EL PAIS INTELIGENTE

En la nota anterior sintetizamos los aspectos más relevantes referidos a la Ciencia, Tecnología y la Innovación (C,T&I) del período 1985-2004. En la primera década y asociado con importantes innovaciones institucionales, se instaló una aceptable infraestructura científica, fundamentalmente en áreas básicas y agropecuarias, e inició la formación de nuevo capital humano, siendo el proceso liderado por la pequeña y activa comunidad científica. Hacia fin de siglo, ese modelo de construcción de «oferta» científica mostraba limitaciones y los intentos desde los sectores más dinámicos de la «oferta» por articular capacidades instaladas con problemáticas productivas reales, chocaban con la escasa conducta innovadora y de propensión al riesgo del empresariado nacional. Desde la conducción del Estado se reclamaba aplicabilidad de los conocimientos generados pero se renunciaba tanto a tener un rol proactivo al respecto como a ser demandante de innovaciones.

La crisis de 2002 pateó el tablero y algunas convicciones comenzaran a emerger: los temas de C,T&I no pueden ser exclusivos de científicos y claustros universitarios, son demasiado importantes para el futuro de la sociedad en su conjunto, y por tanto los trascienden. En la propia izquierda, caja de resonancia permanente de los reclamos de científicos, fue madurando una conceptualización más global: la C,T&I dejaba de ser considerado un área vinculada al «presupuesto universitario» para transformarse en un pilar del proyecto nacional a construir y sobre la cual había que ponerle foco desde una política pública específica.

 

«De los mundos que se hicieron, en el tercero nací»

Es así que, sustentados en una serie de encuentros y documentos elaborados durante 2003 y 2004, se llega al programa que el Frente Amplio levanta como alternativa de cambio que, por un lado, reconoce unas serie de debilidades, y por otro, establece líneas de acción para superar y utilizar el conocimiento para encarar la imprescindible transformación productiva, una vez resuelta la emergencia social provocada la crisis de 2002.

Las debilidades que debería comenzar a enfrentar el primer gobierno de izquierda pueden sintetizarse en cinco grandes aspectos.

En primer lugar, una fuerte fragmentación y descoordinación institucional, que denominamos «archipiélago», conformado por múltiples instituciones y programas básicamente públicos, con potencialidades y fortalezas técnicas pero también con grandes carencias, y sin planificación ni rumbo estratégico, que conlleva ineficiencia en el gasto y desatención de áreas vitales para la economía y la sociedad. Reconociendo esta realidad, derivada de las fases anteriores, la plataforma del FA postulaba crear «un diseño institucional favorable a la innovación que comprenda políticas proactivas y de coordinación entre las instituciones públicas y privadas en el marco de un Sistema Nacional de Innovación».

En segundo término una muy baja inversión en actividades de Ciencia y Tecnología. Casi siempre inferior al 0,3% del PBI, dos tercios de ella de origen público y altamente dependiente de cíclicos financiamiento externos, se situaba lejos del 1%, considerado como mínimo para iniciar un desarrollo económico sustentado en el conocimiento. En la Unión Europea, el porcentaje promedia el 2% y en Japón y Estados Unidos el 3%, siendo mayoritario el aporte privado.

 

«Ya sabemos que la mente fuerte, más difícil muere»

Como tercer aspecto tenemos un bloque de reconocidas debilidades en el capital humano formado: a) comunidad de investigadores muy reducida, uno por mil de la población económicamente activa, y con escasa participación del sector privado; b) cantidad limitada de posgrados nacionales, con dificultades para lograr o mantener niveles de excelencia; c) severas carencias en formación terciaria no universitaria y en la preparación de personal técnico calificado; d) serias deficiencias en educación secundaria pública, con repercusión en la formación de ingreso a la terciaria, así como temprana y alta deserción del sistema; y e) limitadas capacidades de gestión científicas y tecnológicas, con incidencia tanto en la esfera pública como privada.

