DROGAS: EL FA ENCARA UNA BATALLA DECISIVA

El flagelo de la droga es una de las batallas fundamentales que el país tiene planteadas, y deberá darse desde varios frentes, integrando a la sociedad civil y dándole un tratamiento duro al crimen organizado. El sistema educativo y, en otro orden, la política penitenciaria son protagonistas determinantes en la lucha contra un problema que afecta a los jóvenes y a las familias.

El V Congreso Extraordinario Zelmar Michelini del Frente Amplio (FA) aprobó una moción sobre Políticas Públicas en Drogas que se incorporó al capítulo Uruguay Social, al cual nos referimos en nuestro anterior artículo. La propuesta, que se integra en el subcapítulo Salud Integral, reafirma los Lineamientos sobre Política Pública en Drogas aprobados en el V Congreso Ordinario Líber Seregni, efectuado en diciembre de 2007.

Se plantea «profundizar una estrategia política contra la exclusión social, que ubique el problema drogas como un tema de derechos humanos individuales y colectivos» y también «de responsabilidades individuales y colectivas». Para el FA es necesario instalar un debate nacional sobre drogas en el cual «la conciencia social y jurídica le dé una oportunidad a la tolerancia social y la desregulación consensuada, al tratamiento humano y progresista sobre un fenómeno donde el prohibicionismo y la ‘tolerancia cero’ han mostrado su fracaso». Para ello hay que combatir al gran narcotráfico y delitos conexos desde un Estado que dé respuestas en prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social.

 

Un complejo multicausal

«El estigma y la discriminación son una gravísima lesión que profundiza los costos sociales e individuales asociados al uso problemático y alienta la criminalización de los sectores más desprotegidos de la sociedad», expresa el documento. Hay que incorporar, entre otras, las dimensiones sanitaria, social, económica, jurídico-legal y represiva, relaciones internacionales y mediáticas, ya que se trata de un «complejo multicausal».

Se rechaza el concepto de «guerra de las drogas» en la política exterior de EEUU, que «ha llevado a acciones que generan polémica, rispidez y enfrentamiento con varios países de la región». El documento agrega que «el fundamentalismo de corte moralista que abona esta intervención impide el despliegue de un debate abierto donde se sopesen realmente costos y beneficios sociales y reales sobre la estrategia hemisférica».

Uruguay adhiere en el ámbito internacional al «principio de responsabilidad compartida. Defiende el multilateralismo como el Mecanismo de Evaluación Multilateral de la OEA que incluye la participación de todos los países en las evaluaciones y recomendaciones».

El anexo incorporado al programa aprobado por el V Congreso hace referencia al desafío en materia comunicacional que plantea el tema drogas y convoca a ampliar el debate nacional sobre el mismo.

El FA considera necesario desarrollar las siguientes líneas: fortalecimiento de la Red de Asistencia en Drogas con un enfoque interinstitucional que abarque las redes sociales; refuerzo presupuestal de ASSE enfocado a movilizar recursos genuinos; formación de recursos humanos profesionales y técnicos con criterio interdisciplinario; dispositivos intermedios a nivel local y territorial, de baja exigencia y con un enfoque de reducción de daños y riesgos; prevención en materia drogas, que tiene uno de los pilares fundamentales en el sistema educativo (la movilización de todos los actores del sistema: docentes, trabajadores, estudiantes, madres y padres, directores e inspectores debe apuntar al «reforzamiento de los pilares culturales y no enfocarse únicamente en lo problemático»); fortalecimiento y promoción de programas de prevención laboral; desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social incorporarse a las negociaciones colectivas desde una óptica de salud laboral y de la coparticipación en la construcción de planes preventivos sobre alcohol y otras drogas; fortalecimiento de la Unidad de Asesoramiento Integral creada en la esfera del Departamento de Toxicología-Hospital de Clínicas-PIT-CNT; avanzar en lo que respecta a la Coordinadora Intersectorial para Políticas de Alcohol creada por la Junta Nacional de Drogas (JND); invertir recursos y esfuerzos en el apoyo a una reforma integral del sistema penitenciario.

