"No más silencios públicos"
En Uruguay se estima que se realizan 16.000 abortos anuales frente a 50.000 nacimientos en igual período y según las cifras concluidas por el Ministerio de Salud Pública, 27% de las muertes maternas entre 1995 y 1999 se deben a abortos practicados en forma insegura.
Los médicos ginecotólogos del Hospital Pereira Rossell describieron en varias oportunidades, durante este año, que las mujeres llegan al hospital en condiciones insalvables cuando se practican abortos en condiciones de riesgo y una sepsis o infección generalizada es la que lleva a la muerte de dichas mujeres.
Los especialistas resolvieron entonces elaborar un proyecto para que las mujeres consulten en forma gratuita en el Hospital, antes y luego de un aborto, en el entendido de que si la mujer conoce que debe tomar antibióticos antes y luego de la intervención y que debe hacerse estudios clínicos previos con el objetivo de observar que se trata de un embarazo pasible de interrumpirse, entonces las condiciones de riesgo se reducen notablemente.
Los médicos no asesoran dónde tienen que acudir las mujeres, pero previenen que no deben introducirse agujas de tejer en el útero ni tomar té de ruda o perejil, que en importantes cantidades llevan a una infección del organismo.
Entre los médicos que elaboraron el proyecto de asesorar a las mujeres en materia de aborto algunos están de acuerdo en la despenalización y otros disienten, «pero coincidimos en que hay que dejar de lado la hipocresía porque la consecuencia son los casos de mujeres que llegan al hospital luego de practicarse un aborto en condiciones de riesgo, y esos casos son irreversibles», dijo uno de los galenos.
Desde 1996 al año pasado, 47% de las muertes maternas en el Hospital Pereira Rossell correspondieron a mujeres que se realizaron abortos en condiciones inseguras.
En el mundo se contabilizan 585 mil muertes debido a embarazos y partos complicados y de ese universo, 78 mil son por abortos inseguros.
Cada año se realizan 50 millones de abortos en el mundo y 20 millones se practican en malas condiciones.
La realidad hace que el tema se discuta año a año. En nuestro país desde 1989 se procura elaborar un proyecto de ley que ingrese al plenario de las Cámaras parlamentarias. Finalmente, hoy llegará a Diputados un articulado aprobado en mayoría a nivel de comisión. El proyecto enfrenta a dos posiciones: pro legalización del aborto bajo ciertas condiciones y contra la legalización o despenalización.
Carta de apoyo
En vísperas del ingreso al plenario de la Cámara Baja del proyecto de Ley de Defensa de la Salud Sexual y Reproductiva que incluye la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 12 semanas de la gestación más de 400 ciudadanos firmaron una carta abierta que reclama «No más silencios públicos en torno al aborto». En nombre de Mujer y Salud en Uruguay, Lilián Abracinskas fundamentó que el proyecto de ley en discusión, es una oportunidad histórica del Poder Legislativo para cambiar una situación que cuesta muchas vidas y otros problemas graves de salud a las uruguayas.
La conferencia de prensa convocada por Mujer y Salud en el Uruguay (MYSU), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem Uruguay) y la Comisión de Seguimiento de los Compromisos de Pekín, tuvo por objeto hacer conocer el apoyo al proyecto de ley de Defensa de la Salud Sexual y Reproductiva. Entre las adhesiones, consta las del rector Rafael Guarga, así como los decanos de las facultades de Psicología, Ciencias Sociales, Medicina, Ingeniería, Agronomía, Arquitectura, Química y Ciencias. También la suscriben el presidente del gremio bancario, Eduardo Fernández, la poeta Idea Vilariño, Carmen Tornaría, consejera del Codicen, el historiador José Pedro Barrán, los escritores Eduardo Galeano, Mauricio Rosencof y Mario Delgado Aparaín, el director de la División Salud de la Intendencia de Montevideo, Miguel Fernández Galeano, la presidenta de la Comisión de la Mujer y la directora de Recursos Humanos de la comuna capitalina, Mariela Mazzotti y Hyara Rodríguez, respectivamente. Los médicos sexólogos Gastón Boero y Andrés Flores Colombino, el integrante del equipo en representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, Ernesto Murro además de profesionales y representantes de la cultura nacional.
El texto
El doctor Carlos Etchegoyhen, integrante de la Red de Grupos de Amigos de Luis Pérez Aguirre, dio lectura a la carta abierta a la población, «Aborto: no más silencios públicos».
«El aborto ha sido y es una práctica a la que se recurre, por diversas razones, como último recurso frente a una situación de embarazo que no se puede sostener. Todos y todas conocemos a alguien que ha tenido que enfrentarse a esta situación pero las condiciones y consecuencias son muy desiguales. Quienes no tengan los medios para acceder a clínicas técnicamente apropiadas acuden a lo que está al alcance poniendo en riesgo su salud y sus vidas. Mantener la ley vigente es, por lo tanto, una hipocresía y un acto de discriminación contra las más desprotegidas» .
«En estos 64 años de una ley penalizadora no se ha desestimulado la práctica del aborto ni se han habilitado medidas que lo prevengan y que disminuyan su incidencia».
«En los últimos años las encuestas de opinión registran que la gran mayoría población uruguaya (7 de cada 10 ciudadanos/as) cree que algo hay que hacer al respecto. Con una ley como la que el Parlamento debería aprobar, se podrán implementar medidas en el terreno de la salud y la ación que eviten muertes injustas y promuevan mejores condiciones para el ejercicio libre y responsable de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas». Finalmente se exhorta a la población en general a involucrarse en el debate y tomar posición y a los y las legisladores «a que asuman la responsabilidad histórica de aprobar este proyecto de ley, actuando de acuerdo a su calidad de representantes de la voluntad de la ciudadanía y no de creencias o intereses de apenas una parte de la población».
La carta señala también que la ley en discusión «jamás obligará a ninguna mujer a abortar. Pero sí estaríamos respondiendo, como sociedad, a una de las injusticias que golpea cotidianamente a miles de parejas, a miles de ciudadanos que tienen derecho a vivir en un país verdaderamente democrático, laico y plural, respetuoso de los derechos humanos». *
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