El Parlamento está dividido sobre el proyecto para despenalizar el aborto

La iniciativa de despenalización del aborto, compuesta por 18 artículos, establece además del derecho de la mujer a interrumpir su embarazo en las primeras doce semanas de gravidez, que para ejercer tal derecho bastará que la mujer «alegue ante el médico, circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción, situaciones de penuria económica, sociales, familiares o etarias».

Determina que el médico deberá informar a la mujer de las posibilidades de adopción y de los programas disponibles de apoyo económico y médico a la maternidad, y brindar información y apoyo a la mujer relativa a la interrupción voluntaria del embarazo.

La interrupción de la gravidez «sólo podrá realizarse cuando la gravidez implique un grave riesgo para la salud de la mujer, o cuando se verifique un proceso patológico, que provoque malformaciones congénitas incompatibles con la vida extrauterina».

En los casos de mujeres menores de dieciocho años, «el médico tratante recabará el consentimiento para realizar la interrupción, el que estará integrado por la voluntad de la menor y el asentimiento de al menos uno de sus representantes legales».

Todos los partidos divididos

La propuesta ha dividido a todos los sectores políticos por igual. Ayer sólo se votó realizar una sesión extraordinaria el 26 de noviembre para continuar con el análisis de la iniciativa. En ese marco, las bancadas de diputados del Encuentro Progresista-Frente Amplio y el Partido Colorado han optado por la «libertad de acción». En tanto, que desde filas herreristas surgió la moción de proponer ante el Directorio del Partido Nacional la posibilidad de declarar el tema como «asunto político» para que de esa forma la colectividad rechace en bloque la iniciativa, ya que en principio Alianza Nacional está a favor del proyecto. Ayer durante la discusión en Sala de la iniciativa, el diputado Luis José Gallo (Asamblea Uruguay) señaló en su informe en mayoría a favor de la propuesta  al cual también suscriben los diputados Ramón Legnani (Partido Socialista), Gustavo Amen (Foro Batllista) y los quincistas Daniel Bianchi y Wilmer Trivel  que «el 95% de la mortalidad por complicaciones relacionadas con el aborto se da en los países subdesarrollados».

En ese sentido aseguró que «Uruguay no escapa a esa realidad. No existe en nuestro país información correcta sobre el número de embarazos no deseados, ni en particular sobre el número de abortos provocados en ‘clínicas’ clandestinas. Menos aún de aquellos autoabortos o de los abortos provocados por personas inexpertas e inescrupulosas realizados en pésimas condiciones de higiene, por métodos caseros».

En cambio, señaló que «sí se conocen datos estadísticos sobre las muertes maternas por complicación de abortos en nuestro país, que constituyen la principal causa de muerte materna tanto en todo el Uruguay como en el Hospital Pereira Rossell».

Según Gallo, el proyecto de ley pretende ser el instrumento «normativo que permita abordar este escenario dramático que padece el Uruguay y elaborar impostergables políticas en materia de salud sexual y reproductiva». Considera que la clandestinidad significa en los hechos: «El aborto provocado en condiciones de riesgo, el que a su vez nos lega: pérdidas de vidas humanas y mutilaciones, ingentes gastos del sistema de salud para el tratamiento, doble discurso colectivo e institucional, injusticia por diferencias económica y de género, y corrupción».

Añadió que la propuesta legislativa «regula su realización (del aborto) de acuerdo a valoraciones en aspectos sanitarios, defendiendo equilibradamente el derecho a la vida en todo su ciclo, desde la concepción hasta el fallecimiento, y que mantenga una sanción penal aplicable para quien no la cumpla».

Proyecto inconstitucional

Por su parte, el diputado Raúl Argenzio (Correntada Wilsonista) quien se opone en general al proyecto aun cuando sí acompañará algunos artículos, reafirmó su convencimiento de que «hay vida desde el momento de la concepción, que ese ser tiene derecho a vivir esa vida», y que «la madre por más madre que sea no tiene derecho a decidir sobre la vida de su hijo no nacido». Salvo si su propia vida «corre serio peligro o el ser que se está gestando tiene anomalías o malformaciones congénitas, tan serias e importantes, que hacen inviable su existencia extra uterina».

«Otra excepción, podría ser si esa mujer quedó embarazada luego de ser violada. Se estima que en casos de violación el 0,6% deviene en embarazo», consideró el parlamentario nacionalista. Argenzio valoró «la educación, la prevención y la promoción de la salud toda, de la salud reproductiva, de la maternidad responsable y también de la paternidad responsable así como la tutela de la vida humana». Expresó su apoyó a «la implementación de políticas sociales y educativas que disminuyan la morbimortalidad materna, alentando la responsabilidad en el comportamiento sexual y reproductivo».

En cuanto a los números de abortos, sostuvo que «se dicen cifras que no se ajustan a la realidad», porque es evidente que «por ser un acto clandestino no se llevan estadísticas».

En tanto, el diputado Orlando Gil Solares (Alianza Progresista) argumentó que está en contra de la iniciativa, porque «permite o admite que una mujer tenga el derecho de decidir si interrumpe el embarazo que lleva en su vientre hasta las doce semanas».

Sostuvo que «la vida comienza con la fecundación del óvulo por el espermatozoide, transformando al óvulo en una célula completa desde el punto de vista genético, caracterizando a la especie humana».

Para Gil Solares el aborto tiene dos víctimas: «El nuevo ser y su madre.

El nuevo ser humano abortado es un nuevo NN sin epitafio, sin memoria, que sufre todo un proceso de secuestro, tortura, muerte y desaparición.

Con respecto a la madre ésta puede sufrir la muerte a causa del aborto ya sea porque se contaminó por procedimientos sépticos, o porque su estado general está deteriorado por un hambre crónica, desalimentación a causa de pobreza extrema». Desde el punto de vista jurídico denunció que se trata de una iniciativa «inconstitucional y atenta contra los tratados internacionales, pasible incluso de comprometer nuestra responsabilidad como país ratificante». *