Polémico desalojo

El Banco de Previsión Social (BPS) cuenta con 157 complejos habitacionales destinados a los pasivos y existen unos 14 mil jubilados y pensionistas que aguardan la adjudicación de una vivienda.

Una de estas vivendas fue ocupada hace 7 años por Ivonne Villanueva (43) y su hija Mariana (19). La historia familiar es un verdadero drama. La señora es discapacitada y se moviliza en silla de ruedas. Su hija, enferma psiquiátrica, debe tomar medicación de por vida.

El ex marido de la señora está preso por pegarles a ambas, y luego de efectuarse el procesamiento penal, Ivonne y Mariana debieron dejar la casa en la que residían en Camino Maldonado. Urgidas por un lugar donde vivir decidieron ocupar el apartamento 002 del block U, del complejo habitacional ubicado en Aparicio Saravia y Burgues, perteneciente al BPS.

Según indicaron jerarcas del organismo previsional a LA REPUBLICA, desde hace 3 años, los propios adjudicatarios de viviendas decidieron hacerle una denuncia a estas personas, por intrusas. A partir de allí, se procesa un juicio en contra de Ivonne Villanueva.

El 28 de abril del año 2000 hubo una intimación de lanzamiento y para el 6 de setiembre del mismo año, a las 14.30 horas, estaba previsto el desalojo. A raíz de la presión pública hecha por diversos medios de comunicación, no se llevó a cabo el procedimiento. Casualmente, la orden de la jueza Rosana Sapelli determinó que el desalojo de la vivienda se efectúe hoy a la misma hora.

Sin salida

Encerrada a oscuras en su cuarto y con un cable de un electrodoméstico envuelto en su cuello, Villanueva gritaba cuando llegó LA REPUBLICA que no saldría de allí, «antes me sacan muerta». Luego lloró.

Visiblemente desequilibrada, la mujer repetía constantemente que mañana (por hoy) no dejaría la vivienda, a pesar de recibir la intimación de que sería desalojada por la fuerza pública.

Afirmó que le propuso al BPS pagar dos unidades reajustables al mes por el uso de la vivienda que usufructúa, planteo, que de acuerdo con su versión, fue rechazado.

Del BPS recibe una pensión por invalidez de $ 2.100 y se gana la vida con un puesto de venta de comestibles que instaló en el interior del complejo habitacional.

«No hay viviendas para paralíticos ni retardados», afirmó Ivonne en medio de su desequilibrio emocional.

Solicita que hoy se presente un alto jerarca del BPS a fin de buscar una solución a su problema.

Sostuvo que en el complejo donde vive existen 22 apartamentos vacíos y dijo que otros también están en calidad de intrusos «pero nadie dice nada sobre estas personas».

El representante de los pasivos en el BPS, Arturo Fernández, afirmó a LA REPUBLICA que suelen haber viviendas vacías en forma transitoria, mientras el organismo adjudica el bien a un nuevo residente. Reconoció que suele ser un poco lento el trámite administrativo y que actualmente hay una lista pronta para adjudicar.

Fuentes del BPS indicaron que Villanueva no tiene ningún derecho sobre la vivienda que ocupa, que está destinada exclusivamente a jubilados y pensionistas que ganan menos de 2 salarios mínimos nacionales. El BPS inició unos 80 juicios contra casos de ocupación de viviendas en todo el país, mientras existe una lista de espera de 14.000 en todo el país. Hasta el momento, fueron beneficiados para vivir en estas propiedades unos 4.700 pasivos. *