Las voces de la exclusión

 

José Machado, integrante del secretariado de la Unión de Clasificadores de Residuos Sólidos (Ucrus) relató que la organización se formó en abril «para tratar de dignificarnos como personas y trabajadores» porque «el clasificador es castigado y excluido de la sociedad».

Actualmente, una de las mayores preocupaciones de este gremio, afiliado al PIT-CNT, es el nuevo reglamento dispuesto por la Intendencia de Montevideo en ocasión de efectuarse el reciente censo de clasificadores que según Machado «no es un censo de clasificadores sino de carros. Hoy sufrimos el no poder transitar por varias calles de Montevideo y justamente en esas calles es dónde los comerciantes depositan la mayor cantidad de la materia prima que recogemos». Se trata de 18 de Julio, la Rambla, Avda. del Libertador y Avda. Italia, donde está prohibida la circulación de carritos durante las 24 horas. Machado contrastó la situación de antes de la reglamentación cuando «en distintos horarios salíamos cinco personas con el mismo carro», con la actual normativa en que «los carros tienen un titular y otra persona responsable y no se pueden prestar» lo que calificó como «una paradoja» que no sucede con los conductores de autos, se dificulta el trabajo.

También se cuestionó el hecho de que la reglamentación establezca que los conductores de los carros deban tener más de 18 años porque existen muchos padres de familia menores de esa edad que ahora no pueden trabajar.

El trabajador de la basura señaló que «nos hemos reunido infinidad de veces con las autoridades y hemos sido escuchados pero no tenidos en cuenta a la hora de definir una política social que ampare al clasificador».

Los clasificadores demandan además que el carné de clasificador les permita acceder a beneficios sociales.

Richard Sena que integra el grupo de clasificadores de la zona de la usina de disposición final ubicada en Felipe Cardozo, se refirió al «conflicto» que tienen con la comuna debido a que a las 130 personas que trabajaban en la «cantera» se les ha prohibido el ingreso. Las autoridades invocan razones de riesgo sanitario porque hay residuos potencialmente peligrosos. Sena dijo que «igual entramos de gato», contraviniendo la disposición.

En el encuentro se dio lectura a un decreto de la Junta Departamental de Montevideo fechado el 24 de octubre en el que el cuerpo resuelve comunicar su aspiración a que la Intendencia disponga «de un lugar adecuado cercano al centro de disposición de residuos para que un grupo individualizado de clasificadores preferentemente residente en las adyacencias del lugar, desarrolle las tareas a que aspira según las determinaciones que establezca la administración».

El Movimiento Uruguayo de los Sin Techo (MUS) tiene un mes de conformado. Raúl Alayán que actualmente no está en la calle es uno de sus principales impulsores. Señaló que «el principio del movimiento es que la gente de la calle logre tener un techo lo que sabemos que es muy difícil y puede llevar años. Pero también le damos un plato de comida a la gente que está en la calle y no lo tiene». Actualmente están trabajando en la organización de una olla popular para los necesitados de la zona céntrica.

Bertha Sanseverino, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Junta Departamental de Montevideo, recordó a LA REPUBLICA que «con los sin techo la Intendencia fue pionera en el año 2000 con el Programa Frío Polar y consideramos que ese proyecto tiene que ser completado con otras acciones pero que tiene que haber un fuerte compromiso de trabajo de los propios beneficiarios». La edila expresó que la demanda de un techo «es algo que habrá que llevarlo a un ámbito más político porque la Intendencia no puede cubrir esas necesidades». Agregó que «ahora nos parece importante habilitar esa olla popular que además quieren incorporar en un programa social».

Inmigrantes discriminados

LA REPUBLICA conversó con dos inmigrantes peruanos: Enrique Sánchez un joven de 27 años que llegó a Uruguay hace 20 días y Carlos Valderrama, que está en nuestro país desde hace 9 años. Sánchez vino con intenciones de trabajar en el mar, embarcarse 6 meses y regresar a su país. Este trabajo recibe una remuneración de entre U$S 300 y 1.000 y se trabajan 20 horas por día. Señalan que «la gran traba es la cédula porque para dártela te piden contrato de trabajo y las empresas no hacen un contrato si no tenés cédula uruguaya».

Ambos dijeron que sienten la discriminación fundamentalmente en lo cultural y también la atribuyen a los rasgos físicos. Señalaron que «tenemos costumbres que ustedes de repente no entienden». Sánchez dijo que «hay gente que se siente tan discriminada que no quiere salir de su cuarto». Agregó que «la misma discriminación que ustedes sienten en España y EEUU la sentimos nosotros acá», por eso pide «que nos ayudemos entre nosotros porque todos somos humanos».

Con el apoyo de los padres franciscanos nucleados en el Cipfe, inmigrantes peruanos y de otras nacionalidades lograron un viejo objetivo: la Casa de los Inmigrantes César Vallejo en la que disponen de casa y comida a cambio de un aporte monetario. La intención es «la inserción social y la conservación de nuestras raíces».

Sanseverino dijo a este medio que los inmigrantes peruanos «se vieron muy afectados por unas declaraciones del subsecretario del Ministerio del Interior, Daniel Borrelli cuando dijo que iba a controlar todo el tema de la inmigración y la documentación porque además tenía datos de una fuerte presencia de delincuentes. A partir de ahí tuvimos algunos contactos con ellos y también con el ministro (Guillermo) Stirling quien nos dio la tranquilidad de que no se iban a tomar medidas con ellos. Esto nos dio la posibilidad de empezar a trabajar con estos inmigrantes para ayudarlos a insertarse culturalmente y romper algunas barreras que sienten a nivel de la comunidad», dijo la edila. *