Justicia

Mary Lizcano es una mujer que vivió hasta hace tres años en condiciones de extrema violencia familiar, impuesta por un padre al que llamarle censor, represor o castigador suena casi cariñoso.

En 2006 fue procesada por homicidio especialmente agravado: al salir por enésima vez en defensa de su madre, salvajemente atacada, y poniendo en peligro su propia vida, mató a su padre a balazos. Hace un año, luego de veinte meses presa, un tribunal de apelaciones la exculpó y liberó.

Sus abogados dicen que demandará al Poder Judicial por daños económicos y morales. En realidad, no es lo que más importa, aunque el dinero la ayude a paliar una situación de desposeimiento.

Así vista la sucesión de hechos, que nadie ha desmentido hasta ahora, tamaño anadeo judicial semeja una terca y extendida noche de insomnio que no deja tranquilos ni a los murciélagos de la iglesia del Cordón.

Se ha dicho que los magistrados aplican la ley, pero antes la interpretan. Por lo visto, sus interpretaciones viajan en un tren que, a punto de partirse, se sacude entre las viejas vías.

Está bien, hay garantías: apelaciones y casación ante la Suprema Corte. Sin embargo, ¿qué ciudadano común puede explicar que un mismo hecho sea visto de modos tan distintos por jueces formados para cumplir la misma tarea? ¿No suena loco que la verdad se instale luego de tres años de reclusión de una persona? ¿La causa es la letra de la ley, que convoca las confusiones y estimula sentencias que van de un extremo a otro, por ejemplo del homicidio especialmente agravado a la legítima defensa?

¿El nuevo Código del Proceso Penal resolverá la confusión que conmueve a la sociedad?

Cuando uno advierte casos como el de Mary Lizcano, y trata de analizarlos a través de la razón, le parece estar frente a un rumiante inestable «con voluntad de seudónimo», como diría un premiado escritor español.

Y, sí. Aquí tenemos, mirando hacia al futuro, flor de problema. ¿Se resolverá algún día?