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Uruguay y Argentina comparten un raro privilegio internacional. Sus universidades públicas son las únicas en el mundo que lograron conservar en su totalidad, y profundizar aún más, los derechos reformistas que, noventa años atrás, iniciaron el sismo político con epicentro en la ciudad de Córdoba.
Aquella erupción social fue estremeciendo paulatinamente, por influjo de su onda expansiva, las esclerosadas estructuras universitarias de América Latina. Alentada por las expectativas emancipatorias de las revoluciones mexicana del 10 y rusa del 17 y las confrontaciones de las clases medias (representadas por el yrigoyenismo gracias a la ley Saenz Peña) con el modelo agroexportador oligárquico, la rebelión estudiantil del 18, significó mucho más que un cambio de planes de estudio. No es propósito de esta contratapa realizar una simple efemérides. Por el contrario, lo es destacar que sus consecuencias sociales, aún con los ataques recibidos y las interrupciones dictatoriales, están entre los objetivos vertebrales de las reformas que varios países de la región se proponen encarar actualmente: en pocas palabras, los de una movilidad social ascendente e inclusión social. Algo de este sendero, que comenzó a abrirse por entonces a machetazos movilizatorios y fuerza popular, persiste en reclamar su resguardo y vigencia, si de encarar transformaciones progresistas se trata.
Aquella reforma universitaria fue la resultante de un imaginario desaristocratizante y anticlerical en nombre de la libertad de cátedra, la meritocracia, la modernización cognitiva, la secularización, la periodicidad de las cátedras y el recambio de titulares. Un espíritu antifeudal derrumbó el carácter vitalicio y hereditario de los cargos docentes y abrió paso al inicio de la universidad crítica y de masas, sin la cual sería impracticable reformismo político, social y cultural alguno, particularmente en países periféricos y dependientes como los nuestros. No es ajena al movimiento reformista, la expansión geométrica y consolidación de las capas medias y su alta calificación laboral comparativa en el Río de la Plata a lo largo del siglo pasado.
Las palas que cavaron aquella brecha entre los feudos del pasado y los embriones del presente fueron dispositivos político-estatutarios: la autonomía, el cogobierno, los concursos de oposición y antecedentes, la periodicidad de los cargos. La leyenda según la cual habiendo empujado estas normativas, arrastraron literalmente con ellas al rector conservador por la ventana, ha propiciado la simplista y estéril concepción izquierdista de que basta tomar del fundillo a alguien con investidura para lograr con ello transformaciones revolucionarias. Las grandes reformas, e inclusive las propias revoluciones, son algo más que una simple patada en el culo.
Las nueve décadas transcurridas han trazado muy sinuosas trayectorias en cada uno de los países influidos por esta experiencia. Casi todos ellos han sido atravesados por distintas dictaduras, a las que sucedió el neoliberalismo en los últimos años, con iniciativas que intentaron avanzar sobre los logros de la reforma, además del crecimiento de las universidades privadas en general y católicas en particular. Exhaustas presupuestariamente, los chantajes económicos del Banco Mundial, presionan con la implementación de proyectos neoliberales que pretenden convertir a las universidades en productoras de bienes terciarios e insumos excluyentes de las empresas, con la consecuente asfixia del pensamiento crítico y la libertad de cátedra e investigación, además de la coacción hacia el abandono de las tareas de extensión, es decir, del compromiso social de la actividad académica y científica.
Sin embargo, aún en este contexto de deterioro, los sistemas universitarios rioplatenses no sólo lograron sostener los principios reformistas, sino extenderlos para apoyarse en cuatro patas de arraigo social: la autonomía y el cogobierno del proyecto reformista original, potenciados luego por la gratuidad plena y el ingreso irrestricto. Encontraremos en el mundo muchísimos modelos universitarios que sostengan algunos de estos cuatro muros demarcatorios de esta arquitectura institucional, mas en ningún caso la totalidad de ellos, con los que queda resguardada esta fisonomía educativa excepcional. Surge de esto último, que, sin dejar de someterla a permanente examen crítico y posible profundización, la amenazada reforma histórica y su continuidad hasta el presente, exige su defensa y conservación.
