MEZCLAR LOS TANTOS

El domingo pasado expuse sucintamente seis ejes argumentales en defensa del instituto político de la reelección que resultan fácilmente extraíbles de la profusión de debates e intervenciones que tuvieron lugar en la prensa nacional e internacional a propósito del reciente referéndum de enmienda constitucional venezolana.

Sin embargo, la temática desborda el marco nacional, la propia figura del presidente Chávez y el hecho histórico puntual, lesionando y empobreciendo un deseable debate y posterior implementación de arquitecturas político-institucionales alternativas. Es decir, superadoras de la concentración del poder, del lazo delegativo y del personalismo, entre tantas otras limitaciones ciudadanas, características de las constituciones burguesas.

Esta inmejorable oportunidad -ya derrotado el régimen político del terrorismo de Estado- para pergeñar y consensuar una institucionalidad superadora del formalismo fiduciario heredado y facilitar condiciones más igualitarias y erectoras de derechos, quedó envuelta en una maraña de consideraciones sobre los logros o fracasos económicos y sociales del gobierno venezolano, la personalidad del líder o la naturaleza golpista de la derecha, entre otros. Entonces el debate propiamente político queda aherrojado, agobiado en su asfixia y forzado a una mera adscripción binaria.

Aquello que califiqué como cortoplacismo hipotecario no es en modo alguno prerrogativa exclusiva de las izquierdas. Al igual que otros antecedentes derechistas ya mencionados en su oportunidad, como el caso del presidente Uribe, leo sin ir más lejos en el diario El Observador de esta semana, que los partidos tradicionales uruguayos lo asumen y apropian sin remilgos, con las previsibles entrelíneas laudatorias del medio. Ante el proyecto frenteamplista de enmienda constitucional por incorporación del voto consular dicen oponerse con el solo argumento de que los emigrados serían mayoritariamente de izquierda. ¡Toda una petición de principio! El propio concepto de ciudadanía (y más aún, su relación específica con el más pedestre de residencia), al ausentarse cual exilado, da pábulo a un poroteo pragmático y oportunista, pretendidamente encubierto en esta falacia aristotélica.

Nos detendremos hoy sólo en el primero de los seis tipos ideales de argumentación expuestos el pasado domingo: el que se apoya en los logros de la «revolución bolivariana», en el plano de las conquistas sociales. Bien podría prescindirse de los párrafos sucesivos si el debate no se encorsetara en maniqueísmos de pares mecánicos y simplistas, deportando de inmediato al campo de los renegados a cualquiera que ose interrogarse por el instituto objeto de la enmienda. En un contexto de menor polarización y apasionamiento y de ausencia de chantajes ideológicos, podría señalarse el apoyo a los logros del gobierno de Chávez pudiendo pasar «al grano» sin más, no siendo éste el caso actual, en la producción reflexiva del progresismo y de la izquierda latinoamericana.

De un modo algo apurado puede resumirse que en los últimos diez años, luego ­y a consecuencia­ del estallido social del 89, conocido como «Caracazo», Venezuela ha vivido la mayor transformación social de toda su historia. Nadie le pediría a Chávez que desaprovechara una campaña electoral para señalar, tal como lo hizo, los logros alcanzados en materia económica y social. Sí que no se detenga sólo allí para pasar luego a fundamentar la introducción del nuevo instituto y sus posibles beneficios. La activación y movilización de vastos segmentos de población es la consecuencia de la llegada de servicios del Estado y de derechos postergados tras décadas de indiferencia neoliberal y laissez faire. Es indudable la reducción de la indigencia, llamada allí pobreza extrema, a menos de la mitad (aunque continúe en un preocupante 8%) tanto como el crecimiento de la tasa de escolaridad y preescolaridad que llegó casi a duplicarse. A la vez, la tasa de mortalidad infantil se redujo casi a la mitad y creció el acceso al agua potable y a servicios sanitarios de buena parte de la población más sumergida.

Venezuela escaló posiciones en el «índice de desarrollo humano» que releva la ONU, comienza a ascender la expectativa de vida, redujo el coeficiente de desigualdad entre los hogares y el nivel de desempleo, e incrementó el trabajo en blanco. Se generalizan los derechos jubilatorios, creciendo exponencialmente los servicios de salud y de acceso alimentario. En otro orden, hubo avances en la representación femenina en los tres poderes y se dio un impulso decisivo a la adopción de software libre en la administración pública y el Estado. Semejante nivel de desarrollo no significa que no exista déficit o importantes tareas pendientes, que no vienen ahora al caso ya que estas últimas líneas están dedicadas, como sostuve, a señalar mi reivindicación de las conquistas sociales venezolanas evitando rápidas excomuniones.

