Negocio redituable

Las máquinas tragamonedas convirtieron en los últimos meses a la ciudad de Buenos Aires, en un campo de batalla paralelo al de la crisis. Mientras los empresarios del juego reclaman que prohibir las máquinas ahora es ilegal, ya que hay un decreto del ex presidente De la Rúa, autorizándolo, por otro lado el gobierno exige se le pague al menos un canon, ya que las casas de juego se niegan a aportar por los slots.

El caso está en el Parlamento, donde los cálculos a nivel de la Comisión de Desarrollo Económico de la Legislatura, sitúan en más de 250.000 pesos lo que anualmente recauda cada máquina.

Aún cuando los valores sean en pesos argentinos, y los máquinas ubicadas en sitios más privilegiados que en Montevideo, la cifra puede dar una idea de cuanto son capaces de facturar estas atracciones. Moneda a moneda «cada uno de los 300 aparatos que hay en Buenos Aires, recauda un cuarto millón de pesos al año», advierte el diario argentino La Nación, en una investigación sobre el tema.

En Uruguay, el 83% por ciento del «líquido» recaudado en los casinos del Estado proviene de las máquinas en las que se juegan dos pesos. El negocio no es en absoluto menor.

El caso argentino

Aunque los datos numéricos argentinos facilitan un acercamiento a valores de este lado del Plata, lo cierto es que el enfrentamiento en Argentina está a otro nivel, mientras en Uruguay continúa escondido.

La pelea entre gobernantes y casas de juego se desató a raíz de un pedido de los empleados de algunos bingos legales, donde se opera con máquinas en discordia, para que las clausuras por estas últimas no afectara sus fuentes de trabajo.

El juez federal de La Plata, Julio César Miralles, dictó una medida de «no innovar», e impidió que se allanaran las casas de juego. Pero Miralles cedió posteriormente. «Los trabajadores me decían que estaba en riesgo su fuente laboral, yo actué en ese sentido. Si las tragamonedas están prohibidas ahí es competencia de otro juez», dijo, abriendo la posibilidad de que el gobierno allanara los bingos.

Ahora la Cámara de Bingos, con un decreto que autorizó el ex mandatario De la Rúa en una mano y la primera decisión de Miralles en la otra, intenta forzar al gobierno provincial para que no persiga a las máquinas. El gobierno de la provincia reclama que antes de ello se cree el Instituto del Juego, órgano imprescindible para que la Ciudad pueda recibir parte del dinero que las apuestas generan en su territorio. A la fecha Buenos Aires no ha recibido un solo peso de los 1.000 millones de pesos que se estima las máquinas mueven anualmente en la capital argentina. *