¡CUIDADO!

Hoy vamos a repetir una columna publicada aquí el 7 de noviembre de 2007 bajo el título de «Posición dominante». Lo hacemos porque lo anunciado hace tantos meses es una clamorosa realidad problemática. Hemos resumido el texto sólo para adaptarlo al tamaño actual de esta contratapa.

Resulta que hace no muchos años apareció ese aparatito mágico que permitía hablar por teléfono sin el teléfono.

Incluso hasta cuando discutimos a brazo partido la privatización, o no, de las bandas electromagnéticas correspondientes, la telefonía celular servía principalmente nada más que para eso: hablar.

Hoy ya estamos en ese extraño mundo en el que dichos artilugios electrónicos para lo menos que sirven es para hablar.

Podemos enviar mensajes de texto, imágenes, hasta podemos vernos mutuamente en la pantalla, ver televisión, navegar por Internet, entrar en nuestro ordenador, enviar y recibir correos electrónicos, chatear, interactuar con la televisión, vigilar que nuestros niños anden o no anden por cierta zona, tener alarmas automáticas para recibir y enviar, controlar tarjetas de crédito, cuentas bancarias, recibir o dar cursos de enseñanza a distancia con imágenes incluidas, utilizar juegos, calculadoras, relojes, archivos, despertadores, captar llamadas, grabar conversaciones, sacar fotos, usar luz, filmar, oír y enviar música, hacer campañas políticas y sociales, comprar y vender, hacer propaganda, enviar y recibir datos industriales…

El viejo teléfono de línea pronto será pieza de museo.

Antel tiene un gravísimo problema en el inmediato horizonte.

Y Ancel una competencia despiadada.

Pero como cuando privatizamos ciertas «ondas», el acelerado progreso aún no había llegado, sospechamos que se quedó en el tintero un enorme vacío legal. Como pasa a menudo frente a los nuevos descubrimientos y tecnologías (pensemos solamente en la biogenética o en la reproducción humana asistida…).

La enorme mayoría de la población, incluidos políticos y empresarios, ni tan siquiera imaginó en aquel entonces todo lo que podría llegar a pasar: la realidad que se nos vendría encima.

Porque una cosa fue privatizar conversaciones telefónicas por celular y otra, muy distinta, es haber privatizado todo lo anteriormente citado.

Las empresas públicas y privadas que tienen en sus manos el mango de tamaña sartén, y que por lo general son enormes y multinacionales, con el vacío legal a su favor, nos tienen agarrados por el cuello a todos: ciudadanía, empresarios, medios de prensa, etcétera.

Sospechamos que también a la Ursec (órgano regulador en la materia) y al propio Ministerio de Industria (del que «depende» Antel y, por extensión, ese inasible rubro en expansión galopante).

Sospechamos también que ante tanto vacío, dichas empresas, ni cortas ni perezosas, aprovechan la oportunidad para ocupar una imponente posición dominante ante todas las demás, y ante el público.

Estas empresas públicas o privadas, gozan el uso por concesión de una banda electromagnética que pertenece a la Nación. Es decir una muy específica cantidad de vibraciones por segundo de cierta fuerza llamada electromagnetismo que permite entre otras muchas cosas, que haya radio, televisión y telefonía celular.

A cambio, se supone que deben prestar un servicio público. Obviamente.

No es dable imaginar, ni permitir, que algo o alguien, disfrute de dicha concesión para no usarla y, por ende, impedir que otros la usen.

Además basta con que cualquiera de esas empresas, gane una porción pequeña del mercado para que goce automáticamente de una posición dominante. En eso se diferencian bastante de otro tipo de empresas públicas o privadas.

Por ejemplo: si una de esas empresas decide por sí y ante sí no brindarle sus servicios a un banco pero brindárselo a otro, el primer banco queda en desventaja evidente, y los usuarios también. Una porción del mercado, de la oferta y la demanda, del control de cuentas y tarjetas de crédito, por ejemplo, queda sin acceso al primer banco pero con acceso al segundo.

Fomenta una competencia desleal; en realidad la crea. Puede entonces realizar jugosas alianzas empresariales aun por fuera de su rubro específico. Adquiere además un inmenso poder negociador para lograr contratos leoninos.

En realidad, se opone paradojalmente al avance de la ciencia y de la técnica que la hizo posible.

Puede malversar y tergiversar lo que debe ser un servicio público. Llenarlo de fraudulencia. No está obligado a la imparcialidad a la que están obligadas por ley prácticamente todas las empresas públicas y privadas que se dedican a cosas parecidas.

Por ejemplo: la ley prohíbe a las empresas que transporten gas por gasoducto, participar en actividades de distribución de gas. Y esa misma ley las obliga a brindar sus servicios a cualquier empresa distribuidora sin excepciones ni discriminaciones bajo pena en ambos casos de graves sanciones y aun la suspensión de su actividad.

Lo mismo sucede con las empresas de energía eléctrica. No pueden ser juez y parte. No pueden aprovechar una situación dominante, ineludible por la naturaleza de las cosas, en palanca de dominio, competencia desleal y contratos leoninos para con otras empresas y para con los usuarios o consumidores finales.

Otro ejemplo: la empresa concesionaria de un peaje carretero no puede prohibir el paso de cierta marca o color de autos; tampoco puede cumplir funciones de Policía Caminera. Ni puede entorpecer el paso cuando del otro lado se realiza un evento con el que no está de acuerdo o no es de su gusto. Mientras el usuario pague el peaje debe dejarlo pasar y facilitarle al máximo el paso.

Ese es su negocio y solamente para eso se le permite instalar barreras.

Lo que resultaría totalmente increíble es que dichas empresas se abrogaran el derecho divino, y olímpico, de censura artística, cultural, estética, periodística, informativa o política. Sospechamos que ciertas empresas de telefonía celular lo hacen cuando y como quieren según su capricho y sin que nada ni nadie las llame al orden… Al sencillo y elemental orden público.

Otro ejemplo: parecería imposible que una de dichas empresas, o todas, decidieran por sí y ante sí, que las llamadas a las pizzerías no tendrán curso. Es más: bastaría que una sola de ellas, incluso la de menor porción de mercado (y de pizza) lo hiciera, para causarle enorme perjuicio a esos bares y a los usuarios.

Este absurdo, sin embargo, podría llegar a suceder porque algo parecido viene sucediendo ya en rubros menos conocidos por la gente.

Basta con que el lector revise la ancha gama de actividades que se realizan o pueden realizar hoy por dicha telefonía, para apreciar qué ancho campo está legalmente baldío y por lo tanto a merced de la arbitrariedad.

¿No habrá llegado la hora de que el gobierno (Ursec, Ministerio de Industria…), el Parlamento, los abogados y los fiscales, dediquemos atención a esta realidad antes de que sea tarde y aparezcan problemas graves?

|*| Escritor, senador  de la República.