Para el resto de América Latina, la influencia de Venezuela ha sido un factor cardinal en el debilitamiento del neoliberalismo y en la realización de un giro progresista extendido. No sólo por pionera. Más allá del modo ampuloso y afectado con que Chávez acomete su lucha antiimperialista, de cierto boato recurrente, es evidente que la resistencia al ALCA, el sostén de la Unasur, el empuje del Mercosur y su propuesta del ALBA, de la creación del banco del sur y de una moneda común, se deben a su aliento e iniciativa. Además de los presidentes Morales y Correa, el resto de los gobiernos de inclinación progresista deben muchos de sus avances al apoyo material y simbólico venezolano.

Pero una vez reconocidos y alentados los progresos, la pregunta es qué intrínseca relación puede existir entre ellos y la figura presidencial y más aún, por qué ésta debiera reforzarse en el nuevo régimen. A nadie se le ocurriría atribuir semejante transformación social a la exclusiva voluntad o lucidez de una persona, sino, inversamente, a la implementación de un programa de gobierno, de una estrategia de socialización de la riqueza y los derechos, de reconstrucción del tejido social desgarrado por décadas de corrupción neoliberal, que no puede residir sino en un amplio colectivo. Se trataría de un equipo de trabajo que, cualquiera sean sus jerarquías y contradicciones internas y quienquiera lo presida y coordine, es el brazo ejecutor de las transformaciones y también de las posibles dilaciones u omisiones en el proyecto. En ciencias políticas a este colectivo se lo llama gobierno. Por el contrario, al esqueleto político en que se inserta, se lo denomina régimen.

Pero además de un partido y un colectivo dirigente, las conquistas se sostienen en una amplia movilización social de los beneficiarios que implementan la defensa de tales avances y proyectan sus demandas y deseos. De hecho la derrota chavista en el anterior referéndum constitucional, ambicioso y renovador en muchos artículos como por ejemplo la reducción de la semana laboral a 36 horas, es atribuida mucho más a los gobernadores y alcaldes propios y aliados que al instituto de la reelección ilimitada, como este último referéndum parece confirmar empíricamente. Es que la propuesta constitucional de creación de «consejos comunales», una suerte de alternativa y contrapeso al liderazgo y legitimidad de los líderes regionales, fue la razón del inmovilismo de estos y posterior derrota del gobierno y de las transformaciones del régimen pretendidas.

La dificultad teórica que la tipología argumental que discuto aquí posee para distinguir el régimen político del gobierno -y con ello poder valorar al primero- reside en que su percepción aparece completamente indiferenciada del gobierno de turno. Sin embargo, en este caso, es apoyado por la casi totalidad de los polemistas de izquierda, incluyendo quien suscribe. En consecuencia, si en el balance y polémica se presta excluyente atención al mejoramiento de la situación económica -con indiferencia del funcionamiento de las
instituciones políticas y de la característica específica de los institutos que articulan el régimen- es comprensible que las demandas o reproches, los apoyos o rechazos, sean exclusivamente hacia el gobierno, ya que es el responsable de las políticas públicas que ocasionarán prosperidad o empobrecimiento en ciertas clases y capas sociales. Para el lector no avisado, el gobierno, es inmediatamente cognoscible. El régimen político, inversamente, es un conjunto de normas e institutos, de denominaciones conceptuales y símbolos, cuya percepción inmediata es oscura y abstracta.

Quedan cinco tipologías argumentales para tratar en notas sucesivas, además de la distinción politológica entre legitimidad y eficacia. Mas resultará útil resumir que no encuentro contradicción entre el aliento a las conquistas sociales del gobierno bolivariano y el señalamiento de la debilidad que supone la modificación del régimen con el consecuente reforzamiento del liderazgo presidencial, pretendidamente omnisciente y objeto de culto. De lo contrario, entre la espada y la pared, tendría que hacerme el distraído como aquellos polemistas que intervienen cual lectores desavisados.

|*| Profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires, escritor, ex decano. [email protected]