LA HORA DE LOS VETOS

La muletilla que enfatiza lo arduo del camino para referir a las tareas que permitan alcanzar, ya sea algún grado de emancipación o desarrollo, sea incluso una simple distancia con las recetas neoliberales y sus desastrosas consecuencias sociales, la encontramos profusamente diseminada en la discursividad política progresista. La cuestión, sin embargo, es dilucidar a qué alude exactamente este camino cuando se lo refiere. ¿Se trata de una secuencia de metas ­y por tanto la dificultad estriba en su carácter intrínsecamente inalcanzable­ o bien es una actividad laboriosa de desmalezamiento, de construcción de senderos y reglas de tránsito, de andariveles y señalizaciones para allanar el acceso a tales metas u otras posibles, a través de un peregrinaje colectivo?

¿Dónde reside lo arduo? ¿En el tránsito o en la propia meta? Por cierto no tienen que ser necesariamente estancas estas opciones. Pueden influirse mutuamente en una dialéctica de medios y fines. Pero me permito hipotetizar que las izquierdas hemos exaltado los fines en desmedro de los medios, o en otros términos, hemos despolitizado su accesibilidad, los hemos hecho presa del «coup de main» o de la oportunidad, hemos borroneado las líneas éticas que demarcan la cancha en la que estos fines se disputan. Los medios, el camino, han quedado de lado. Tan es así que todo el arco político se refiere a LA DEMOCRACIA, de este modo, a secas, con mayúsculas, como expresión deshistorizada, concluida, constituida en un clisé compartido por casi toda la sociedad: desde el gobierno, a la totalidad de la clase política, el aparato massmediático, el empresariado, la clase obrera, etc. No aparecen matices, ni pliegues, ni los diversos institutos quedan puestos en tensión respecto a su democraticidad o su contrario restrictivo y expropiatorio.

En ambas acepciones de la muletilla traída a colación, la semana que culmina confirma la vigencia de su usanza, ya que se bombardeó el camino y más particularmente aún, en la segunda variante interpretativa, no sólo en Uruguay sino a ambos lados del Río. El instituto del veto resulta en este caso el verdadero protagonista de la erosión de los cimientos para el tránsito hacia la conquista de derechos y libertades. En ambos casos las metas fueron abortadas o están amenazadas por la ejecución de este instituto. De la vereda oriental es suficientemente elocuente con sólo recordar el reciente debate sobre la ley de salud sexual y reproductiva; en la de enfrente, por un pedido y un ejercicio concreto del mismo al cual referiré sobre el final.

Podrá el lector impugnar este análisis en virtud de que el autor se inscribe taxativa e inequívocamente a favor de las tres leyes vetadas (dos efectivamente y la restante bajo amenaza). Tendrá plena razón en hacerlo ya que implica para quien suscribe la obstaculización de efectivas metas o fines y el consecuente desánimo la derrota. Pero este artículo no pretende discutir o fundamentar la naturaleza progresista o no de las metas abortadas, sino los dispositivos políticos procedimentales que lo hicieron posible y sus consecuencias antirrepublicanas. Aquello que creo que debió discutir la Asamblea General legislativa uruguaya, sin volver a recurrir a las particulares opiniones de cada legislador sobre el fondo del asunto, ya que tal debate tuvo lugar oportunamente con resultados conocidos. En esta otra instancia, ya no es el Poder Ejecutivo el responsable de la lesión, sino una parte significativa del legislativo que compromete al cuerpo todo. La cuestión en esa instancia ya no podía ser la meta y la valoración que cada protagonista tuviera de ella, sino inversamente, el resguardo o deterioro de las «reglas de tránsito», para continuar con la alegoría propuesta. El jueves pasado, los semáforos cívicos dejaron de funcionar.

Las tres peores concatenaciones hipotetizadas ante el veto en este mismo espacio el domingo pasado se efectivizaron. Por un lado se legitimó la utilización del instituto del veto. Por otro se avasalló con él la autonomía del Poder Legislativo en su único y específico metier. Y por último se abortó la posibilidad de plebiscitar el objeto de controversia. Las tres consecuencias deterioran profundamente la acepción del camino como procedimiento colectivo de toma de decisiones. También obviamente la acepción del mismo como meta o conquista, aunque aquí sólo restringida a quienes la consideramos tal. La res pública resultó herida.

