SEGURIDAD, PARA HABLAR EN SERIO

La seguridad ciudadana, indiscutiblemente es un derecho básico, fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad y para la calidad de vida de sus integrantes. La capacidad de nuestros ciudadanos de disfrutar libremente de sus derechos, tiene relación con el nivel de seguridad, de paz y tranquilidad que la sociedad tenga efectivamente integrada a su modo de vida. El Estado, por tanto, debe cumplir un rol esencial, debe disponer los recursos y encontrar caminos inteligentes, sostenibles y progresivos para avanzar en el cumplimiento práctico de garantizar esos objetivos.

El aumento de la actividad delictiva no es un problema estrictamente uruguayo, se trata de un fenómeno que abarca, por lo menos, a toda América Latina. Uruguay, según todos los informes internacionales, sigue siendo por lejos, el país más seguro de toda la región. Esto no significa un consuelo, ni pretende ocultar nuestros problemas. Simplemente, debemos partir del reconocimiento de esta realidad y de la verdadera dimensión del fenómeno, para tener una idea correcta de nuestra situación.

Hemos tenido avances y retrocesos, tenemos que evaluarlos con objetividad, para brindar respuestas adecuadas y realistas, profundizando las políticas que, desde un enfoque integral se desarrollan a nivel de cada ministerio, pero que tiene un instrumento fundamental en la acción y el desempeño de nuestro Ministerio del Interior. Debemos hacerlo desde nuestra perspectiva de izquierda, considerando primero, la defensa de las víctimas, de los desprotegidos, garantizando una acción decidida para que no exista la impunidad de quien delinque, pero a la vez, desarrollando un esfuerzo progresivo, dirigido a combatir las múltiples causas que generan la propensión a incurrir en delitos. Nuestro deber es generar y aplicar políticas eficaces, pues de lo contrario, las peores respuestas llegan solas. Llegan desde la perspectiva y de la mano de la derecha, que posee un solo manual a emplear, exclusivamente basado en el aumento de las penas y de la represión.

Hemos tenido avances muy importantes en la lucha contra las mafias, el crimen organizado y el narcotráfico. Ninguna otra administración consiguió tal nivel de incautación de drogas y de operativos que lograron desbaratar grandes bandas del narcotráfico a nivel nacional. Hemos dado pasos sumamente importantes en lo referente a delitos complejos y asesinatos. Hoy, gracias al nivel de profesionalismo alcanzado por nuestra Policía, más del 90% de esos casos se resuelven en pocas semanas. Se ha avanzado mucho en cuanto a violencia doméstica. El nivel de denuncias así lo demuestra, pues representa el paso esencial para combatir este tipo de violencia, que tiene la particularidad de que el agresor vive en la misma casa que la víctima.

¿Dónde están localizados los problemas de seguridad más acuciantes? En hurtos y rapiñas, y particularmente, en lo referente a la participación de jóvenes y adolescentes, cuyo comportamiento delictivo está asociado al consumo de pasta base. Subrayo, delitos asociados al consumo de pasta base y no a las drogas en general, porque no hay ningún fenómeno delictivo relacionado con el consumo de alcohol, el consumo de marihuana u otras drogas. Aquí no contribuyen las generalizaciones, que confunden y no aportan soluciones. La sustancia asociada a los comportamientos de carácter delictivo, la que tiene una fuerte influencia en la decisión de rapiñar o robar y en el aumento de la violencia del delito es la pasta base. Es un fenómeno tremendamente dañino, una modalidad de generación del delito nueva y compleja. Es muy difícil lidiar con ella, sobre todo porque, entre otros colectivos incluye como protagonistas a un conjunto de menores infractores.

