La Iglesia Católica reclamó al Estado más políticas sociales
Con las firmas de los obispos, Carlos Collazzi, Rodolfo Wirz y Pablo Galimberti, la Conferencia Episcopal Uruguaya (CEU) dio a conocer ayer un comunicado titulado «El hambre y la pobreza tienen rostro de niño» donde se manifiesta preocupación porque «sólo el 12% de los niños pobres son atendidos por el Iname».
El Consejo Permanente de la CEU recibió además al sacerdote Marcelo Fontona, coordinador de una Red de 110 proyectos socioeducativos que pertenecen a la Asociación Uruguaya de Educación Católica, quien compartió la preocupación por el agravamiento de la situación de la pobreza en el Uruguay, que afecta al 50% de los niños.
Los prelados manifestaron su preocupación de que «el Estado no sólo no acreciente las políticas sociales destinadas a la infancia sino, además, su demora en la transferencia de los recursos, lo que afecta seriamente la continuidad de los escasos servicios que brindan estas organizaciones». El servicio prestado por las organizaciones dedicadas a la atención a menores de escasos recursos corre serio riesgo de verse resentido por el no pago de una de las partidas convenidas correspondiente al mes de agosto. Este atraso viene afectando el normal cumplimiento de las obligaciones que tienen estas ONG y comienzan a generarse atrasos en el pago de las facturas de UTE, OSE, Antel y los aportes al Banco de Previsión Social (BPS). También, la falta de dinero originada por la omisión del Poder Ejecutivo, seguramente impida a estas organizaciones cumplir con el pago del aguinaldo y el salario vacacional al personal. Ante esta perspectiva, cuatro asociaciones que agrupan a organizaciones que trabajan con la minoridad enviaron una carta a todos los parlamentarios con la finalidad de informar del peligro que está corriendo la niñez marginada por no cumplirse en tiempo y forma con las partidas. A esto se suma la incertidumbre reinante sobre si el próximo año se contará con los dineros necesarios para seguir funcionando y reclaman saber cuál será la partida que tendrán a disposición a fin de planificar el servicio.
La Asociación Nacional de Organizaciones no Gubernamentales Orientadas al Desarrollo (Anon), la Federación de Instituciones Populares de Educación Inicial (Fipei), la Federación de Instituciones Privadas de Ayuda al Menor (Fipam) y la Asociación Uruguaya de Educación Católica (Audec) se movilizan para evitar mayores perjuicios a las 483 instituciones que tienen convenio con el Iname mediante el cual atienden a unos 35 mil niños.
Otro aspecto negativo para estas instituciones es que las partidas que reciben en unidades reajustables tiene una tendencia a la baja, mientras que los costos de alimentación de los menores experimentaron un incremento del 25%. A todo esto debe sumarse una mayor demanda de niños.
Sin embargo, tras una campaña de denuncia pública, las organizaciones evitaron que el Ejecutivo disminuyera en un 8% la partida que el Iname destina a estas ONG. Actualmente se encuentran con que Instituto Nacional de Alimentación (INDA) restringió la partida de alimentos secos. *
Compartí tu opinión con toda la comunidad