En cuarto lugar, la escasa demanda de ciencia y tecnología proveniente del empresariado nacional. Encuestas realizadas, tanto previo como posterior a 2002, muestran esa baja conducta innovadora ­menos de un tercio de las empresas la tienen, con heterogeneidades según sector de actividad­, siendo un fenómeno estructural, que como tal debe ser considerado, explicado por la trayectoria de especialización productiva y comercial de bajo ritmo de cambio tecnológico prevaleciente en nuestra industria.

 

«Yo voy a elegir la letra «o», seré el primer oriental desertor»

Finalmente, y subyacente a las otras, se encuentra la inexistencia de un plan director de Investigación e Innovación, que impulsado desde el gobierno favoreciera la articulación público­privada y el desarrollo de redes de innovación de modo de superar tanto la débil aplicación productiva de los conocimientos generados como la insuficiente generación de conocimientos orientados a resolver problemas locales y/o sociales. El documento Cientis de fines de 2003, expresa acertadamente «se ha creído que el desarrollo y las conductas innovadoras son el resultado natural de determinadas estructuras del mercado. Cuando la innovación no es una práctica que se genera de forma espontánea, se deben buscar mecanismos que la promuevan y esta búsqueda se debe transformar en un objetivo central de la política de Estado. Nuestro Estado, que debería haber llevado adelante una actitud proactiva, ha sido desertor».

 

«Lo mismo es errarle a la salida, que a la llegada»

Teniendo en cuenta el diagnóstico de situación, el gobierno comenzó a actuar creando el Gabinete Ministerial de la Innovación (GMI), integrado por los ministros de Educación, de Ganadería, de Industria y de Economía y por el director de la OPP. El GMI acordó lineamientos estratégicos, definió un conjunto de áreas prioritarias y designó un Equipo Operativo para trabajar en tres ejes simultáneos: 1) rediseño institucional y su puesta en acción; 2) elaboración político-estratégica hacia el primer plan estratégico nacional; y 3) obtención y maximización de recursos financieros para concretar la política definida.

El rediseño institucional quedó expresado en la ley 18.084 de fines de 2006, que confiere al GMI rango legal y otorga el rol central en la fijación de lineamientos político­estratégicos. La norma establece cometidos y competencias a otros dos relevantes actores: la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), brazo operativo de las políticas públicas y las prioridades del Poder Ejecutivo; y el Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (Conicyt) que, ampliado y revitalizado, actúa como órgano de consulta y asesoramiento del sistema.

En relación al soporte financiero incremental se trabajó complementariamente. Se aprobaron recursos presupuestales, así como estímulos específicos al sector privado, derivados de las reformas tributarias y exenciones fiscales a inversiones productivas innovadoras. Además, fondos incrementales gestionados ante organismos multilaterales de créditos y entidades de cooperación internacional fueron canalizados para apalancar la política pública. A la fecha puede decirse que la inversión pública en actividades de ciencia y tecnología se incrementó fuertemente, pasando de 36 millones de dólares en 2005 a más de 102 millones en 2008.

En lo que respecta a las definiciones político­estratégicas, el GMI inicialmente identificó sectores prioritarios y luego financió consultorías de técnicos independientes para avanzar y profundizar en los mismos. En mayo de 2009, el GMI presentó públicamente las Bases y Principales Lineamientos del Pencti, y las envió para su análisis y opinión por parte del Co
nicyt, como establece la ley. Recibidos los aportes, hacia fin de año, un documento final donde se establecen aspectos orientativos para una estrategia de mediano y largo plazo, estaba siendo considerado.

Sobre estos tres ejes, que representan un punto de inflexión fundamental en lo que refiere a C,T&I, que podríamos denominar como tercera fase, la de construcción de una política de Estado en nuestro país, avanzaremos en próximas notas.

|*| Vicepresidente de ANII y coordinador del SNI, [email protected]