Tenemos un importante problema de congestionamiento en nuestro sistema carcelario. Somos uno de los países con mayor proporción de presos por habitante, en el mundo. Más allá de críticas e insuficiencias, tenemos la mayor eficacia policial de toda la región y la misma genera un alto nivel de detención y reclusión. El elevado número de delincuentes que se recluye en nuestras cárceles ha generado un grave problema de superpoblación carcelaria. Las condiciones inhumanas de reclusión suponen un castigo superior que infringe lo establecido por la ley y la Constitución.

Estos dos puntos concentran muy buena parte de nuestros problemas. Más allá del gran esfuerzo desplegado por nuestro gobierno, y me consta que se está haciendo mucho, tenemos que desarrollar líneas de trabajo consistentes para nuestra próxima gestión, por lo que es bueno aportar acerca de lo que creemos deberían ser nuestras prioridades.

El programa del Frente Amplio prevé la creación del Ministerio de Justicia y pensamos que es una muy buena medida. En buena parte del mundo hay ministerios especializados que asumen la administración del Ministerio Público como una tarea de jerarquía y operan como infraestructura complementaria del Poder Judicial, para que este se concentre en el desarrollo de su cometido esencial: dictar justicia. Por otra parte, incluye políticas multidisciplinarias orientadas al pleno desarrollo del ser humano, debemos dirigirlas directamente hacia los adolescentes, desde una perspectiva integral. Ser joven o adolescente en Uruguay no puede ser un pecado.

Es necesario separar al servicio 222 de la tarea de acción ejecutiva de la Policía. Es un tema fundamental. Los policías trabajan alrededor de 16 horas al día, 8 de servicio propiamente dicho y 8 en tareas de vigilancia, a partir del mal llamado servicio 222. Esto no es sostenible a futuro. Tenemos que tener policías cuya jornada no supere las 10 horas en total, 8 de servicio y dos horas extras, como máximo.

Debemos continuar el proceso de formación de nuestra policía ejecutiva, generando especialización en la lucha contra el crimen, en sus diferentes modalidades. Paralelamente, es necesario continuar con el compromiso ya demostrado en este gobierno, de elevar el salario de aquellos que combaten el delito cara a cara. Por supuesto, el ritmo del aumento dependerá de las posibilidades financieras del Estado, pero sería muy bueno que desde el inicio del próximo gobierno se fijen nuevas metas salariales para todo el periodo.

En Montevideo y Canelones necesitamos un 911 potente, que llegue a ser un servicio de respuesta rápida frente al delito que se está consumando. Para ello deberíamos aumentar y mejorar el servicio motorizado, adoptando a las estaciones de servicio como bases para el mejor despliegue y cobertura territorial. Y aumentando la cantidad de motos, pues en el tránsito de la ciudad hoy se desplazan a mejor velocidad que los patrulleros. Obviamente, un servicio así requiere recursos humanos, materiales y logísticos, entrenamiento adecuado y tiempo.

En materia de cárceles, deberíamos construir y descentralizar. Necesitamos diez nuevos establecimientos modelos de reclusión, pequeños, de 250 plazas cada uno y distribuidos en diferentes áreas rurales del interior del país. Estas nuevas cárceles permitirán descongestionar, albergar a primarios, delitos sin violencia y procesados no peligrosos. Centros de reclusión sin congestionamiento, con un régimen más abierto, con un fuerte direccionamiento hacia la educación y el trabajo.

Estos puntos son sólo anotaciones, pero representan una orientación completamente divergente con el enfoque limitado y ramplón, que auspicia la participación de los militares en la seguridad interna, la creación de una guardia nacional, policía militarizada y demás disparates. Es un enfoque para elaborar colectivamente desde la izquierda, sin caer en superficialidades o en delirios fierreros, lejos de la promesa hueca del garrote y mano dura, sabiendo que la seguridad ciudadana se construye de manera integral, con la responsabilidad del Estado y el esfuerzo de todos, prometiendo poco y trabajando mucho, en un área en la que no se debe jugar con votos e ilusiones, porque representa buena parte de la calidad de vida de nuestra gente.

|*| Senador, Nuevo Espacio FA