 

Tratamiento duro del crimen organizado

El Frente Amplio adhiere a «un enfoque de derechos individuales con un fuerte clivaje en los lazos sociales que comprometen a los ciudadanos». El documento expresa que «el crimen organizado que trafica con la miseria y la salud y seguridad pública será objeto de un tratamiento duro, intransigente, donde la transparencia y eficiencia de las fuerzas policiales debe estar apoyada por un mando político claro y preciso».

Para el FA la lucha contra el crimen organizado es un tema policial donde otras agencias represivas cooperan y colaboran con dicho objetivo. El trabajo del Instituto Policial debe coordinar acciones de carácter especializado que deben contar con apoyo político y acciones locales.

Se plantea el fortalecimiento del Convenio de Cooperación de la JND y la Suprema Corte de Justicia. El Fondo de Bienes Decomisados al narcotráfico y delitos de lavado será de alta prioridad para la política de drogas.

Se reafirma a las Juntas Departamentales y Locales de Drogas como espacios de coordinación local de los municipios, las Direcciones Departamentales de los ministerios de la JND, la sociedad civil, las ONG, centros educativos y el INAU.

El programa del Frente Amplio establece que «el refuerzo de las partidas presupuestales para políticas en drogas debe partir de una racionalización y asignación de partidas especiales en los ministerios e instituciones que fortalecen la prevención educativa, laboral y comunitaria».

 

El sistema penitenciario  es una triste terminal

Asimismo se subraya que la situación del sistema penitenciario no puede estar ajena a la problemática de drogas. El sistema penitenciario tiene un alto porcentaje de consumidores problemáticos y ha visto aumentada su población a partir de delitos asociados con drogas. El FA considera que «la causalidad del delito es multifactorial y compleja. El sistema penitenciario es una triste terminal de generaciones de exclusión social y marginación cultural y social que impone una responsabilidad política tendiente a la rehabilitación integral de los hombres y mujeres». El documento asigna especial importancia a este aspecto, incluyendo la situación del personal penitenciario, que «es víctima y protagonista de un sistema perverso que enferma y profundiza la exclusión de todos sus agentes. Un enfoque desde el Estado, significa que la JND sea copartícipe de una reforma integral del sistema donde se conjugue: una política criminal que garantice un criterio de proporcionalidad entre la ofensa y la pena; un repertorio de herramientas preventivas y educativas fundamentalmente con la población primaria; una atención sanitaria integral donde el tratamiento en drogas sea un componente reforzado; dispositivos de prevención y tratamiento de la ETS (Enfermedad de Trasmisión Sexual) y el VIH-sida; la articulación de recursos y acuerdos que permitan efectivizar las penas alternativas a la prisión como una de las herramientas eficientes y eficaces para resolver el problema penitenciario; cooperar con las iniciativas que abonen el camino de transformar y trasladar la administración de las cárceles dentro de un marco institucional vinculado específicamente a los fines de rehabilitación social».

El FA considera que las recomendaciones elaboradas por la Misión de ONUDD (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) para la Evaluación del Sistema Penitenciario en Uruguay con énfasis en el Abordaje del Consumo Problemático de Drogas y VIH/sida, realizadas en virtud de las iniciativas de la Junta Nacional de Drogas, así como el enfoque de la Consultoría del BID encargado por el Ministerio del Interior (M
I), recogidos por la Comisión Asesora Interministerial creada por el presidente Tabaré Vázquez, «son bases de una política de Estado sobre el sistema penitenciario y deben recogerse como tales». Los avances realizados por la JND, el MI y la Dirección de Cárceles, el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) a través de la Red-humanización y las iniciativas con apoyo de ONUDD y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) «deben ser retomadas como política de Estado que resuelva integralmente los problemas del sistema penitenciario».

Finalmente, el documento plantea el impulso a «la creación de comisiones parlamentarias permanentes que realicen un seguimiento del conjunto de políticas públicas en drogas».

|*| Diputado de AU-FA.