En mi universidad, desde la crisis argentina de diciembre de 2001, los líderes del radicalismo (históricamente hegemónicos y blandos herederos de los reformistas de antaño) fueron sustituidos por una alianza de agrupaciones radicalizadas, ahora en su acepción más literal de inspiración trotskista, que asumió la vacante directiva, sus negociados y repartijas en similar proporción y metodología, conjuntamente con una nueva escisión de la conducción gremial docente de idéntico signo y matiz. La «adeomización» de la universidad comienza a estructurarse.
Luego mi facultad estuvo en las portadas de los diarios a raíz de un pequeño, aunque muy preocupante y peligroso derrumbe, que es verdadera metáfora de su profunda decadencia material y política. Las condiciones edilicias, precisamente aquellas únicas por otra parte sobre las que la universidad privada ofrece ventajas comparativas mediante un intercambio pecuniario, no sólo aconsejan una sostenida y enérgica lucha para su recuperación, sino todo un llamado de atención a la sociedad respecto al deterioro y riesgos posteriores del sostenimiento material de la continuidad reformista con sus posibilidades socialmente inclusivas. La dirección estudiantil y una de las cuatro burocracias sindicales docentes en que quedó dividida la representación de los profesores (que sólo representan a unos pocos afiliados) llamó, correctamente en mi opinión, a una toma y movilización.
Pensará el lector sensible que esta táctica combativa, de larga tradición internacional, consistiría en la reunión de la comunidad en su conjunto para exceder el mero ejercicio habitual de las cursadas ¿Quién desprovecharía la estructura física de reunión y la organización de la agenda curricular para encarar debates, organizarse, articular los insumos teóricos que se imparten en las clases con las exigencias de la coyuntura y nutrir masivamente la marcha desde cada cátedra? ¿De qué otra manera poner el cuerpo a estos propósitos? ¿Cómo sostener una actitud cívica y ética frente a un riesgo y una perspectiva indubitable de creciente decadencia? Pensará además el lector que la peor de las estrategias, la más funcional a la ofensiva privatizadora, es el vaciamiento y la parálisis de una institución con estas características.
Pues no. No dejaron pasar a ningún profesor, a ningún estudiante. En la semana, una gendarmería de algunas decenas de militantes custodió celosamente las barricadas montadas en las escaleras y ascensores expulsando a todos los miles de actores hacia sus casas. Impidieron así la propia redacción de su guión al constituirse en una aduana infranqueable que se apropió de un tesoro público como es la sede material de cualquier práctica deliberativa y movilizadora: la facultad misma. La deprivación del espacio, lo fue también de todo lazo político, social, intelectual y de una posible sinergia dignificadora. Los organizadores afirman que cuatro mil estudiantes y algunos docentes asistieron a la marcha, lo que consideran un éxito. Los doscientos noventa y seis mil restantes no asistieron a marcha alguna, ni tuvieron siquiera oportunidad de debatir. Independientemente de las inmejorables intenciones de los «dirigentes», difícilmente los contrarreformistas imaginaran semejante homenaje.
Tal vez ayude a entender esta desembocadura el hecho de que uno de los pilares de la conducción estudiantil es el mismo partido «revolucionario» que acompañó el reciente lockout patronal agrario, los co
rtes de rutas y movilizaciones, rearticulando a toda la derecha política, al que ya nos hemos referido desde este espacio en otras ocasiones. Tal vez ayude a explicar parcialmente por qué Argentina ha sido y es un país sin izquierda.
El manifiesto liminar de los reformistas del 18, popularizó la sentencia «los dolores que nos quedan son las libertades que faltan». Precisamente aquellas que hoy supuestos revolucionarios nos conculcaron impidiendo acudir en su homenaje y defensa.
|*| Profesor Titular de la Universidad de Buenos Aires, escritor, ex decano.
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