EL PREDOMINIO DE LA POLITICA SOBRE LA ECONOMIA

Dos hechos recientes marcan con nitidez el predominio de la política sobre la economía: la necesidad de una fuerte intervención del Estado para resolver la crisis financiera global con origen en los Estados Unidos y que Paul Krugman reciba el Premio Nobel de Economía. La actual crisis financiera marca el fin del neoliberalismo fundamentalista que suponía que el mercado resolvería todos los problemas económicos y sociales. La desregulación financiera se ubica en el origen de esta crisis lo que volvió inevitable una fuerte presencia del Estado y, por lo tanto, de la política, para atender los problemas financieros. Estos fueron generados por el libre juego del mercado y por sectores privados inescrupulosos que en procesos especulativos ­derivados mediante­ generaron una enorme conmoción mundial con caídas de grandes instituciones financieras. La política pasó a predominar sobre la economía. El Premio Nobel otorgado a Paul Krugman va en el mismo sentido por su virulenta crítica al gobierno de Bush, al neoliberalismo y a la inadecuada salida de Paulson. Además, empezando por el Reino Unido, se atiende a la capitalización de las instituciones financieras como Krugman lo había propuesto, lo que parece ser la medida que comienza, esta semana, a generar confianza en los mercados bursátiles del mundo. Ayer le otorgaron el Premio Nobel a Stiglitz, hoy a Krugman, compañeros de tareas en la crítica al neoliberalismo y a la necesidad que la política predomine sobre la economía.

Este lunes se aprobó en el Senado de la República las modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central. Dos temas nos interesan resaltar: la autonomía del Banco Central y los objetivos centrales de dicha institución. El proyecto original, que venía del Poder Ejecutivo, planteaba desligar los procesos electorales de la designación del Directorio del BCU, cuyos miembros serían elegidos por ocho años. Esto le otorgaría al BCU independencia de los avatares políticos y alcanzar una mayor autonomía. La bancada parlamentaria del Frente Amplio no aceptó este criterio y se logró un acuerdo político que mantuvo el régimen vigente. Es decir, al asumir un nuevo gobierno, este designa a los directores del BCU por el período de su mandato constitucional, o sea, por cinco años. En esencia entendimos que cada partido político que alcanza el gobierno tiene el derecho de designar la mayoría correspondiente en el directorio del banco para asegurar que sus propuestas electorales puedan ser aplicadas sin limitaciones. Es decir, para tener la posibilidad de definir, a su leal saber y entender, cuáles deben ser las políticas monetarias y cambiarias que entienda más conveniente. Con el régimen de autonomía un partido ganaba la contienda electoral pero se podía encontrar con un Directorio del BCU con ideas contradictorias a sus postulados que le impediría aplicar su política macroeconómica. Nuevamente entendimos que la política debía predominar sobre la economía y, sobre todo, sobre la tecnocracia. En los procesos democráticos las elecciones nacionales definen el partido político ganador y éste tiene todo el derecho de definir claramente sus políticas cambiarias y monetarias y no quedar subordinado a directores provenientes de gobiernos anteriores, en nombre de la autonomía, de la neutralidad de la política bancocentralista y del pensamiento único pregonado por instituciones financieras internacionales como el FMI. Por ello, el gobierno, en nombre del partido político ganador, nombra al asumir la mayoría del directorio. Por lo cual, cuando existen diferencias entre las posiciones del Poder Ejecutivo y del Banco Central, predominarán las del Ejecutivo.

La autonomía del Banco Central surgía por errores cometidos por los partidos políticos, como por ejemplo el financiamiento de elevados déficits fiscales con emisión monetaria. Sentimos que los partidos políticos de Uruguay han alcanzado un alto grado de madurez y responsabilidad para cumplir adecuadamente sus funciones en esta materia.

El otro gran tema que sufrió modificaciones al impulso de la bancada parlamentaria del Frente Amplio es el de los fines primordiales del Banco Central. Se proponía como fin primordial la estabilización de precios, pero se le agregó que fuera compatible con el crecimiento y el empleo. La realidad muestra que no hay una única interpretación de las causas de la inflación, que no hay pensamiento único como en muchas oportunidades surgían de las recetas del FMI. Inclusive pueden ocurrir procesos inflacionarios cuyas causas no logran ser resueltas con los instrumentos disponibles por el Banco Central. Por lo tanto no hay una única forma de resolver la estabilización de precios. Importa señalar que puede haber estabilización de precios con ancla cambiaria y sin ancla cambiaria. Incorporar la compatibilidad con el crecimiento y el empleo resulta importante para que no se repitan errores garrafales del pasado. La ley de convertibilidad de Argentina, basada en el uno por uno, resolvió el problema de la inflación, pero generó una muy fuerte desindustrialización, aumento del desempleo y la pobreza, y muy fuerte pérdida de la competitividad. Esta ley de convertibilidad se ubica también en el centro explicativo de la crisis financiera que sufrió Argentina en 2001. Algo similar ocurrió en Uruguay con la tablita en 1982 y con el atraso cambiario de la década del 90 que culminaron en sendas crisis financieras. El tema central es no utilizar la política cambiaria con objetivos antiinflacionarios, salvo en casos excepcionales, para no afectar el crecimiento y el empleo. El tema se vive en estos días, cuando el Banco Central el 2 de octubre, con el objetivo de controlar la inflación, vendió cuarenta y siete millones y medio de dólares para contener una suba lenta y gradual del tipo de cambio. La semana pasada se permitió un leve crecimiento positivo atendiendo a la depreciación del euro y, en especial, del real brasileño. Siempre es importante controlar acciones abruptas, volátiles y bruscas del tipo de cambio que sin duda son negativas. Pero su valor debe atender mucho más a la competitividad que a la estabilización de precios, máxime cuando la inflación presente se ubica en un dígito. Por ello también entendemos la necesidad de los equilibrios macroeconómicos, pero no sólo de las variables financieras, como el equilibrio fiscal y el del balance de pagos, sino también contemplar variables reales como el crecimiento y el empleo.

|*| Senador por la 609-FA, economista