El MSP puso el ojo en las mutualistas Oca Larghero y Central Médica

La preocupación de los dirigentes de los gremios médico y de funcionarios está centrada en posibles clausuras de instituciones de asistencia médica colectiva (Iamc), y en la ocupación de Casa de Galicia, a partir del envío de 19 personas a seguro de desempleo. En esta institución se proyectan más de 300 envíos al seguro de paro.

Las autoridades de Salud Pública y de Economía piensan ahora en el nuevo mapa del sistema mutual que se dibujará para Montevideo a partir de las decisiones que se puedan adoptar, en principio para con las entidades Oca Larghero y Central Médica. Para ambas entidades las autoridades piensan en una «salida ordenada» en caso de cierre.

Acerca de Casa de Galicia las soluciones podrían llegar con la reformulación de sus servicios, ya que su clausura no sólo significaría un costo político bastante pesado para la administración Batlle, sino que su masa social de más de 75 mil socios es demasiado apetecible para cerrar las puertas de la institución. Casa de Galicia cuenta con 800 médicos titulares y suplentes y dos mil funcionarios no médicos.

Por su lado, Oca Larghero cuenta hasta ahora con el apoyo asistencial del Casmu, que consiste en la entrega de insumos de primerísima necesidad.

El presidente del Sindicato Médico, Barret Díaz, dijo ayer a LA REPUBLICA: «Sabemos que una institución no puede vivir al día, pero Oca tiene el apoyo del Casmu», sentenció. La entidad heredó una deuda de más de 300 mil dólares del centro clausurado Cemeco, y un pasivo superior a 15 millones de dólares. El panorama incluye más de seis meses de atrasos salariales a los 150 médicos y 550 funcionarios no médicos.

Sobre el destino de los funcionarios médicos ante la posibilidad de cierre, Barret Díaz sostuvo que el documento del 4 de abril de 2001 incluye en el llamado Plan B «el amparo a los médicos cooperativistas. Los mismos, al igual que los trabajadores no médicos, se distribuirían entre las mutualistas que reciban los socios de la institución clausurada».

El Banco República mantiene un convenio con Oca Larghero para que unos 16.000 funcionarios en actividad, retirados y familiares se asistan en esa institución mutual. Por ellos, Oca Larghero recibe un cheque de aproximadamente 700 mil dólares. Además cuenta con unos 4.000 socios particulares y recibe ingresos por la venta de servicios por Ancap y el Banco Hipotecario. Parte del cuerpo diplomático –300 socios– también se asiste en la institución.

El Directorio del Banco República deberá decidir si cada bancario recibirá o no una cuota para que cubra su servicio mutual a la manera de la cobertura de los maestros. En caso de clausura, AEBU, el gremio de los empleados bancarios, apoyará a la Federación Uruguaya de la Salud para que se cumpla el Plan B, que redistribuye los funcionarios en las mutualistas que sobrevivan. Si bien AEBU desea apoyar a Oca Larghero, sus dirigentes entienden que no pueden «poner en peligro la salud de la gente».

Barret Díaz entendió que «lo mismo sucede en caso de Central Médica, donde la mayoría de los médicos son cooperativistas». Tal entidad cuenta con 210 funcionarios no médicos y menos de la mitad de esa cifra son médicos. Tiene 9.500 afiliados, de los cuales unos 6.000 lo son por la ex Disse.

Las que sí y las que no

El viernes 25 de octubre, seis mutualistas: Universal, Casmu, Círculo Católico, Hospital Evangélico, Servicio Médico Integral e Impasa, firmaron en el Ministerio de Salud Pública el contrato que las llevará a recibir el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un monto por socio equivalente a 35 dólares.

El resto de las mutualistas que solicitaron el préstamo del BID (Cima, Oca Larghero, Cudam, Central Médica y Casa de Galicia) no firmaron los contratos porque el Poder Ejecutivo sostiene que para ello deben ser viables. Los proyectos de las instituciones Oca Larghero y Cima, tal como fueron presentados, fueron rechazados por el Poder Ejecutivo. Por su lado, Cudam y Central Médica no presentaron su proyecto formal de integración. *