LA MATRICULA, LA JUSTICIA Y EL DESARROLLO

¿Introducir la matrícula en la enseñanza universitaria pública sería justo, ayudaría a los estudiantes de menores recursos, beneficiaría al país? Estas son grandes cuestiones, que merecen un debate profundo y requieren respuestas claras, en particular de quienes deben pronunciarse sobre el marco legal de la educación nacional.

Los argumentos principales a favor del cobro de matrícula parecen ser los dos siguientes. En primer lugar, dado que hay estudiantes que deben hacer grandes esfuerzos para seguir sus estudios, para disponer de mayores recursos para brindarles apoyo, se sostiene que las familias en mejor situación deben pagar por los estudios de sus hijos. En segundo lugar, se aduce que la gratuidad de la educación avanzada es injusta, pues beneficia ante todo a quienes más acceden a ese nivel de la enseñanza, que no son en general quienes provienen de los sectores más desfavorecidos de la población.

Los problemas involucrados son de una envergadura indudable: grandes sacrificios demanda a los jóvenes de los sectores menos privilegiados completar una formación terciaria o universitaria, y comparativamente pocos son los que lo logran. Esto es injusto para ellos y para sus familias; agrava la desigualdad, cada día más ligada al acceso a la educación avanzada; perjudica al país, pues su desarrollo depende crecientemente de la incorporación de conocimientos y calificaciones a todas las actividades socialmente valiosas. La gravedad de la situación no debiera estar en discusión; lo que merece atenta consideración es si la matrícula contribuye a resolverla o a agravarla, y si no existen alternativas a la vez más justas y más eficientes.

Observemos, antes que nada, que la eventual validez de los razonamientos reseñados a favor de la matrícula no se restringe a la enseñanza universitaria.

Uno de los argumentos llevaría a requerir el pago por los estudios de sus hijos a algunas familias en todos los niveles donde haya estudiantes que requieren apoyos especiales; pues bien, ¿en qué nivel de la enseñanza pública no existen casos semejantes?

A su vez, el argumento de que debe pagarse por la enseñanza universitaria, pues a ella accede una proporción significativamente menor de personas de los sectores desfavorecidos, se extiende directamente a otros ámbitos de la enseñanza terciaria.

Por ejemplo, un documento citado en apoyo del cobro de matrícula afirma que «el gasto público destinado a la formación de maestros y profesores» presenta un bajo «nivel de progresividad» porque hay menos estudiantes de magisterio y profesorado pertenecientes a los quintiles de menores ingresos que a los de mayores ingresos.

En realidad, el argumento que nos ocupa llevaría a introducir la matrícula antes de la enseñanza terciaria. Cifras oficiales establecen que sólo un tercio aproximadamente de los jóvenes uruguayos culminan un ciclo completo de la enseñanza media. En el quintil de menores ingresos, la proporción es del 10%, mientras que entre los de mayores ingresos es 77%. Por consiguiente, los recursos que se destinan a sexto año de la enseñanza media benefician proporcionalmente más a las familias en mejor situación. ¿Corresponderá cobrar matrícula a esa altura?

La consistencia argumental llevaría pues a poner en tela de juicio la gratuidad en el conjunto de la enseñanza pública, y no sólo en la Universidad de la República (UR), como suele proponerse.

Ahora bien, aún restringida al nivel universitario, la matrícula es, más allá de la intención, una mala solución, como surge directamente de los datos de la realidad. Recordemos algunos.

Entre los estudiantes de la UR, 55% trabaja; seguramente no cabe proponer que paguen matrícula. Otro 21% busca trabajo, pero no lo había encontrado en el momento del censo; también a ellos, si se les cobrara, se les empujaría a la deserción.

Un 24% de los estudiantes de la UR no trabaja; ¿cuántos de ellos dispondrán de recursos propios como para pagar matrícula? Esta recaería, en la abrumadora mayoría de los casos, en sus familias, vale decir, por lo general, en la madre y el padre de personas mayores de edad y que aspiran a vivir independientemente.

Las familias de los estudiantes universitarios, en general, han hecho esfuerzos grandes para respaldar sus estudios. Siguen haciéndolo en muchos casos, particularmente en el caso de los estudiantes que no trabajan. ¿Cuántas de esas familias podrían pagar? ¿Cuántos inspectores se necesitarían para determinarlo y para analizar los cambios de situación? ¿Cuántos conflictos e injusticias se generarían?

