Varias mutualistas no resisten más

La Dirección de Control de Calidad (Dicoca) del Ministerio de Salud Pública acumula decenas de denuncias presentadas por usuarios de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC), debido a carencias que sufren algunas entidades de Montevideo e Interior a las cuales están asociados.

El ministro de Salud Pública, Alfonso Varela, aprovechó ayer un encuentro con el Presidente de la República, Jorge Batlle (que había citado al gabinete), para ponerlo al tanto de la situación de varias mutualistas y del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para el sector, que aún no llegó a sus destinatarios.

A la fecha enfrentan severos problemas de estabilidad Central Médica y Cudam, Cima, Oca Larghero y Casa de Galicia.

Para la sobrevivencia de Central Médica, los funcionarios y médicos que suman más de 350 están dispuestos a que se les rebaje el sueldo, con tal de que no cierren las puertas de la cooperativa.

Por su lado Oca-Larghero, una institución con más de 600 funcionarios médicos y no médicos, recibió una noticia que en realidad estaba ya anunciada en febrero pasado: el Banco República (BROU) no renovará el convenio para que los 6.624 trabajadores bancarios y sus familiares continúen atendiéndose en esa mutualista. A partir del 1 de diciembre los bancarios podrán escoger otra mutualista.

El BROU paga $635 por cada uno de sus empleados para su cobertura médica. Oca-Larghero no cuenta con oxígeno desde hace por lo menos dos semanas y debe solicitar suministro casi diario al Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay (Casmu). Los funcionarios bancarios en actividad, retirados y familiares cubiertos hasta ahora en Oca Larghero, protestan ante la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) por la carencia de insumos de la institución.

El panorama del sistema mutual se torna oscuro al ponerse en duda la cláusula del documento firmado el 4 de abril de 2001, que proporciona estabilidad laboral para los trabajadores de entidades eventualmente clausuradas.

El acuerdo, llamado Plan B, sostiene que si una mutualista cierra, sus afiliados se distribuyen libremente en el resto del sistema y los trabajadores de las entidades clausuradas, también se distribuyen en función de tales socios.

Cumplir lo firmado

Aunque el dirigente de la Asociación de Funcionarios del Casmu (Afcasmu), Francisco Amorena, dijo a LA REPUBLICA refiriéndose al Plan B: «Firmamos un acuerdo que haremos cumplir», los directivos del Casmu y la Unión de la Mutualidad del Uruguay (UMU) –cámara que incluye al Hospital Evangélico, la Asociación Española, el Círculo Católico y Casa de Galicia–, entienden que no es posible continuar «inflando» con nuevos funcionarios las mutualistas sobrevivientes.

El presidente del Plenario de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC), Natalio Blankleider, recordó que si una entidad no cumple el convenio nosotros tampoco cumpliremos.

En caso de que el acuerdo o Plan B se borre con el codo por parte de directivos de IAMC, «ocuparemos sanatorios y habrá lío porque es lo único seguro que tenemos los funcionarios», dijo a LA REPUBLICA Amorena.

En cuanto a las cooperativas de la Federación Médica del Interior (FEMI) ubicadas en Pando, Las Piedras, Rocha, Artigas y Tacuarembó, en dos o tres meses «pueden estar en la misma situación que Central Médica y Oca-Larghero», advirtió Italo Mogni presidente de FEMI, quien reiteró que «el sistema mutual actual está al borde del colapso si ya no lo está».

Si sólo el Estado nos pagara por los servicios que FEMI vende a Salud Pública e Intendencias, podríamos estar bien. El Estado adeuda a las cooperativas médicas del Interior unos U$S 17 millones. *