REPUBLICA

El viernes 7 de noviembre, los movimientos que con tanto esfuerzo habían llevado al Parlamento el proyecto de ley de salud reproductiva comenzaron sus festejos. Aunque aún no se había aprobado en el Senado, se sabía que estaban los votos. Cuatro días después, el martes, culminaba finalmente un larguísimo proceso legislativo, con la aprobación de la ley. Varios diarios de América Latina y el mundo comentaron el suceso. En aquel pequeño país, casi perdido en el mapa: Uruguay, se había aprobado una ley que despenalizaba el aborto y constituía un ejemplo de «avanzada» en el campo de los derechos sexuales y reproductivos. Por unos días y por unas horas, algo así como un «tercer batllismo» parecía estarse instalado, otra vez, en el paisito. ¿Sería posible?

El primer batllismo dejó una marca perdurable en la historia del Uruguay hasta nuestros días. Hizo de nuestro país un ejemplo, y nos dio una identidad. Defendió los derechos de los trabajadores, concibió al Estado como «el escudo de los débiles», libró una batalla contra los estancieros para modernizar el país y urbanizarlo, y le ganó la pulseada a la Iglesia Católica sometiendo a consulta popular la condición laica del Estado. Esta última fue responsable de buena parte de la legislación «de avanzada» que conocemos: entre ellas, la ley que habilitó al divorcio civil.

Buena parte de esta obra ya estaba completa con el segundo batllismo, aunque los logros de este último no son menores en algunos campos: claramente, en el del emprendimiento de un Uruguay «industrial», a tono con el desarrollismo de la época. Visto a la distancia por algunos críticos, esto sólo fue un experimento destinado al fracaso, pero en el largo plazo de la historia uruguaya, sus resultados son más que positivos.

Para la dirigencia uruguaya, tres acontecimientos son cruciales en su historia, según registró una encuesta de Cifra: el primer y segundo batllismo, y la dictadura. José Batlle y Ordóñez es la figura política más importante del siglo XX. ¿Recordarán de la misma manera los uruguayos el primer gobierno de izquierda en el Uruguay del siglo XXI?

Resulta difícil predecirlo. Sobre todo, si sus gestos comienzan a ser contradictorios. El veto presidencial a la Ley de Salud Reproductiva, por muy anunciado que fuera, fue como un balde de agua fría sobre los ánimos festivos del fin de semana anterior. Y no sólo porque volvió a fojas cero el esfuerzo de años y años de trabajo (de campañas, de debates, de votos conseguido uno a uno, de libros escritos, de redacciones de proyectos revisadas año a año, de legislación en legislación, y de cámara en cámara). Lo fue porque representó la voluntad de uno contra la voluntad de muchos. Y más que eso. La voluntad de uno, contra la voluntad «pública». Y república significa esto: la cosa (res) pública. Lo que es de todos, decidido entre todos.

Esta voluntad «pública» no se construyó de un día para el otro, ni fue una acumulación de votos, ni siquiera, fue la voluntad de un partido (algo que muchas veces se confunde con la «voluntad pública»). Comenzó en la demanda subterránea, sofocada, clandestina, de cada una de las mujeres que debió enfrentar la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de riesgo. Siguió en las iniciativas de grupos que defendían los derechos de las mujeres, y grupos de médicos que tomaron partido por ello (y en la Universidad, y en el PIT-CNT, y en la plataforma de muchos de los partidos que conforman el FA). Todos ellos son responsables por la presentación no de uno, sino de varios proyectos de ley. Finalmente, tomó forma en el Parlamento. Y no en esta legislación, sino en la pasada. Y en la anterior. Continuó en un movimiento de «opinión pública» que las encuestas recogieron año a año, y que arrojaba una inmensa mayoría de voluntades dispuestas a terminar con la hipocresía de la Ley de 1938 y despenalizar, finalmente, el aborto voluntario.

