AVANZAR EN EL URUGUAY DEMOCRATICO

El próximo gobierno del FA continuará el proceso de transformación democrática del Estado y la sociedad uruguaya, iniciado en 2005, sobre la base de una concepción de derechos humanos amplia e integral.

Continuando con esta reseña de la propuesta programática aprobada por el V Congreso Extraordinario Zelmar Michelini del Frente Amplio (FA), analizaremos el capítulo «Uruguay democrático». Este señala que desde el inicio del gobierno encabezado por el presidente Tabaré Vázquez, la concepción democrática de la sociedad y del Estado ha sido una búsqueda permanente y una práctica consecuente.

Para llevar adelante estos cambios se identifican y describen las políticas comprometidas y cumplidas para el quinquenio 2005-2010. Al asumir el gobierno, la desorganización sistemática, la corrupción, las prácticas clientelísticas y la existencia de contradicciones varias eran más profundas de lo que podría esperarse.

El desmantelamiento del Estado, afín a la aplicación del modelo neoliberal, «trajo como consecuencia el empobrecimiento de grandes sectores», exclusión social, mayor dependencia, desarticulación del aparato productivo y eliminación de los mecanismos de regulación de las relaciones laborales. Fue necesario encarar: 1) La transformación democrática del Estado, para lograr transparencia y eficiencia en el ejercicio del gobierno; eficiencia en la gestión del Estado; participación ciudadana y descentralización; 2) Gobernabilidad política y social, apuntando a la jerarquización del Parlamento; democratización de los medios de comunicación y la información; respeto irrestricto a los derechos humanos y su profundización; 3) Reconocimiento y respeto irrestricto del Poder Judicial y su condición independiente; 4) Ordenamiento territorial y protección del medio ambiente a partir del reconocimiento del territorio como un bien único e irreproducible, indispensable para el desarrollo de la vida; la ordenación del territorio para su potenciación sustentable y sostenible y el logro del mejor desarrollo económico, social y cultural.

Estado actual de implementación de los compromisos asumidos durante la campaña electoral de 2004.

El documento del V Congreso pasa revista a los avances concretados en la implementación de las políticas públicas.

1. Transformación democrática del Estado.

El Estado «debe ser controlador, generador, impulsor e inversionista de la economía, así como regulador de la actividad privada», apuntando a un país productivo con justicia social. El Estado «debe ser recuperado para cumplir adecuadamente el rol orientador del desarrollo nacional», expresa el documento. La transformación democrática del Estado se encara en dos grandes capítulos: la descentralización y participación ciudadana, y la modernización de la gestión del Estado.

«Las reformas estructurales (Tributaria, de la Salud), la creación del Mides, los planes de Emergencia y de Equidad, de igualdad de oportunidades y derechos y la modificación del régimen de Asignaciones Familiares, son parte esencial de este proceso de transformación democrática del Estado», sostiene el material aprobado por el Congreso. Se mencionan: a) la transformación de la Administración Central con la reubicación de organismos, la creación, rediseño, desconcentración y descentralización administrativa; b) la interinstitucionalidad a través de la creación del Gabinete Social, el Gabinete de la Innovación, la creación de agencias, el Sistema Nacional de Inversión Pública o la Comisión Nacional de Políticas Públicas de Igualdad y Género; c) el acercamiento de la gestión estatal a la ciudadanía a través de la creación de diversos mecanismos e instrumentos; d) el Ordenamiento y profesionalización de la función pública a través del reconocimiento de la carrera funcional, el sistema integrado, retributivo y ocupacional, el régimen de promociones y ascensos, etc.

«Se ha propuesto un escalafón de conducción en la búsqueda de la profesionalización de la gestión, se ha apostado al conocimiento de las personas que integran los puestos de trabajo y se ha formulado, como punto de partida, la equiparación de los salarios en niveles mínimos», indica el documento. Se introdujo «la negociación colectiva en la función pública».

2. Descentralización política y participación ciudadana.

«El objetivo general fue la creación de una nueva institucionalidad que profundice la democracia sobre la base de una ciudadanía activa». Se destaca la participación de representantes de los usuarios en la dirección de ASSE y de la Junta Nacional de Salud.

El programa planteó «revertir el centralismo montevideano y su reproducción a nivel departamental, hacia la descentralización política y social, la desconcentración administrativa y el desarrollo local».

