DE LA EMERGENCIA A LA EQUIDAD

Los componentes estructurales de la matriz de protección social y de la red de asistencia e integración social construida en los últimos años en el país son desarrollados en una reciente publicación.

«De la Emergencia a la Equidad. Las políticas sociales del Gobierno Nacional (2005­2009)», editado en octubre pasado por Uruguay Social­Consejo Nacional de Políticas Sociales, da cuenta de manera exhaustiva de lo realizado desde 2005 en las áreas a las que alude el título. La cuidada edición con un texto preciso y ordenado en tres capítulos, precedidos por la caracterización del «Marco general», utiliza numerosos cuadros y gráficos.

El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (Cncps), responsable del informe, está integrado por Christian Mirza (presidente), Daniel Mesa (MEF), Luis Garibaldi (MEC), Ma. Ivonne Pandiani (MTSS), Miguel Fernández Galeano (MSP), Ernesto Irureta (MTD), Carmen Terra (Mvotma) y Rodrigo Arim (OPP). Los organismos e instituciones invitadas han sido representadas por Lilián D’Elía (ANEP), Heber Galli (BPS), Walter Malet (Congreso de Intendentes), Jorge Ferrando (INAU) y Alicia Melgar (INE). Asimismo ha trabajado un Equipo Técnico.

En la Introducción se plantean los objetivos generales que se trazaron en el gobierno presidido por el doctor Tabaré Vázquez, que se propuso invertir, mejorar y ampliar la provisión pública social, en pos de disminuir la pobreza, controlar y revertir los niveles de desigualdad social y mejorar las condiciones de vida de la población. Para ello se impulsaron una serie de reformas y nuevos programas, que abarcan el campo de la salud, el mercado laboral en pos de mejorar los instrumentos salariales y las condiciones de trabajo, la inversión educativa y la promoción de iniciativas para el rendimiento estudiantil; programas para construir una «malla moderna de asistencia articulada con el resto de las prestaciones del sistema de bienestar, con capacidad de reordenar y potenciar la multiplicidad de propuestas aisladas, localizadas dispersamente en distintos organismos públicos de la Administración Central», según indica el texto.

Se destaca el rol estratégico del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) ­creado en este período­ para el cumplimiento de los nuevos parámetros de protección y articulación de las líneas de acción del Consejo Nacional de Políticas Sociales. La publicación señala que la Reforma Tributaria, aunque no pueda ser calificada como una medida de carácter estrictamente social, «ha tenido impactos positivos en relación a la distribución de bienestar».

Además de la creación del Mides, se introdujeron importantes modificaciones en la gestión de las políticas sociales, instalando ámbitos de participación de la ciudadanía, fortaleciendo la democracia, aportando al diseño e implementación de las políticas públicas. Se advierte que queda mucho por hacer, pero «es imprescindible reconocer que se hizo un serio esfuerzo en el campo social a favor de los trabajadores, de las mujeres, de los niños, de jubilados y pensionistas y en particular de aquellos sectores sociales en situación de pobreza, exclusión y vulnerabilidad socioeconómica».

 

Marco general

El informe sostiene que al asumir la actual administración había «un contexto de vulnerabilidad social extendida y desajuste organizativo de la esfera pública para llevar a cabo intervenciones eficientes y eficaces» en el abordaje de «las acuciantes problemáticas sociales». Por consiguiente, era «imprescindible atender las emergencias de corto plazo y simultáneamente iniciar un proceso de rediseño estructural de la matriz de protección». O sea, «pasar de la emergencia a la equidad como estrategias articuladas una con la otra».

Se trabajó con un nuevo plan para: a) construir un sistema de seguridad social capaz de proteger a los ciudadanos y a los hogares incorporados al mercado de trabajo formal; b) regular la provisión privada y pública de bienes sociales asegurando la calidad de los servicios; c) construir una Red de Asistencia Social de naturaleza «no contributiva», para amparar a los sectores con mayor vulnerabilidad y que cuentan con menos oportunidades de incorporarse al mercado de trabajo, articulada con el sistema de seguridad social y el conjunto de las políticas universales básicas.

