EL NUDO GORDIANO

Es probable que buena parte del futuro del Uruguay -inextricablemente unido al de su izquierda- comience, ya a reedificarse, ya a resquebrajarse, en las dos próximas semanas. Particularmente dependerá de que el Frente Amplio logre constituirse en una opción renovadora de lenguajes, prácticas colectivas y dispositivos institucionales, algo que podríamos suponer mitigador de la trampa abúlica de la mera representación. Las miradas esperanzadas del resto de América Latina y tal vez aún más allá, estarán atentas al desenlace del nudo gordiano que conlleva dar un salto cualitativo de unidad en la diversidad sin renegar a esta última. Es la experiencia progresista de mayor amplitud del arco ideológico que se conozca, pero el peligro es que esto la condene a no recrear imaginativamente las reglas de juego, los mecanismos procedimentales de toma de decisiones colectivas y, en consecuencia, las formas de participación tanto militante, como ciudadana en general. El plenario y posterior congreso del Frente Amplio, definirán, en cuestión de días, las posibilidades o dificultades de iniciar una etapa superadora en este sentido unitario.

Sin embargo, la complejidad con la que se ha ido anudando la cuestión de la candidatura, que se esperaría que el congreso desate, no parece ni sencilla ni demasiado factible en la práctica. Desde las declaraciones mediáticas de varios protagonistas hasta el ominoso veto a la despenalización del aborto, enrarecen el clima y desvían la atención hacia esta cuestión de las candidaturas, que conlleva un alto nivel de personalización y fuerte carga fraccional. Tal vez una posible solución proviene de la recordada leyenda (según la cuál el dilema de la complejidad de los nudos con que Gordias ataba sus bueyes al yugo) resuelta pragmáticamente por Alejandro Magno al cortar el nudo con su espada.

La reciente encuesta de Factum nada tiene que ver con estas reflexiones y poco esclarece respecto a las perspectivas de mediano plazo, como tampoco las más optimistas anteriores. La relación electoral de fuerzas se irá dirimiendo con el correr del año y mucho dependerá de las resoluciones que se adopten en la izquierda, además del rumbo que tome en el tiempo restante de gobierno. En cualquier caso el resultado será muy reñido, como lo fue en la pasada elección. El delicado equilibrio entre el cambio y la conservación atraviesan a la sociedad uruguaya y se refleja también en cada una de sus expresiones políticas, incluyendo al propio Frente.

Pero más allá de las candidaturas, el congreso partidario tendrá la ímproba tarea de formular un programa que aúne la indispensable profundización y aceleración de las reformas progresistas con la multiplicidad de enfoques y alcances que este simple propósito tendrá para cada corriente política e ideológica. También que lo haga sobre bases realistas y de precisión técnica. Me refiero, fundamentalmente, al hecho de que no sea meramente una expresión de deseos o un rosario de consignas demagógicas, como los blancos aumentos jubilatorios y la descompresión fiscal, sino una puntualización de objetivos fundamentados en políticas concretas para alcanzarlos, en alternativas técnicas. Una elaboración programática como la necesaria requiere del auxilio de saberes expertos, probablemente universitarios en muchos casos, sobre los que habrá que esperar que sí se «noten» para este fin.

Sin embargo, buena parte de la sociedad y, también de los protagonistas, parece más expectante de la resolución del problema de las candidaturas y particularmente por medios consensuales, cosa que lo convierte prácticamente en un imposible si por ello se entiende una virtual unanimidad. Pero a ello se agrega el problema de la representatividad, cuestión estructural e ineludible de toda organización política pero que se hace más acuciante si esta se reclama de izquierda. Aún unánime sería el consenso de los representantes.

Como tuvimos ocasión de subrayar desde este lugar, no puede soslayarse el síntoma de debilitamiento de los comités de base y la consecuente autonomía de las dirigencias, cuando no directamente, la escisión relativa respecto a sus dirigidos. Parte de este fenómeno es producto del desplazamiento de buena parte de los líderes y cuadros hacia las esferas ejecutivas y legislativas del Estado. Pero no lo explica por completo.

