MIELES CORROSIVAS

La opinión pública uruguaya está enfocada hoy en la rendición de cuentas que el Presidente realizó ayer en un acto público y movilización popular sin precedentes.

Quedaron definitivamente atrás las ilusiones y esfuerzos de un sector de frenteamplistas que aspiraban a una enmienda constitucional reeleccionista, fundados en necesarios resultados pragmáticos. Sin embargo las últimas encuestas no evidencian modificaciones significativas de las inclinaciones electorales y tendencias, entre muchas razones, por la alta valoración social de la actual gestión del presidente Vázquez; valoración que precisamente alentaba aquella iniciativa. Pero además, por el hecho de que esta gestión es el resultado de la ejecución paulatina y compleja de un detallado y explícito programa de gobierno, elaborado colectivamente con la participación de miles de militantes de una fuerza política heterogénea y plural y no un destello de iluminación presidencial, ni un resultado de la «asepsia» de los laboratorios tecnocráticos, como bien lo destaca Pablo Anzalone en la contratapa de ayer.

Aunque habrá que contrapesar el hecho de que la propia gestión de gobierno, seguramente por imperio de la migración de líderes hacia los poderes legislativo y ejecutivo, redujo significativamente los niveles de movilización y participación de base en la propia fuerza, como he intentado subrayar desde esta misma contratapa en otras oportunidades. Tal vez la implementación de formas de democracia directa (referéndum, plebiscito e iniciativa popular) que están previstas en la Constitución vigente, para la adopción de grandes decisiones, permita un reencantamiento de la ciudadanía con la política, la movilización y la participación. No debería despreciarse la intervención directa de la ciudadanía en la toma de decisiones cardinales, o en la resolución de cuestiones dilemáticas, sobre todo a la luz de la experiencia histórica frustrada de la ley de salud sexual y reproductiva en Uruguay.

En un amplio abanico de izquierdas, las conquistas sociales y materiales facilitadas por un gobierno se van deslizando rápidamente a la reducción de este último y sus logros a la figura presidencial, para luego arremeter contra las limitaciones de los diferentes regímenes para su continuidad o inclusive perpetuación. Consumada entonces, es la organización política la que se debilita y desfigura. Es el caso del primer arquetipo argumental que traté el domingo pasado, de entre seis expuestos, a propósito del debate sobre la enmienda constitucional venezolana. Allí concluí que no hay razón para soslayar la celebración de medidas redistributivas, socializadoras e integradoras, o digamos, progresistas en general, por el hecho de plantear resguardos respecto a las implicancias inversas de la concentración del poder y sus peligros consecuentes.

Hoy nos detendremos en las dos tipologías argumentales siguientes. A saber: la naturaleza golpista de la derecha venezolana y las pruebas de apego democrático del propio presidente Chávez. Efectivamente, el caso de la derecha venezolana supera al resto de sus socios y amigos latinoamericanos en su audacia y violencia. No sólo por la supuración infecciosa de sus mensajes sino directamente por la práctica de un golpe de Estado, afortunadamente conjurado, un lockout patronal petrolero, un boicot a las elecciones legislativas y, finalmente ­reingresando al juego electoral­, un referéndum revocatorio. Y todo ello con el desembozado auxilio del capital trasnacional, la CIA y la diplomacia norteamericana. En tal sentido, la naturaleza del enemigo del progresismo venezolano se parece mucho más que el resto a los «gusanos» cubanos. Aunque habrá que señalar que lejos de quedar aislados en su ofensiva, más bien están inspirando buena parte de los realineamientos derechistas del resto del continente. Se aprecia la adscripción de su violencia en los militantes de la llamada medialuna boliviana, en los boicots económicos en Ecuador, en parte en la reconfiguración de las alianzas y lockouts patronales agrarios en Argentina. Y en un plano discursivo comienza a emerger en Chile y Uruguay a través de sus diarios hegemónicos respectivos. Sólo en ese sentido, y ante la profusión de falacias de la derecha, podría interpretarse el artículo del embajador venezolano en este diario el domingo posterior a las elecciones donde contrapone el sí a «la mentira».

No es mi intención negar la virulencia de la reacción al progresismo. Sólo señalar dos aspectos. El primero es que ésta ha actuado históricamente en las izquierdas como abrigo ideológico ante la propia debilidad. El segundo, y más importante para nuestro propósito, que la derecha no retrocede con un reforzamiento del personalismo, como supone el reeleccionismo, sino que por el contrario, se envalentona con el supuesto argumento de la lucha contra el autoritarismo. Cierto es que para la derecha la reelección será buena o mala según sus cálculos de oportunidad, pero no por ello la izquierda debería emularla en idéntico registro contable y culto a la oportunidad.