Quedó demostrado que «no es necesario recorrer el camino de la desregulación para fomentar la inversión privada y crear nuevos puestos de trabajo». En conclusión, «el conjunto de políticas sociales (desde el Plan de Emergencia hasta el Plan de Equidad) que implicaron el aumento del gasto en educación, la reforma de la salud, la nueva red de protección e integración social, el fomento a la formalización laboral y algunos cambios significativos en la seguridad social evidenciaron su plausible articulación con las políticas económicas».

 

Articulación de objetivos y coordinación interinstitucional

Había una idea generalizada al inicio del actual gobierno de que las políticas sociales en nuestro país «adolecían de severos problemas de coordinación y articulación interinstitucional de las políticas sociales», por lo que fue necesaria una profunda reestructura que dio lugar a la creación del Gabinete Social y el Cncps. Ello permitió abrir una nueva etapa de elaboración, ejecución y seguimiento de las políticas sociales, sentándose las bases de un trabajo articulado, con objetivos comunes y sentido territorial. El Gabinete Social ­integrado por los ministros de Desarrollo Social; Economía y Finanzas; Educación y Cultura; Trabajo y Seguridad Social; Salud Pública; Turismo y Deporte, y Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y, como invitado permanente, el presidente del Congreso de Intendentes­ asesora y propone planes, programas y proyectos de carácter social. El Cncps se encarga de la instrumentación y ejecución de acuerdos y resoluciones del Gabinete Social.

Bajo el subtítulo «Enfoque territorial», el informe expresa que la articulación territorial de las políticas sociales adquiere un rol crucial, no solo para la implementación sino también para lograr resultados e involucrar a los actores locales con las políticas nacionales.

La «Participación social», señala el informe, «constituyó un lineamiento orientador de los distintos procesos de reforma y de elaboración de políticas». Esa participación se promovió a través de diversos mecanismos, incluyendo la consulta a los distintos actores para la elaboración de los planes gubernamentales. Los agentes colectivos fueron incorporados no solo en las instancias de diseño y formulación de las políticas sino también en instancias permanentes de consulta y ejecución».

En cuanto al «Monitoreo y evaluación permanente de las políticas implementadas», el sistema permitirá: facilitar la inclusión de ciudadanos en los nuevos programas, mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos incluidos en los diferentes programas, realizar la gestión de cada programa con mayor eficiencia, posibilitar la generación de indicadores sociales que permitan evaluar y monitorear las políticas desde un nivel local a un nivel nacional.

El material marca la «prioridad hacia la infancia y adolescencia», «los adultos mayores», el «enfoque de género», que al igual que el «enfoque racial y combate a todas las formas de discriminación social» constituyen áreas de trabajo relevantes.

 

Gasto público y equidad

En resumen, los lineamientos de políticas sociales de la actual administración se orientan a mejorar la construcción de una sociedad más equitativa. El Panes ha sido una respuesta para detener y revertir los procesos de fragmentación y vulnerabilidad extrema, agravados por la crisis de 2002. Los impactos de corto plazo determinaron la reducción de la pobreza y el alivio de las condiciones materiales de extrema pobreza. Se impulsaron reformas estructurales para garantizar n
iveles de acceso universal y protección de derechos sociales básicos. No solo se mejoró la inversión y eficacia del gasto público social, sino también en la búsqueda de un mecanismo más equitativo de financiamiento a través de una Reforma Tributaria progresiva. La elaboración de políticas fue impulsada desde la construcción de espacios de participación y diálogo social, como los Consejos de Salarios, y abriendo otros nuevos, como el Debate Educativo o el Diálogo Nacional de Seguridad Social.

En suma, estamos ante la presentación de una sólida concepción del tratamiento de la equidad, no en base a voluntarismo ni a criterios simplistas y demagógicos, a los que a veces se ha apelado por quienes no han trabajado realmente en torno a la problemática social, sino a la fundamentación argumentada y a la puesta en práctica de una nueva y efectiva manera de abordarla.

|*| Diputado de AU-FA