LA DEMOCRACIA DE CIUDADANIA

En diciembre de 2009 se presentó en Montevideo un documento denominado «La democracia de ciudadanía: Una agenda para la construcción de ciudadanía en América Latina.» Es un trabajo conjunto de la OEA y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y fue dirigido por Dante Caputo y José Antonio Ocampo, dos distinguidos intelectuales de la región.

Es un trabajo muy interesante cuyos principales capítulos son: el marco conceptual, la crisis de representación, los déficits republicanos, la construcción de un Estado para la democracia y tres políticas públicas prioritarias como la reforma tributaria, la integración social y la seguridad pública. En el conjunto del trabajo Uruguay se diferencia nítidamente de la mayoría de los países de la región.

Uruguay tiene una sociedad que valora con elevado puntaje la democracia, que tiene alto nivel de información política, que tiene instituciones fuertes y muy estables, y un sistema político muy civilizado con capacidad de acuerdos. Los partidos políticos de Uruguay son muy antiguos, muy estables y muy disciplinados. Se diferencian de otros países de la región por ser partidos fuertes, con programas electorales con claras propuestas, son muy aceptados por la ciudadanía y por lo tanto tienen mayor nivel de representación que otros partidos de América Latina. Uruguay es el país de la región con menor grado de corrupción.

El documento presenta un cuadro de porcentaje de encuestados que denuncian haber sido instados a pagar sobornos. En el caso de sobornos exigidos por la Policía, Uruguay y Chile presentan los porcentajes más bajos ­2,3%­, siendo el más alto el de México, que alcanza al 22,8% de los encuestados. En el caso de sobornos exigidos por empleados públicos, Chile tiene el porcentaje más bajo, de 1,7%; lo sigue Uruguay con 1,9%, siendo México el más alto con 13,7%.

En el caso de sobornos de carácter municipal el porcentaje más bajo corresponde a Uruguay con 1,8%, lo sigue Chile con 5,6% y en el caso de México alcanza a 24%. En el caso de sobornos judiciales Uruguay alcanza el cero por ciento, Chile el 5,3% y México 25%. En los sobornos en los servicios de salud nuevamente Uruguay es el de menores porcentajes alcanzando 1,4%, Chile tiene el 3% y México llega a 13,7%. Por último, en denuncias de sobornos en instituciones educativas nuevamente Uruguay supera al resto de los países de la región ya que sólo el 1,6% denuncia estas situaciones, mientras que en Chile el 3,5% y México, que siempre es el más alto, el 12,7%.

En cuanto a la construcción de un Estado para la democracia el documento expresa: «No existe régimen democrático sin Estado y no existe democracia plena que no se funde en un Estado que inscriba derechos, que los garantice con sus instituciones y que asegure su provisión mediante sus intervenciones. Si el objetivo central de la democracia es mejorar el bienestar de la ciudadanía, articulando niveles crecientes de libertad e igualdad, el Estado es la llave maestra de acción colectiva para lograrlo». Sobre el papel del Estado el documento afirma: «El desafío actual para la transformación del Estado no consiste, sin embargo, en el debate entre «más o menos Estado».

El objetivo es el desarrollo de un sector público con capacidad de planificación estratégica y con políticas efectivas de educación, salud, seguridad, y de apoyo al crecimiento económico sostenible y al empleo. Los ejes de la renovación estatal son la profesionalización del servicio civil, la modernización de las organizaciones burocráticas y el fortalecimiento del poder político del Estado para que los objetivos definidos mayoritariamente por las sociedades puedan alcanzarse». El tema del poder es absolutamente clave para que el Estado pueda cumplir con sus objetivos centrales.

El documento señala: «Si el poder no está en el Estado (para cumplir las funciones que la sociedad le ha delegado), tanto la legitimidad de origen (la soberanía popular) como la legitimidad de finalidad (la ampliación de la ciudadanía) se ven fuertemente alteradas». En el estudio del PNUD «La democracia en América Latina» en 2004 se preguntó sobre quiénes ejercen poder en América Latina a 240 entrevistados seleccionados entre dirigentes políticos y sociales de la región, incluyendo 40 presidentes y vicepresidentes. Los resultados muestran que los poderes fácticos son los que tienen más poder. Los grupos económicos/empresarios/sector financiero tienen 79,7% de menciones. Le siguen los medios de comunicación con el 65,2%. Luego las iglesias con el 43,8% y recién en cuarto lugar un poder formal, el Poder Ejecutivo, con el 36,4%. Luego vienen los sindicatos con el 31%, los partidos políticos con el 29,9%, los poderes ilegales ­mafias, narcotráfico, guerrilla, paramilitares­ con el 26%.

En octavo lugar se menciona a EEUU/embajada norteamericana con el 22,9%, luego las Fuerzas Armadas con el 21,4% y el décimo lugar lo comparten el Poder Legislativo y las organizaciones de la sociedad civil con el 12,8% de menciones.

Estos datos son válidos para América Latina, pero cada país de la región presenta sus propias especificidades y Uruguay se aleja del promedio de la región. Pero sería fundamental avanzar en el tema del poder en Uruguay, tarea esencialmente de investigación para los cientistas sociales. Por ello expresa también el documento de la OEA y el PNUD que «el desbalance de poder entre los miembros de una sociedad requiere de la capacidad regulatoria estatal.

Lograr un razonable equilibrio no se producirá espontáneamente ni lo generarán las fuerzas del mercado». Si el Estado no tiene suficiente poder, cierto grado de autonomía con respecto al poder económico, se limita la capacidad de la democracia para resolver los déficits civiles y sociales.

En el documento del PNUD sobre la democracia se planteaba que un 55% de los latinoamericanos prefería la pérdida de la democracia si les resolvían sus problemas económicos.

En este documento se plantea que un 47,6% de los latinoamericanos tolera un golpe de Estado si se resuelve la inseguridad ciudadana. Resolver todos estos grandes problemas de la región requiere análisis y cambios en la estructura de poder.

|*| Senador por la 609-FA,  economista