Justicia archiva denuncia estatal contra tragamonedas ilegales

 

«Vivimos el momento de mayor auge en la historia de máquinas tragamonedas clandestinas las que, además de estar haciendo jugar a niños, constituyen una estafa a los apostadores y una competencia ilegal con el Estado», reconocieron las más altas jerarquías de la Dirección General de Casinos. «En 2001, denunciamos el aumento, pero ahora hay invasión», puntualizaron.

El director general de Casinos, Federico Arralde García; el adjunto a Dirección, Jorge Mosera Laffitte y el gerente de Area, Fernando Magnífico analizaron el explosivo fenómeno, así como su creciente preocupación, en tanto ahora la Justicia archiva denuncias del ente sobre el tema.

A nadie escapa que las máquinas tragamonedas clandestinas han invadido literalmente la capital uruguaya, además de expandirse como reguero de pólvora, en todo centro urbano del Interior. Comenzaron instalándose en las periferias «citadinas», apuntando a los sectores de más bajos ingresos. Panaderías, verdulerías, pubs, quioscos, almacenes, pools, restoranes… y hasta salas de juegos infantiles, cuentan con máquinas de azar, dónde se apuesta la misma suma que en los slots de los casinos estatales: dos pesos.

La suma puede parecer irrisoria en estos tiempos, pero la ganancia final es abrumadora.

Los niños «se tientan», de forma generalizada para apostar desde sus ahorros hasta el vuelto del almacén. Además estas máquinas, ganan siempre. «En los casinos tenemos un estandar, certificado y sellado del porcentaje de devolución de lo apostado en cada máquina. En cuanto a las ilegales, indudablemente no devuelven casi nada: son una estafa».

Las máquinas ilegales han sido detectadas y denunciadas, ante la Policía y la Justicia, en innumerables ocasiones, acorde a las obligaciones que un decreto del Poder Ejecutivo asignó a la Dirección en 1997, de colaborar: «…en la detección del juego ilícito».

Pero las leyes continúan teniendo áreas confusas, que facilitaron, la actual proliferación de estos artilugios.

¡Hagan juego señores!

Aun cuando alguien diseñara, fabricara y distribuyera máquinas tragamonedas clandestinamente, el «negocio» aparece como lo suficientemente complejo para tener una matriz nacional. Años atrás, las máquinas eran lo suficientemente caras como para no justificar los riesgos inherentes al juego clandestino. Actualmente, alcanza con tener el soft-ware de una para reproducirlo y «encajonarlo» en el formato que se desee, a costos absolutamente bajos. Aún así, en reiteradas ocasiones la Dirección de Aduanas ha solicitado la colaboración de la Dirección de Casinos, al descubrir importación de máquinas de origen asiático de ínfimo costo. Aduanas pide a Casinos que certifique que las máquinas en cuestión tengan por destino el juego de azar y además sean «por dinero». Por lo general para cuando se ha llegado a esta fase, los destinatarios de las máquinas han desaparecido.

«Como en el contrabando, se abandonan las cosas», apuntan los directivos estatales, quienes declinan especular si la mayor parte de los miles de aparatos ilegales, son importados o clonados «made in Uruguay». Certifican sí, que las máquinas en ningún caso pueden ser las que desecha periódicamente el Estado. «Los slots viejos, son destinados a repuestos, desguazados y en última instancia destruidos, imposibilitando cualquier intento de uso fuera del circuito», establecen los jerarcas.

Además, en ninguno de los cientos de casos denunciados, las máquinas ilegales alcanzaban el rango de los modelos que operan en el marco estatal.

¡Jueguen señores!

A la proliferación de máquinas ilegales en todo el país, la Dirección de Casinos respondió denunciando ante la Policía centenares de sitios donde sus funcionarios, verificaban que existían los aparatos.

Notificada la Policía y acorde al aval judicial, un técnico de la Dirección acompaña el procedimiento para certificar que sean efectivamente máquinas de azar las que se decomisen. «Incluso debemos de prestar nuestros camiones para que las máquinas sean conducidas a donde disponga el Juez», apuntan los directivos.

Aparece en esta instancia uno de los misterios más intrincados del caso: los dueños de las máquinas clandestinos, no cometen delito alguno.

Aunque cueste creerlo, en un país en que las leyes establecen el envío a la cárcel de quienes sean encontrados jugando a la «mosqueta» en una feria vecinal, por ejemplo, se carece de potestades para procesar a la eventual mafia detrás de miles de máquinas ilegales. La «mosqueta» es un delito. Las máquinas, simple infracción. Curiosamente, la eventual mafia fue protegida por los legisladores que votaron las Leyes de Emergencia. En un artículo del Proyecto  y a pedido de la Dirección de Casinos  se configuraba como delito, el beneficiarse con estas máquinas. Los legisladores colorados votaron en contra, apoyados por sus aliados en la otrora «coalición».

Aún con este marco legal adverso, las actuaciones de la Dirección Nacional se sucedieron, buscando evitar la expansión del fenómeno. Aunque los decomisos se intensificaron, en tanto «infracción», la irregularidad caducaba a los 90 días: a falta de resolución en ese tiempo las máquinas irregulares, podían ser recuperadas. Se estima que casi la mitad se salvaron de la destrucción.

¡No va más!

El capítulo más reciente del fenómeno, es digno de análisis.

Con fecha 5 de julio pasado, el gerente de la Dirección General de Casinos, Daniel Rafuls Fabregas, denunció ante el jefe de Policía de Montevideo, inspector principal Nelsi Bobadilla, haber constatado el funcionamiento de una o más máquinas ilegales, en 35 comercios del más variado ramo en Montevideo.

El documento revelaba nombre, ramo comercial y dirección exacta de cada comercio.

Mientras los funcionarios del ente, ultimaban detalles para lo que auguraban sería uno de los mayores decomisos de estos aparatos ( la investigación decía 66 máquinas), la Policía dio parte al Juzgado.

Cuando el juez dio parte al fiscal Penal adjunto, en tanto es asunto del Juzgado de Faltas, la fiscal, sin más, archivó la denuncia.

La sorpresa a nivel de la Dirección de Casinos, fue enorme, en tanto los argumentos esgrimidos en el oficio presentado, invocaban para el procedimiento al Código Penal que «prevé como ilícita la explotación y participación en juegos de azar, estableciendo la confiscación preceptiva de los efectos relacionados al mismo, en los artículos 361 (numerales 9 y 10), 362, y 363″. *

Dónde denunciar

Según las autoridades centenares de personas desconocen que las máquinas tragamonedas instaladas en sus negocios son ilegales. Los «promotores», lo obvian.

Cualquier persona puede denunciar los comercios dónde estén alojadas las tragamonedas ilegales. Puede hacerlo en la Dirección de Casinos (Avda. del Libertador 1525. Teléfonos 902 0260 y 908 5840)