La Universidad reclamó controles al Estado sobre calidad de la enseñanza

El rector de la Universidad de la República, Rafael Guarga, y los doctores Jorge Ares Pons, Alfredo Jones y Washington Diano, integrantes del Consejo Consultivo de la Enseñanza Terciaria Privada propuestos por la Universidad de la República advirtieron sobre el riesgo que conlleva dejar librado al mercado el funcionamiento de las instituciones privadas lo que acarreará, entre otras consecuencias, un deterioro en la calidad del estudiantado.

Si bien el decreto 308/995, promulgado en 1995, resolvió regular la enseñanza universitaria privada a través de la creación de una comisión, integrada por tres representantes de la Universidad de la República, dos por las universidades privadas, uno por la Administración Nacional de Educación Pública y dos por el Ministerio de Educación y Cultura, en los hechos, el Estado no realiza los controles y seguimientos correspondientes.

Tampoco está funcionando el Area de Inspecciones del Ministerio de Educación y Cultura, creada en 1992 y reglamentada en 1993, con el objetivo de supervisar los institutos de enseñanza terciaria.

«Esta situación», señalaron los entrevistados, «no sólo perjudica a los alumnos de esas instituciones, sino también a aquellos establecimientos que se esfuerzan por elevar su nivel académico y deben sufrir la competencia de otros cuya principal preocupación no pasa por allí».

En este marco, Guarga catalogó como de «seria preocupación» para la Universidad de la República, la falta de controles por parte del Estado en los procesos de regulación en la enseñanza terciaria privada. También hizo referencia a la opinión de algunos sectores partidarios de que la enseñanza privada sea regulada por el mercado lo que, sostuvo el rector, no sería problema ya que así lo establece el artículo 68 de la Constitución de la República.

«Sin embargo», manifestó Guarga, «las instituciones privadas están muy interesadas en tener una autorización del Estado en cuanto a su funcionamiento. Esto es lógico y comprensible ya que si los padres envían a un chico a una institución de esta naturaleza, y pagan por ello, necesitan saber que la enseñanza que allí se ofrece corresponde a lo que se promete».

Como ejemplo, Guarga planteó la siguiente hipótesis: «¿Qué pasaría si una institución promueve la formación de arquitectos en dos años? Sería más económico, ¿pero puede el Estado autorizar una institución de esa naturaleza?, se preguntó. Probablemente, el estudiante salga con un título pero sería extremadamente peligroso encomendarle la construcción de un edificio. En esto no sólo está preocupada la Universidad de la República, también están preocupadas algunas instituciones de enseñanza terciaria privada», dijo el rector.

Desregulación

Entretanto, el profesor Jorge Ares Pons, afirmó que, más allá de sus imperfecciones, el decreto de 1995 posibilitaba procesos de autorización que, en la actualidad, se han debilitado debido a la limitación de la participación de la Universidad de la República dentro del propio Consejo Consultivo de la Enseñanza Terciaria Privada.

En un documento emitido ayer se expresa que la consulta al Consejo es de carácter preceptivo, al igual que lo es la de este organismo a la Universidad de la República, cuando se presenta una nueva institución. Pese a que no está explícito si debe o no consultarse a la Universidad de la República cuando una institución presenta nuevas carreras, a través de una resolución expresa adoptada en 1997, el Consejo consultó, en todos los casos, a la casa mayor de estudios.

Esta situación, expresó Ares Pons, cambió a comienzos de 2001 cuando el presidente del organismo, Martínez Durán, resolvió no consultar a la Universidad de la República sobre las carreras nuevas.

A juicio de los convocantes «muchas exigencias formales del decreto se han ido convirtiendo en letra muerta, y la permisividad del Consejo haciéndose más notoria a través de la aprobación de instituciones y carreras impresentables desde todo punto de vista».

A esto, debe sumársele un nuevo decreto (Nº 309/002) de agosto de este año que transforma la intervención preceptiva de este organismo en facultativa, por lo que, en la mayoría de los casos, el Consejo intervendrá solamente cuando el ministro lo entienda oportuno.

Ares Pons negó que existiera un enfrentamiento por parte de la Universidad pública con la privada, citando como ejemplo «a la Universidad Católica y su preocupación por el nivel académico», aunque advirtió sobre el peligro «de caer, justamente en lo que han caído a mayoría de los países latinoamericanos, en la proliferación de las llamadas ‘universidades de garage'».

Agregó que, si bien esta calificación no obedece a las universidades privadas actuales, «ya hay algún instituto universitario que es incalificable desde el punto de vista académico. Este instituto, con alguna carrera más que se le apruebe, pasaría a ser la quinta universidad privada. Esto es el camino para empezar a tener en el Uruguay universidades de garage».

Por último, el documento de la Universidad estatal expresa que «se avanza hacia la desregulación total de la enseñanza universitaria privada. A la absoluta falta de mecanismos de supervisión y seguimiento, se suman los últimos acontecimientos: supresión de la consulta a la Universidad y conversión de la intervención del consejo  originalmente ‘preceptiva’  en meramente ‘facultativa’, mostrando el camino por el cual se procura transitar». LA REPUBLICA intentó obtener la opinión de los responsables de la Universidad Católica, primera privada en el país, pero no se respondió a nuestros llamados. *