No, no se hizo de un día para el otro. Llevó años. Y mucha movilización «desde abajo», desde la sociedad civil. Fue un ejemplo de iniciativa ciudadana. De la que se aplaude en el papel, se incluye en el discurso, pero luego, se descalifica en la práctica. Pocos proyectos de ley conoce el Parlamento como éstos. Dos terceras partes de las leyes que aprueba son proyectos enviados por el Poder Ejecutivo. Sólo una tercera parte tienen su propio origen en el Parlamento. Sin embargo, es el Parlamento el que presenta más iniciativas legislativas (es responsable por el 60% de los proyectos de ley presentados en cada legislatura). Sólo que no tiene tanto poder como los gobiernos (representados por sus Ejecutivos) y son éstos quienes imponen su agenda de políticas a través de sus mayorías legislativas. Esto es lo que ha pasado, desde el inicio del primer gobierno democrático hasta ahora, con independencia del partido que estuviera en el gobierno: el Parlamento aprueba, en su gran mayoría, lo que el Ejecutivo le manda.

La Ley de Salud Reproductiva es parte de ese conjunto de leyes que el Parlamento elabora, y en este caso, tuvo un derrotero «exitoso», luego de tantos fracasos. Tras idas y venidas, e itinerarios de aprobación muy intrincados para cualquier ciudadano de a pie (como el que resultó en la aprobación en el Senado el año pasado, o el que introdujo las modificaciones en Diputados en este año), finalmente se aprobó. El veto presidencial, sin embargo, pesaba como una amenaza sobre la bancada parlamentaria, y a pocos días de aprobada, como era previsible, la ley fue vetada. Terminaron los festejos, y claro está, comenzaron los reproches. Pero esos reproches que hace sólo un año se hubieran vertido en un clima de optimismo generalizado acerca del gobierno, hoy se instalan en el clima caldeado por la corrida electoral, y la incertidumbre de los frenteamplistas respecto de la «fórmula ganadora» para 2009 (una buena razón para entender el apoyo a la ley en sala de los principales contendientes de esta disputa: los senadores Mujica y Astori).

La mayoría de los vetos se producen por cuestiones presupuestales. El Parlamento aprueba en general gastos, que le impiden al gobierno cerrar las cuentas; el Ejecutivo entonces veta. Esto tiene una lógica muy clara: el responsable por las finanzas públicas es el Ejecutivo; por consiguiente, se «reserva» una discrecionalidad muy grande en materia de gasto. Pero no es el caso de esta ley.

La mayoría de los vetos se ejercen cuando el gobierno no tiene una mayoría parlamentaria propia, y especialmente, cuando una bancada «hostil» le quiere imponer una legislación. Pero no es este el caso; de hecho, el Presidente vetó a su propia bancada (la mayoría de los legisladores que votaron la ley son del Frente Amplio). Que exista un conflicto de poderes entre Ejecutivo y Legislativo no es raro. Lo que es raro, es que este conflicto se exprese entre el ala «presidencial» (puesto que la mayoría de los miembros del gabinete no acompañaron espontáneamente la decisión presidencial) y la bancada parlamentaria de un mismo partido.

Más allá de lo que esto evidencie sobre la interna complicada que vive el Frente Amplio entre sus arenas decisorias (ejecutiva, legislativa y partidaria), es claro que el modus operandi en este caso, es lo contrario a cualquier versión republicana. La de la cosa pública, decidida por los muchos. También es claro que implica un retroceso en lo que algunos concibieron como un «tercer batllismo». El batllismo no fue lo que fue solamente por sus políticas sociales y sus políticas hacia el trabajo: también fue lo que fue por ser «de avanzada» en relación a su propio período histórico. En su momento, ello significó tener un gran conflicto con la Iglesia Católica (y con los militares, y con los estancieros, entre otros). Ser de avanzada exige conflicto, sin duda. Pero ¿qué legado histórico se ganó sin conflictos?

|*| Profesora de varios posgrados en universidades españolas.