las centrales que a nuestro criterio pasan por la defensa, justicia y orden; protección a los pobres y distribución del ingreso; salud pública, educación, vivienda, medio ambiente y seguridad social; políticas activas sobre estrategia de crecimiento, empleo, fomento tecnológico, regulación de los mercados y macroeconomía. Este es un tema central de las relaciones Estado- mercado. Para nosotros es necesario tanto mercado como sea posible, pero sobretodo, tanto Estado como sea necesario. La intervención del Estado es imprescindible para asegurar el crecimiento y especialmente el contenido de dicho crecimiento, la resolución de los problemas del empleo, tanto la desocupación abierta, el subempleo, la precariedad y la informalidad y por supuesto, para avanzar hacia mejoras sustantivas de la distribución del ingreso uno de los grandes desafíos de las democracias latinoamericanas.

Sobre las capacidades el documento OEA-PNUD expresa los requerimientos necesarios para la formulación de las políticas públicas, capacidad burocrática para ejecutarlas y el poder político para aplicarlas, sin excepciones. Explicita el documento: «Las reformas de la administración pública requieren incrementar la eficiencia y la calidad del servicio público. Con el creciente papel del sector público en las economías latinoamericanas, el imperativo de eficiencia es cada vez más necesario. Con excepción de las cancillerías (en unos países) y los ministerios de Hacienda y los bancos centrales, la profesionalización del servicio civil es, en general, muy baja en la región. Coexisten, más bien, formación profesional insuficiente, ausencia de meritocracia y un fuerte clientelismo. En suma, nos enfrentamos en el tema estatal con una condición necesaria del funcionamiento .Un Estado sin poder convierte a la democracia en un fenómeno creciente ajeno a los ciudadanos. Un Estado ineficiente malgasta los recursos públicos y no logra, más allá del poder con el que cuenta el Estado, que las políticas públicas se ejecuten y aumenten el bienestar ciudadano».

|*| Senador por la 609-FA. Economista