Juicio por fraccionamiento de tierras en Punta del Diablo

HUGO LUJAN AMARAL, ROCHA

 

La reclamación de Darío Fernández Lema y su hermano y apoderado Wilmar Fernández Lema tiene varios años en el Juzgado de Chuy, y han pasado varias audiencias sin que exista una definición en torno a este tema. Desde Buenos Aires, hace muchos años, el propietario compra en un fraccionamiento llamado «Coronilla del Mar», en balneario Punta del Diablo, una superficie de 5.520 metros cuadrados, padrón 11.575. También otros compradores adquirieron terrenos en «Coronilla del Mar» por esa época en un emprendimiento inmobiliario que fue muy promocionado en la época.

Al poco tiempo de haberse registrado la compra del terreno anteriormente mencionado, y al tomar contacto con el lugar, es que se inicia por la vía judicial el mecanismo para el retiro de las personas que estaban afincadas en ese lugar o habían construido residencias de veraneo. Con el tiempo también hubo instalados emprendimientos comerciales.

El propietario tiene documentación donde prueba que esa propiedad nunca fue abandonada, incluso antes de registrarse la compra. Para ello muestra recibos de pago a la Intendencia Municipal del tributo de contribución inmobiliaria. En el año 1994 fue encargada una tasación a la empresa Tizado Propiedades de Punta del Este, la que informa que los 10 lotes del Padrón 11.579 tienen un valor que oscila en los U$S 600.000. Según los técnicos, esta cifra surge tomando en cuenta ubicación, altura, tipo de terreno como asimismo la situación del mercado inmobiliario actual.

El 1° de octubre, habilitados por una norma constitucional, presentan nueva documentación como ampliación de prueba a las ya presentadas en todo estos años, en la constitución a la sede judicial con motivo de presentar lo que el propietario calificó de «alegato final». Actualmente, uno de los aspectos más importantes es la demanda por daños y perjuicios al verse impedido por espacio de unas dos décadas del disfrute del bien que le pertenece, lo que incluye el lucro cesante que pretende cobrar a los ocupantes. El cálculo del dinero que le deben producto del uso de su bien, está dado por la cantidad de viviendas existentes y el dinero que se cobra en forma diaria por el alquiler de las fincas. Este cálculo le da al propietario unos 383.500 dólares anuales que le debe el total de los ocupantes. Si se toma una suma de 20 años, el dueño estaría buscando el cobro de casi 8 millones de dólares, pretensión que ya fue expuesta a la Justicia. *