La globalización discrimina al trabajo

Basta observar las recientes reformas legislativas en algunos países europeos y en Estados Unidos, para darse cuenta de que este problema se agudiza cada vez más.

Se ha dicho con mucha razón, que la migración internacional pareciera estar excluida del actual proceso de globalización, no obstante que en sus anteriores fases, desde el último tercio del siglo XIX y hasta la Segunda Guerra Mundial, los grandes desplazamientos humanos constituyeron una gran fuerza motriz del progreso, e incluso, del despegue de las naciones que hoy son justamente las más desarrolladas. En ese contexto, es preocupante observar que la normativa y la legislación internacional en materia de migraciones evidencian grandes vacíos o fallas. Por un lado, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, aprobada por las Naciones Unidas en 1990, después de más de una década aún no ha sido ratificada, a pesar de representar un gran progreso en cuanto a la preservación de los derechos humanos fundamentales de los trabajadores migrantes y constituir un instrumento que favorece la articulación y convergencia de las legislaciones nacionales actualmente discordantes entre sí.

Por otro lado, los compromisos de movilidad temporal de los trabajadores surgidos de la Ronda Uruguay y pautados en el Acuerdo General sobre Comercio y Servicios de la Organización Mundial del Comercio (OMC), han resultado ser claramente insuficientes, sobre todo en cuanto a estimular un mayor uso de mano de obra poco calificada en los contratos comerciales de servicios.

Es de esperar que en las negociaciones actualmente en curso en el marco de la OMC este objetivo pueda por fin lograrse.

Por lo tanto, en el plano internacional, inevitablemente se requieren mayores compromisos para facilitar la movilidad temporal y permanente de los trabajadores. Afortunadamente, pareciera haber consenso en que la solución de muchos de los problemas relacionados con este fenómeno exige normativas y medidas multilaterales, basadas en una cooperación entre estados que permita formas de gobernabilidad o manejo racional de la migración internacional.

También en el plano nacional, en los países receptores de masivos flujos migratorios, es necesario crear mecanismos que faciliten la integración de los migrantes y su plena incorporación a las sociedades de destino, en aspectos tales como la educación, los servicios de salud y la protección social.

Lo cierto es que el rezago económico y social de los países en desarrollo y su estancamiento tecnológico, que se han agravado en la última década, han incrementado significativamente la propensión de sus ciudadanos a migrar a los países desarrollados. Ello ha provocado cambios profundos en las legislaciones de éstos, en particular en Estados Unidos y algunos países europeos, que ahora son, por lo general, mucho más restrictivas que en el pasado y se orientan fuertemente al control de la inmigración ilegal, fenómeno éste que, junto al problema del empleo de trabajadores indocumentados, se ha convertido en el tema más álgido de las políticas inmigratorias de esos países. En general, no cabe duda de que a escala mundial han sido reforzados los controles aplicables al ingreso, tránsito, residencia y empleo de extranjeros.

Por lo que respecta al ámbito regional, los latinoamericanos y caribeños representan, hoy en día, una de las corrientes migratorias más importantes del mundo (10 por ciento del total) y la mayor de Estados Unidos (46 por ciento), en contraste con lo ocurrido en el pasado, cuando casi el 90 por ciento de los inmigrantes eran de origen europeo.

Las corrientes migratorias más fuertes son trabajadores con una calificación profesional relativamente baja, interesados en desplazarse de Sur a Norte. La migración intrarregional latinoamericana, a su vez, ha perdido intensidad, aun cuando ha sido uno de los factores más importantes del desarrollo de nuestros países y de los procesos de integración.

Los países latinoamericanos participan en dos foros intergubernamentales, la Conferencia Regional sobre Migración (América del Norte y América Central) y la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones.

Ambas representan la base fundamental para constituir una agenda regional sobre migración e integración que conduzca a la gobernabilidad de las migraciones a escala regional. Para ello es necesario desarrollar entre ambas conferencias el intercambio de experiencias y de información, con la finalidad de impulsar acciones para atender problemas comunes y desarrollar la cooperación solidaria entre países receptores, de tránsito y emisores de migraciones.

Esa gobernabilidad podrá afianzarse en los avances que se perciben en el marco de los esquemas de integración vigentes en la región en materia de convergencia de políticas sociales.

En realidad, los acuerdos subregionales ofrecen oportunidades para la recepción de migraciones dentro de espacios económico sociales ampliados bajo condiciones de gobernabilidad compartida y solidaria, que, con el tiempo, podrían garantizar la plena libertad migratoria comunitaria, sobre la base del reconocimiento y de la garantía de derechos laborales y socioeconómicos relativos a salud, educación, protección social y libre tránsito.

En particular, se registran avances importantes en el Mercosur y la Comunidad Andina, en el tratamiento comunitario a las migraciones y en materia de garantías a los intereses socioeconómicos y sociolaborales de los trabajadores migrantes, aun cuando se trate todavía de políticas incipientes. *

 

(*) Secretario Permanente del Sistema Económico Latinoamericano (SELA).