El veto del gobierno al aborto será resistido en el Parlamento

Un acuerdo político entre el entonces candidato a la presidencia de la República Jorge Batlle y la Unión Cívica, celebrado días antes de cumplirse el balotaje el 27 de noviembre de 1999, puso un obstáculo para la posible aprobación de un proyecto de ley sobre la despenalización del aborto o la interrupción voluntaria del embarazo.

El 22 de octubre pasado la Comisión de Salud de Diputados aprobó por mayoría el proyecto de ley que establece que «toda mujer tiene derecho a decidir sobre la interrupción de su embarazo durante las doce primeras semanas de gravidez». Sólo en ese período una interrupción de embarazo no constituye delito.

La normativa vigente condena a la mujer que permite un aborto, de 3 a 9 meses de prisión y mientras que quien colabora con esa práctica es pasible de recibir una pena de 6 a 24 meses de prisión. Está prevista una serie de atenuantes por cuestiones de honor para salvar el propio o de un pariente, o por imposibilidad económica y para casos de embarazos surgidos de una violación.

El presidente Jorge Batlle siempre fue contrario a la despenalización del aborto. A fines de mayo de 2001 el mandatario respondió en la Coordinadora de la Enseñanza que no había nacido un 25 de octubre (día de su cumpleaños) sino nueve meses antes de esa fecha.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Gervasio Guillot, dijo a título personal, que la legislación vigente (ley que regula el aborto desde 1938 en Uruguay) «ha sido un verdadero fracaso».

La diputada del Partido Colorado (Lista 15) Glenda Rondán, relató a LA REPUBLICA que «el Presidente Batlle se comprometió en el acuerdo pre-electoral, a que el Poder Ejecutivo no enviaría un Proyecto de ley que permitiera la legalización o despenalización del aborto», y recordó que el acuerdo sostiene que los legisladores tienen libertad de conciencia, agregó Rondán.

De hecho, el líder de la Unión Cívica, Aldo Lamorte, dijo el jueves pasado tras reunirse con el presidente Batlle, que solicitó que se cumpla el compromiso asumido previo al balotaje, en cuanto a no promover el aborto».

El proyecto de ley aprobado en comisión y que ingresará a la Cámara de Diputados en 15 días, no fue enviado por el Poder Ejecutivo. El articulado fue redactado por los diputados de los distintos partidos políticos y sectores de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, con la oposiciòn de dos diputados nacionalistas, Raúl Argenzio y Orlando Gil Solares.

La Unión Cívica incluso había anunciado su disposición a convocar a un referéndum si el Parlamento aprobaba la ley sobre aborto.

Si hay que levantar el veto, se levanta

En Estados Unidos el aborto se legalizó en 1973 y en América Latina, países como Cuba, Barbados, Guyana y Puerto Rico, también permiten la interrupción del embarazo. En el Hospital Pereira Rossell, desde 1996 a 2001 se produjeron 15 muertes maternas y 7 muertes se certificaron por abortos realizados en condiciones de riesgo.

El porcentaje de muerte materna por aborto inseguro fue del 47%.

«Que yo recuerde este proyecto no fue elaborado por el Poder Ejecutivo», dijo el diputado del Foro Batllista Gustavo Amen, quien subrayó que «este tema no es un asunto político y lo voy a votar». Añadió que «si hay que levantar el veto del Poder Ejecutivo, se levantará. No es, pues, un asunto de disciplina partidaria».

La diputada Rondán, coincidió con Amen en que es un tema fuera de lo partidario». Si algo he aprendido del Presidente Batlle -subrayó- es decir siempre la verdad y seguir mi conciencia.

Por su parte, el legislador Luis José Gallo (EP-FA), sentenció que a «la advertencia del Presidente (sobre el veto a la ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo), le sigue la advertencia que yo le hago en cuanto a que vamos a utilizar todos los mecanismos para levantar el veto con 3/5 de la Asamblea General». Gallo apuntó que «es absolutamente inoportuno el planteo que hace el Presidente Batlle condicionando la aprobación de una ley -que va más allá de lo político- a un acuerdo preelectoral, siendo que diputados de su sector se encuentran a favor del proyecto».

En tanto la senadora del Partido Nacional, Julia Pou, acotó que «nuestro partido está en contra de un proyecto que despenalice el aborto y no nos incide que haya o no un acuerdo preelectoral». Entiende que el tema «es de conciencia» y enfatizó que en el país está faltando educación y prevención para que no existan estas situaciones», concluyó la senadora Julia Pou. *