PROPUESTAS PARA EL URUGUAY DEMOCRATICO

«Se debe fortalecer el papel del Estado como plataforma de desarrollo y a la vez creador de las condiciones para que éste beneficie al conjunto de la sociedad», expresa el programa del FA. «La construcción del Uruguay entre todos implica la construcción del consenso social, la coherencia con los principios y la modernización del Estado».

Retomamos la reseña de la propuesta programática aprobada por el V Congreso Extraordinario Zelmar Michelini del Frente Amplio (FA), continuando con el capítulo «Uruguay democrático».

Líneas de Perspectiva para el próximo quinquenio (2010/2014)

Se comienza por reconocer lo mucho que se ha hecho, pero también que falta mucho por hacer. «Subsisten conflictos que expresan que los basamentos políticos de los cambios y la construcción de un Uruguay entre todos, no han sido del todo comprendidos ni aprehendidos por el conjunto social», expresa el documento. «El Uruguay democrático antecede al Estado democrático», agrega.

Para el Frente Amplio (FA), «la construcción del Uruguay entre todos implica la construcción del consenso social, la coherencia con los principios y la modernización del Estado».

El FA no debe transferir al gobierno responsabilidades intrínsecas a las organizaciones políticas, así como a la sociedad civil organizada. Al tiempo de afirmar los logros, los frenteamplistas «debemos interrogarnos en forma crítica sobre los desafíos que aún quedan planteados en términos de estrategias a definir o profundizar».

Debe quedar atrás la cultura de la impunidad, que no fue combatida por los gobiernos anteriores, dándose paso a «una cultura en el respeto a los derechos humanos», para lo cual se debe anular la Ley de Caducidad. La búsqueda de toda la verdad y de los restos de los desaparecidos requerirá «una institución dotada de recursos materiales y humanos suficientes». Tenemos «una verdad recortada, porque no se puede recordar lo que resta por saber y porque aún no se ha hecho toda la justicia a la que las víctimas del terrorismo de Estado tienen derecho», afirma el documento del congreso.

De acuerdo con la concepción integral sobre derechos humanos, el FA promoverá «un rescate claro y expreso de la solidaridad» y una nueva ética que «permitan construir una nueva sociedad».

«Se debe fortalecer el papel del Estado como plataforma de desarrollo y a la vez creador de las condiciones para que éste beneficie al conjunto de la sociedad», expresa el programa del FA. Ello será necesario para desarrollar «el potencial productivo del país y la distribución de los recursos con equidad». Un Estado activo, conductor, regulador y participativo, que debe jugar «un papel fundamental en la redistribución de la riqueza».

Se procurará el compromiso de la sociedad con el cambio a través de la participación ciudadana y de las organizaciones representativas de la sociedad civil. «Es enorme el esfuerzo realizado por el gobierno en materia económica, social y productiva», afirma el documento, al tiempo que reconoce aún niveles de segmentación social, fragmentación corporativa y desigualdad.

 

La transformación del Estado

«La transformación democrática del Estado debe asentarse sobre fuertes bases de participación de los trabajadores organizados, y de ciudadanos y usuarios de los servicios públicos». Las reformas de las estructuras estatales «se lograrán con un fuerte apoyo y consenso social». Se plantea «la descentralización del Estado como proceso», que debe involucrar a los gobiernos municipales articulando con el gobierno nacional. Hay que «acercar las oficinas estatales o municipales a la gente. Pero el esfuerzo principal es la gestación de formas de participación social en las políticas públicas».

Se hace hincapié en «la construcción del poder local», y se afirma que para construir una Administración Pública con vocación de servicio hay que incluir al mundo del trabajo. En un nuevo Sistema de Servicio Civil, «la profesionalización de la gestión pública debe entenderse como dirigida y controlada por la política, porque este es un principio democrático». Hay que «preservar la independencia e imparcialidad de la gestión pública».

Para profundizar el proceso iniciado en el 2005, se deberá avanzar en:

1) La racionalización y coordinación de los servicios estatales y de las empresas públicas, así como en la profundización de la coordinación interinstitucional.