Los costos espirituales e incluso materiales serían significativos. Los ingresos, según diversos estudios, no tendrían mayor entidad. Pero sí la tendría una consecuencia altamente probable de tal curso de acción: como varias familias no podrían o no querrían pagar y numerosos estudiantes no aceptarían imponer nuevos sacrificios a sus padres, el abandono de los estudios se multiplicaría.

Por supuesto, eso apenas si afectaría a los realmente ricos, por lo cual se incrementaría la injusticia generada por la desigualdad en el acceso a la enseñanza superior. Y, con menos personas altamente capacitadas, las perspectivas del desarrollo nacional, por cierto, no mejorarían. La matrícula es una opción contraproducente.

Para elegir un camino, hace falta definir qué se quiere como destino. El desarrollo humano sustentable del Uruguay tiene que basarse en el aprendizaje avanzado de la mayoría de su gente. Colaborar a financiarlo es un deber para todos los que hemos tenido el privilegio de completar una formación terciaria. El aporte de los profesionales al Fondo de Solidaridad permite financiar casi seis mil becas por año. Si ese aporte fuera proporcional a los ingresos que depara la profesión, sería más justo y se dispondría de mayores recursos. Más en general, cuanta más gente altamente formada tengamos, más productiva será nuestra economía y mayor podrá ser la inversión en educación y en el conjunto de las políticas sociales.

Definir esta cuestión, siempre relevante, ha devenido acuciante. A la UR diversos sectores le reclaman importantes transformaciones, en varios casos con sobradas razones. Dentro de la institución se trabaja para poner en marcha reformas profundas, al servicio de lo cual se intenta plasmar una propuesta de nueva Ley Orgánica. Se apunta a revitalizar, en las condiciones de nuestra época, el ideal de universidad autónoma, cogobernada y socialmente comprometida que inspiró la elaboración de la Ley conquistada en 1958. Ese ideal incluye el principio de gratuidad, consagrado en el artículo 66 de dicho texto legal. No se puede esperar que la Universidad someta al Parlamento la necesaria propuesta reformadora si no se explicita el apoyo a los principios universitarios fundamentales.

Por supuesto, la cuestión desborda al ámbito universitario. El gobierno ha formulado de manera neta su posición de conjunto al respecto a través del Proyecto de Ley General de Educación, cuyo artículo 19 establece: «El principio de gratuidad asegurará el cumplimiento del derecho a la educación y la universalización del acceso y permanencia de las personas en el sistema educativo». El artículo 25 deja en claro que el Proyecto se refiere a todos los niveles de la educación, desde el inicial al universitario, incluyendo al posgrado. La consideración parlamentaria de tal Proyecto requiere una definición sobre la gratuidad que, confiamos, será ampliamente mayoritaria y clara como la luz del día.

El Proyecto de Ley de Educación reivindica la gratuidad de toda la enseñanza pública y afirma que la educación constituye un derecho humano fundamental. Para hacer realidad ese derecho, quienes hemos tenido el privilegio de acceder a una educación avanzada y completarla, tenemos el deber de colaborar a que otros puedan también educarse y, en general, al mejor uso social del conocimiento. Los graduados universitarios debemos contribuir, en proporción a
l ingreso que nos genere el ejercicio profesional, al financiamiento de la enseñanza terciaria. Los graduados en instituciones públicas y gratuitas tienen el deber de poner sus conocimientos, durante algún período, al servicio de la sociedad que ha financiado sus estudios. Durante la realización misma de sus estudios, los estudiantes pueden y deben colaborar con la sociedad, a través de una diversidad de tareas que no sólo les permitirán cumplir con un deber, sino que también enriquecerá su formación; a eso apunta la generalización de la extensión universitaria, que la UR promueve.

Es imperioso recordar que la inversión universitaria tiene que ver no sólo con tareas de enseñanza, sino con la investigación y la innovación, la atención a la salud, el respaldo a la producción, la extensión y el fomento de la inclusión social. Este conjunto de tareas, ¿es «regresivo»?, ¿es un despilfarro?

|*| Rector de la Universidad  de la República