No es un buen resultado para el progresismo la sospecha de voluntad de eternización en el poder, aun si se le reconociera un mejoramiento de las condiciones materiales de vida. Llevaría a implantar en el imaginario hegemónico y en el sentido común dominante que podría lograrse eficacia al costo de una deslegitimación. Seymour Lipset, el sociólogo norteamericano recientemente fallecido, subrayó por primera vez que la ‘legitimidad’ consiste en la creencia socialmente significativa de que ­a pesar de sus posibles limitaciones y fallas­ las instituciones políticas existentes son mejores que otras que pudieran o pudieron haber sido establecidas. Inversamente, por ‘eficacia’, la gestión de un gobierno cuyas políticas públicas mejoran las condiciones económico-sociales de la población y/o instrumentan respuestas positivas a las expectativas de mejoramiento en el plano de las condiciones concretas de vida, particularmente de las clases y capas sociales más sumergidas. Para situarlo en los términos teóricos expuestos el domingo pasado, la legitimidad le corresponde al régimen, mientras la eficacia al gobierno.

El último desarrollo argumental en defensa de la enmienda que trataremos hoy es el de las pruebas de apego democrático del propio Presidente. Salvando el hecho de que antes de propiciar el socialismo del siglo XXI, Chávez encabezó un fallido golpe de Estado del siglo XX en el año 92 contra Carlos Andrés Pérez, bajo la acusación de haber propiciado la corrupción, resulta indudable el respeto que ha mantenido durante su gobierno por los dispositivos institucionales del régimen. En sus diez años de mandato se realizaron 13 elecciones, todas ellas inobjetables, en una de las cuales salió derrotado reconociendo inmediatamente el resultado, pero mucho más consecuente aún, impulsó la propuesta de creación o revocación de leyes por medio de referendos populares y propició el instituto revocatorio.

Precisamente este instituto compensa parcialmente el de elección ilimitada y constituye un avance inmenso en la arquitectura institucional. La propaganda derechista que pretende igualar el régimen político venezolano ­aun con la actual elegibilidad ilimitada­ al cubano, resulta insostenible. Sus acusaciones de violaciones a los derechos humanos carecen de fundamentos. A diferencia de Cuba, existe plena libertad de expresión y asociación, pluralismo político y funcionamiento electoral permanente inclusive con fines revocatorios. Sin duda esto se debe al ánimo e impulso del presidente.

No obstante, la limitación central del argumento es que él mismo resulta por un lado beneficiario de la extensión del poder, mientras por otro garante de los límites al que éste debe ser sometido. Es, en última instancia, redundante y reforzatorio del personalismo original. Este subjetivismo garantista no puede concebir dinámicamente los procesos políticos, incluyendo la concentración o distribución del p
oder, la corrupción o la transparencia, los abusos o el respeto por la independencia de poderes, etc. Así como, al soslayar el pasado golpista de Chávez, concibe su presente como un atributo innato e inmutable, desactiva mecanismos limitatorios porque en idéntico registro genético avisora su porvenir. No están en duda ni los méritos ni la honestidad del Presidente. Por el contrario, sí los mecanismos políticos que, independientemente de ellos, mengüen o acentúen la disposición y el ejercicio del poder.

El artículo de Fidel Castro del 3 de marzo en el «Granma», a propósito de las recientes remociones de altísimas autoridades del Estado cubano, aun su carácter elíptico y de vastas entrelíneas, sostiene en referencia al ex vicepresidente Lage y el ex canciller Pérez Roque que la «miel del poder por el cual no conocieron sacrificio alguno, despertó en ellos ambiciones que los condujeron a un papel indigno. El enemigo externo se llenó de ilusiones con ellos». Pues bien, este reconocimiento de la corrosividad del poder, aun sincero y honesto, aunque en sentido inverso, no deja de ser nuevamente subjetivista. No sería la ausencia de institutos limitatorios quien los condujo a tal papel indigno, sino alguna endeblez atribuible a su personalidad.

No faltan grandes líderes en América Latina. Por el contrario, las izquierdas adeudamos imaginación política para concebir arquitecturas en las que las mieles sean libadas con moderación y control, y las mieses verdadero patrimonio público.

 

|*| Profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires, escritor, ex decano. [email protected]