Un posible diagnóstico de la apatía política de vastos sectores sociales debe tener en cuenta el factor institucional: la democracia representativa no induce participación sino que, contrariamente, la desalienta. Las tentativas de participación y su resultado político-institucional, prácticamente estéril, producen frustración y pasividad en la sociedad civil. Las movilizaciones sociales no consiguen nunca traspasar la protesta o presión, pues el régimen político les veda toda intervención decisional institucionalizada, las condena a la «queja». El reciente ejemplo de la ley de salud sexual y reproductiva lo subraya. Resulta paradigmática la desproporción entre la potencia social de ciertas movilizaciones y sus débiles o nulos efectos institucionales. Inversamente, cuando alguna experiencia política como la de la gestión del PT brasilero en Porto Alegre, previo al triunfo de Lula, ensayó alguna solución institucional combinando formas más directas de democracia y participación ciudadana, vivió su momento de apogeo. El hecho de que haya perdido luego las elecciones no lo desmiente.

Las derechas no tienen este problema político y mucho menos ético. Conciben que la actividad ciudadana masiva se reduce a depositar un sobre en una urna periódicamente, esperando el éxito de los gestores profesionales. De lo que se deriva que la cuestión de establecer diferencias sin modificar las estructuras institucionales y las prácticas a partir de ellas, implica traer consigo y legitimar las consecuencias subjetivas y los costos expulsivos del modelo representativo-fiduciario. Y la izquierda necesita mucho más que simples electores. Además, el fenómeno de deslegitimación de los partidos es mundial y en estas condiciones no podría eludir al Frente Amplio.

Inversamente, la derecha sostendrá que no son necesarias ni la movilización ni la participación ciudadana, construyendo mitos políticos funcionales como el llamado al voto castigo, que infunde la ilusión en el ciudadano de un poder sancionatorio sobre el representante y lo aparta de ahondar en su absoluta incapacidad de controlarlo, en la psicologización de conductas y personalidades que deberían explicarse por la índole del sistema político.

Ante esto habrá quién sostenga que la solución en el tema de las candidaturas estará en el mecanismo constitucional de las internas partidarias. Es indudable que en esta instancia no se despliega el mecanismo representativo con sus consecuencias. Sin embargo, tal como está formulado, plantea un serio problema de delimitación partidaria.

La postulación del candidato de un partido para un cargo electivo es potestad del partido, no de la ciudadanía en su conjunto. Recién será su potestad cuando la elección tenga lugar en la confrontación entre todos los partidos. A la vez cada partido podrá fijar las exigencias estatutarias de pertenencia que le sean afines a su ideología y objetivos. Pero estas quedan disueltas en virtud de la naturaleza «ciudadana» del padrón electoral. Se parecen bastante a lo que en Argentina se han llamado «internas abiertas» o en los Estados Unidos «primarias». En ambos casos surgieron para paliar la indiferencia ciudadana y la crisis de credibilidad en el sistema. No amplían la democraticidad del dispositivo electoral, ni el partidario ni el estatal. El afiliado y/o el ciudadano no eligen sino que continúan optando por candidatos que fueron decididos en transacciones y pactos a puertas cerradas. Luego, la manipulación publicitaria, infunde en el elector la ilusión de «participación»; pero lo único que produce es un soporte masivo aparente más amplio de los candidatos, lo que opera com
o refuerzo imaginario de la legitimidad de éstos. Pero peor aún, el carácter abierto al conjunto de la ciudadanía, permite un posible ejercicio de mala fe, ya que puede haber quienes no voten en la elección presidencial al precandidato que votaron en la interna.

El caso uruguayo no está sometido a todas las deformaciones antedichas de las internas abiertas o primarias, ya que algo de esto está atenuado en la simultaneidad de este mecanismo constitucional. Pero, en términos teóricos, no pueden descartarse ingerencias extrapartidarias, particularmente si en el resto de los partidos estas internas no son tan reñidas.

Ambas alternativas, la congresista y la interna, son imperfectas. Por un lado, aún con el tan hipotético como improbable 100% de los representantes ante la ausencia de fluidez intercomunicativa entre dirigentes y dirigidos, el hálito cupular será muy difícil de exorcisar. Por otro, aunque se apele a la democracia directa, la transparencia puede verse opacada por intervenciones externas. Tal vez la utilización de ambos mecanismos (y la esperable convergencia de sus resultados) pueda dotar del máximo de legitimidad posible al candidato izquierdista, mientras se estudian estas experiencias a fin de plantear las reformas políticas (e inclusive constitucionales en el horizonte) necesarias para evitar la complejidad de nudos como el actual.

La mejor solución será siempre colectiva. Esto es no tener que recurrir a Alejandro ni a ningún otro Magno.

|*| Profesor Titular e Investigador de la Universidad de Buenos Aires, escritor, ex decano. ([email protected])