3. Gobernabilidad social y política.

«Se ha profundizado la horizontalidad de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento Nacional como órgano supremo de representación democrática», lo que ha significado «un mayor acercamiento, información y control del Legislativo».

Se destaca el diálogo social como «herramienta privilegiada del gobierno para tomar en cuenta a los diversos actores sociales y efectores de políticas públicas en base a los principios de: respeto mutuo, diálogo, búsqueda de caminos de concertación política». Son ejemplos significativos los debates convocados por los respectivos ministerios sobre educación, seguridad social y defensa nacional.

Se ha jerarquizado al Poder Judicial en aspectos sustanciales, fortaleciendo su autonomía económico-financiera con mayores asignaciones presupuestales.

En el ámbito social «la implementación de los Consejos de Salarios y la ley de fuero sindical han profundizado la democratización de las relaciones laborales». Se destacan la puesta en funcionamiento de un ámbito de negociación colectiva para los funcionarios públicos, el logro de la jornada de 8 horas para los trabajadores rurales y la inclusión del trabajo doméstico en los procesos de negociación colectiva. La creación del Ministerio de Desarrollo Social fue un compromiso asumido y cumplido. Emprendió el Plan de Emergencia y, a nivel del Gabinete Social, la puesta en marcha del Plan de Equidad, «han consagrado la aplicación de políticas de inclusión social y de construcción de ciudadanía». «No hay espacio más sustancial para la construcción de la igualdad de oportunidades que la educación», subraya el programa. «Se ha apostado fuertemente a la educación dotándola de recursos que históricamente le habían sido negados».

Derechos humanos. Entre otros aspectos se destaca que se ha cumplido con el artículo 4° de la Ley de Caducidad, lo cual permitió enviar a prisión a los principales responsables de la violación de derechos humanos que aún viven. En el marco de una concepción integral de los derechos humanos, se valoran los avances en políticas públicas y en la aprobación de leyes contra la discriminación.

Seguridad ciudadana. Se proyecta la reforma del marco institucional fortaleciendo la profesionalización de la fuerza pública. Se comenzaron programas dirigidos a capacitar los recursos humanos. Se han coordinado las políticas de seguridad ciudadana con las llevadas adelante por otros ministerios.

Se destaca también el papel jugado en la acción preventiva y en la lucha contra las organizaciones delictivas que trafican con drogas, apostando a una mayor participación ciudadana, estrechando los vínculos con la fuerza policial. Se ha puesto especial énfasis en fortalecer las inversiones en el Ministerio del Interior.

Se están desarrollando políticas en busca de la inclusión de ciudadanos privados de libertad. Hoy el Centro Nacional de Rehabilitación ha logrado un porcentaje de reincidencia del 10%, el más bajo de todo el sistema carcelario.

Medios de comunicación. Se han dado pasos significativos en el sector público hacia una mayor calidad de la política informativa. La ley de Radiodifusión Comunitaria generará un fortalecimiento del sector social y comunitario.

4. Ordenamiento territorial y medio ambiente.

El fuerte desequilibrio estructural del territorio en relación a la distribución de población y actividades económicas ha comenzado a cambiar a partir del gobierno frenteamplista. En tal sentido se destacan: a) la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible; b) la Ley de Repoblamiento de la campaña; c) la ley de Titularidad de inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias; d) se ha trabajado con los gobiernos departamentales en estrategias regionales, planes locales y microrregionales y ordenanzas departamentales. En el ámbito departamental hubo avances en la práctica del Ordenamiento Territorial: actividades del Puerto de Montevideo y del Plan Montevideo ­colector perimetral vial, parque de actividades­; la Agenda Metropolitana para los territorios ambientalmente amenazados. «Se inicia así una serie de acciones en el ámbito metropolitano que coordina y racionaliza servicios, infraestructuras y actividades (transporte, saneamiento, producción etc.) mejorando la calidad de vida de los ciudadanos».

En suma, hemos expuesto en apretada síntesis la labor cumplida por el gobierno de Tabaré Vázquez con relación al «Uruguay Democrático». En el próximo artículo nos referiremos a las «Líneas de Perspectiva para el próximo quinquenio» planteadas en el referido capítulo del Programa aprobado en el V Congreso del Frente Amplio.

|*| Diputado de AU-FA.