¿Si o no?

Desde hace semanas, escurriéndose ruidosamente entre oquedades de la guerra de las patentes, desde diversos ámbitos se afirma, sugiere o supone que hay funcionarios municipales de Montevideo, entre ellos inspectores de tránsito, con vehículos propios matriculados en otros departamentos.

Ignoro si eso es verdad, total o parcialmente, o se trata de una versión empujada con mala intención para que se derrame sobre la ciudadanía y provoque el esparcimiento de una cáustica opinión.

No obstante, incomoda el silencio de la autoridad correspondiente.

Eticamente es feo de una sola pieza, e induce a pensar que lo que se dice es cierto o que a los responsables les importa un comino. Ambas actitudes, aún en la hipótesis, son pueriles, equívocas, dañosas. El funcionario público debe ser y parecer, estrangulando el mínimo resquicio donde puedan florecer la duda o la sospecha.

Ahora que se firmará un protocolo, con seguridades jurídicas y policiales, para que los inspectores de tránsito fiscalicen los vehículos supuestamente en infracción, sería inescrupuloso, poco menos que un desfallecimiento moral, que algunos de los controladores fuesen, al mismo tiempo, violadores de la ley nacional de tránsito defendida por la mayoría de los jefes comunales.

Tengo la certeza de que a los contribuyentes nos vendría de perillas que el próximo intendente capitalino quitase del medio tanto polvo molesto y desagradable.

Para quienes pagamos los impuestos que sostienen la paquidérmica estructura municipal, al margen de matices partidarios o sectoriales, que es decir al margen de la política, es relevante que se ubique a la transparencia como un valor impar.

Por eso hay necesidad de un pronunciamiento.

Sería el colmo que sólo se estuviese ganando tiempo, y sé que esto exhala un tufillo de especulación quizás excesiva, para que unos cuantos cambien las chapas sin la nalgada del escarnio público por su astuto desprecio de la norma establecida.