2) La adecuación de las estructuras administrativas y de los recursos humanos de los servicios públicos desterrando el burocratismo, implementando los niveles de responsabilidad de decisión. La transformación del Estado debe considerar por igual las estructuras de la Administración Pública y el involucramiento en la gestión de los recursos humanos. Hay que continuar y profundizar la línea del actual gobierno de construcción de un nuevo sistema de carrera. Ello implica seguir profundizando la implementación del Sistema Integrado Retributivo y Ocupacional (SIRO) junto al Sistema de Gestión Humana (SGH). «Debemos seguir impulsando una nueva Ética de la función pública, basada en el servicio público, la rendición de cuentas a la ciudadanía, la transparencia y el ingreso democrático a toda la Administración».

3) La planificación estratégica a mediano y largo plazo y en la construcción de compromisos de gestión, «discutiendo los planes de los organismos con la participación activa de los trabajadores».

4) El fortalecimiento de los cometidos inspectivos y la garantía de los derechos ciudadanos.

5) La construcción de un Sistema de Información que apoye el diseño y desarrollo de políticas públicas. Consolidar la Agencia para el Desarrollo del Gobierno Electrónico y la Sociedad del Conocimiento y la Información (Agesic). Avanzar en el uso de las nuevas herramientas tecnológicas.

6) La capacidad de comunicación, coherente con el Estado que queremos. Esto es, la formulación de líneas de acción claras de unívoca comprensión.

7) La descentralización institucional, incorporando la participación social de modo que permita involucrar al ciudadano. Se deben rediseñar los órganos de control del Estado.

 

El sistema político

«El sistema político debe profundizar el diálogo entre los partidos y de éstos con la sociedad», sostiene el programa. Agrega que «la ley de funcionamiento de los partidos, el acceso de la ciudadanía a toda la información sobre sus financiamientos, el uso equilibrado y equitativo de los medios de comunicación, serán instrumentos imprescindibles de socialización de la política».

 

Propuestas para un Uruguay Democrático

El congreso programático propone fortalecer las estrategias relacionadas con: 1) La profundización de las políticas tendientes al logro de la equidad.

2) El aumento de la seguridad ciudadana, incorporando a la fuerza pública al diseño de una sociedad tolerante, solidaria y comprometida con sus conciudadanos.

3) La igualdad de oportunidades ante la ley y el acceso a la Justicia. Real acceso a la justicia para todos los ciudadanos, sin restricción alguna, como derecho humano esencial.

4) En materia de comunicación, fortalecer los medios de comunicación públicos, generando en el sector privado una efectiva libre competencia.

5) Desarrollar una concepción de los derechos humanos en sentido amplio e integral. Entre las propuestas se incluye la paridad en la representación de mujeres y varones, con el criterio de alternancia, en cargos de decisión política.

6) Crear una estructura institucional con integración gubernamental y no gubernamental para el seguimiento de los grandes temas relativos a los derechos humanos. La exclusión no es solamente económica, también es cultural. Para esta construcción en derechos humanos, es fundamental el aporte de la educación.

7) Proseguir los esfuerzos para erradicar la doctrina de la Seguridad Nacional.

8) El Ordenamiento Territorial es considerado un deber
ineludible de toda sociedad democrática. La democratización de la pertenencia del territorio hace imprescindible generar acciones que reviertan el proceso continuo de extranjerización de la tierra. Para ello serán necesarios: la coordinación interinstitucional; el fortalecimiento institucional de las capacidades de los gobiernos departamentales y locales; el apoyo a las autonomías locales; la construcción de ámbitos de diálogo público-privado; la implementación de espacios de participación social en la toma de decisiones y en la gestión territorial; la elaboración de las Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial; la definición de una nueva institucionalidad para la ordenación y gestión ambiental del territorio; el uso productivo responsable y sostenible del suelo.

Según el congreso, la transformación de la sociedad requiere fomentar la participación de la ciudadanía, que «irá construyendo los consensos imprescindibles sobre la necesidad de un nuevo pacto nacional que diseñe los mismos y remueva los obstáculos que hoy traban el desarrollo». Ello habrá de expresarse en «una nueva Constitución», para lo cual se deberá «convocar una Convención Nacional Constituyente en el primer año de gobierno.»

|*| Diputado de AU-FA.