LOS DESAFIOS DE LOS GOBIERNOS PROGRESISTAS DE AMERICA DEL SUR

América del Sur vive una etapa política excepcional con la presencia de ocho gobiernos progresistas instalados en el poder político y designados por elecciones libres y limpias. En los últimos cinco años se vieron favorecidos por altos precios internacionales de sus productos de exportación, lo que les facilitó muy buenas performances económicas y sociales. Crecimiento del producto, baja del desempleo abierto, aumento de los salarios reales y descenso de la pobreza fueron los indicadores más relevantes. En la actualidad el mundo vive una profunda crisis económica y financiera, con origen en el sistema financiero norteamericano. La asunción de Obama como nuevo presidente de EEUU genera expectativas e inclusive esperanzas en muchos sectores sociales. Recién comienza su labor, pero la desconfianza en las instituciones financieras se mantiene, el desempleo abierto aumenta, los consumidores mantienen su retraimiento y muchos sectores de trabajadores sienten que pueden perder sus actuales empleos. La crisis internacional repercute en todo el mundo desarrollado, en los países emergentes ­inclusive China e India­ y por supuesto en América Latina y en los países con gobiernos progresistas de América del Sur.

Estos últimos plantean cambios económicos que buscan modificar las bases de los modelos económicos imperantes. Cada país tiene sus especificidades y es muy difícil realizar generalizaciones. Pero surge una primera interrogante: ¿cuánto se pueden modificar las relaciones de poder que permitan implementar nuevos modelos económicos y sociales? Es evidente que este es un tema que no está en la agenda política de los gobiernos de Brasil, Chile y Uruguay. Es un tema que se analiza poco y que tiene muy baja ponderación en la investigación de las ciencias sociales en la región. En el caso del gobierno del Frente Amplio en Uruguay se constata un mayor poder de negociación del movimiento sindical, fruto de una política laboral que buscó una mayor equidad en las relaciones capital-trabajo. En los otros componentes de las relaciones de poder no hay modificaciones relevantes, ni en el poder de las instituciones financieras y de los medios de comunicación, que se ubican en la cúpula, ni en los sectores empresariales vinculados a la producción y al comercio. Probablemente tengan menos poder los integrantes de las Fuerzas Armadas. Distintos son los casos de Bolivia, Ecuador y Venezuela. Especialmente en los dos primeros las diferencias étnicas obligan a transformaciones más profundas que en otros países. En estos tres países las relaciones de poder y, vinculado a esto, el tema de la propiedad está en el centro de las polémicas actuales. Se plantean las posibilidades del socialismo en el siglo XXI, pero no están muy claras ni sus bases sociales ni sus principales características. En los otros países progresistas de América del Sur hay más izquierda y reformismo que socialismo y revolución. Un tema central en todos los casos es la seguridad del mantenimiento de los principios básicos de la democracia. Este es un tema clave que no está en discusión. Habrá reformismo capitalista o nuevas formas socialistas, pero siempre dentro de la democracia.

Otro gran desafío para la región es la carencia de proyectos nacionales que ayuden a definir la futura inserción internacional, las bases de una nueva estructura productiva, una estrategia global para atacar la fragmentación social y el problema del empleo. La existencia de proyectos nacionales facilitaría la conformación de proyectos regionales y procesos de integración más activos que los actuales. Las características de los proyectos nacionales dependen de cada país, de sus propias estructuras económicas y sociales. El mundo internacional camina hacia nuevas formas de diversificación de mercados externos, pero sobre todo hacia la inserción de rubros de mayor contenido tecnológico. Pero es difícil que esto sea válido para países como Ecuador y Bolivia. La historia de América Latina muestra que la estructura productiva estuvo determinada por las relaciones comerciales centro-periferia, dominada por el mundo desarrollado que buscaba materias primas y alimentos en el mundo subdesarrollado. Posteriormente las distintas formas de protección del mundo desarrollado y las condicionalidades de los préstamos de los organismos financieros internacionales centradas en el Consenso de Washington fueron determinantes para la conformación de la estructura productiva de los países de la región. Llegó la hora de que nuestros países tengan la capacidad de definir en forma abierta y flexible las características de una nueva estructura productiva que atienda simultáneamente el problema de la competitividad y el empleo productivo. En estos casos el papel de los intelectuales y de las universidades es central. Y aquí surge con nitidez las carencias de estos actores vitales. La mayoría de los economistas de la región están influidos por sus conocimientos adquiridos en las universidades de los países desarrollados, especialmente de EEUU. Se transforman en consultores y utilizan las categorías económicas apropiadas para las instituciones que los financian. No hay investigaciones en profundidad. Esto también es muy notorio en la elaboración e implementación de las políticas macroeconómicas donde el énfasis se ubica en la estabilización y en el equilibrio fiscal como objetivos prioritarios, porque en esencia el mercado y el sector privado se encargarán del crecimiento y la distribución más adecuada. La actual crisis financiera internacional derrumbó estas concepciones, pero las autoridades de los Bancos Centrales, especialmente el de Uruguay, mantienen orientaciones perimidas. Esto se mostró con la medida de la suba de la tasa de interés bajando el tipo de cambio nominal para enfrentar una inflación de frutas y verduras. En general los gobiernos progresistas ya no tienen acuerdos con el FMI, pero mantienen políticas ortodoxas, probablemente con la excepción de Argentina.

Hay sin duda otros desafíos relevantes como saber el margen de maniobra que permiten la globalización, la transnacionalización, los organismos financieros internacionales, la tecnocracia y los medios de comunicación. Pero también surgen dudas de si existen los empresarios nacionales ­privados, de empresas públicas, de propiedad social­ con capacidad para una dinámica inserción internacional y con vocación de equidad social. Esta interrogante es válida para todos los casos, pero especialmente para Bolivia, Ecuador y Venezuela. La misma interrogante surge sobre la necesidad de un Estado adecuado para cumplir sus funciones básicas de integración social, de agente de desarrollo y de redistribuidor del ingreso. La propia distribución del ingreso es otro gran desafío para el futuro de los gobiernos progresistas de América del Sur.

|*| Senador por la 609-FA,  economista