En ningún caso se ponen en cuestión la legalidad constitucional de la medida y los procedimientos. Las constituciones pueden y deben reformarse, pero mientras no se reformen, el respeto por la vigente resulta ineludible. No obstante, el respeto constitucional no garantiza en abstracto democraticidad alguna. Inclusive puede en concreto, como es el caso, significar su contrario. El instituto del veto está incluido en las constituciones de ambos países (cosa que, dicho sea de paso, sería sumamente beneficioso eliminar en alguna futura reforma) pero ningún presidente está obligado a ejercerlo, tanto como no está obligado a disparar quien estuviera armado si lo referimos a otra polémica oriental a la orden del día. Es decir que aunque constitucional, despreciar el peligro que supone la vigencia de un instituto de semejante concentración de poder con el argumento de su improbable o infrecuente utilización, elude ingenuamente las impregnaciones autoritarias que irradia hacia el sistema político en general con su sola existencia. Ni hablar si se lo utiliza.

La referencia a los otros dos casos de ejercicio o intento de veto presidencial del lado argentino no debe en ningún caso soslayar las diferencias abismales entre uno y otro país en materia de respeto por las tradiciones republicanas y particularmente la separación e independencia de poderes. La estructura institucional argentina está signada por el clientelismo, la banelquización (eufemismo que refiere a la corrupción del Poder Legislativo) y el más crudo oportunismo político en la capitalización de la conflictividad social y el deterioro. Siendo un país sin izquierdas significativas, estas características no son, sin embargo, sólo prerrogativa de la derecha. En los acotados espacios en los que las izquierdas logran tener algún mínimo de inserción, la adhesión acrítica a estas prácticas resulta el común denominador. Para la Argentina, se trata de una lesión crónica estructural.

El poder de veto es el más fascinante de los institutos para el ejercicio del poder personalista o faccioso, concentrado y excluyente, que recuerda que no es cierto que en la historia sea la derecha la única en tentarse con su ejercicio.

Tomemos el otro ejemplo rioplatense. El mismo jueves que la asamblea uruguaya ratificaba el veto presidencial, el Senado argentino se disponía a votar la ley derogatoria del régimen de jubilación privada por sistema de capitalización, reestatizando todo el sistema previsional. La Cámara de Diputados ya lo había aprobado por abrumadora mayoría. Ese mismo día ­y hasta el día de hoy­ la presidenta Cristina Fernández de Kirchner estaba de gira por Africa. El vicepresidente Cobos, recordado por su desempate «no positivo» que traicionó al proyecto de retenciones agropecuarias enviado por el propio Poder Ejecutivo, recibió una carta de legisladores del partido PRO ­liderado por el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri­ solicitando el veto de la ley previsional. El argumento para tal solicitud no es otro que el mismo esgrimido en la Cámara de Diputados para fundamentar su voto a la sazón minoritario. La carta completa puede encontrarse en //quieroamipais.blogspot.com/. La oportunidad a nadie puede escapársele: la ausencia presidencial. Hasta el momento de escribir estas líneas el «presidente en ejercicio» mantiene un PPS.

Sin embargo, la propia presidenta también acude al instituto monárquico cuando lo cree oportuno. Una semana atrás, el parlamento votó por unanimidad la ley de defensa de los glaciares que luego
fue vetada en forma completa por la presidenta, para sorpresa de todo el oficialismo. La única explicación posible para el propio diputado oficialista Bonasso, impulsor de la ley, es la presión de los lobbies de empresas extractivas que venían desarrollando proyectos mineros o hidrocarburíferos en zonas glaciares o periglaciares. Aunque la legislación argentina es un poco más exigente que la uruguaya para revertir la medida, ya que se requiere las 2/3 partes de la asamblea legislativa, el hecho de haber sido votada unánimemente permitirá tener un indicador muy preciso del nivel de dependencia y porosidad corporativa del Poder Legislativo.

La lucha por la democratización de las sociedades latinoamericanas, lejos de haber culminado, se encuentra dando sus primeras batallas de una larga y compleja serie que tendrá sinuosidades, avances y retrocesos.

|*| Profesor Titular de la Universidad de Buenos Aires, escritor, ex decano.