A una de cada tres familias le "cortaron", al menos, un servicio imprescindible

El servicio básico por excelencia de cualquier sociedad civilizada es el agua para consumo humano. Uruguay, uno de los países más adelantados en América en este tema sufre hoy su peor crisis para cobrar el abastecimiento.

Tal es así que, aun cuando desde el 1º de octubre existe un convenio para deudores que evita el «corte» del servicio, la situación empeora día tras día.

«Lo peor es que ahora viene el verano y tememos por la salud de la gente», puntualizó el secretario general del gremio de funcionarios de OSE, Carlos Sosa.

Ese ente tiene 800.000 conexiones en todo el país, de las que actualmente un 11 % han sido ya cortadas, o están con mora suficiente que habilita la desconexión.

Hay 95.000 clientes morosos, que deben al ente estatal por un monto de $ 911 millones.

La mayoría de los servicios interrumpidos están ubicados en los asentamientos irregulares y en la periferia de las capitales departamentales. En los últimos tiempos se verifica un aumento significativo de las conexiones ilegales a la red de agua, aunque los funcionarios aún carecen de órdenes específicas para investigar más allá de lo habitual.

«OSE ha dejado de instalar postes surtidores, es decir canillas en puntos clave, con lo cual el riesgo sanitario ante el advenimiento del verano es alto», detalló Sosa.

Reconoció el aumento de las conexiones clandestinas y estimó que el ente está teniendo una actitud «tolerante» para evitar una catástrofe sanitaria.

En cuanto a la resolución del Directorio del organismo, brindando facilidades de pago a los morosos a partir del 1º de octubre último, aunque se lo consideró un éxito en los primeros días, el ritmo decreció vertiginosamente.

En total 1.537 deudores se acogieron en el Interior del país al plan de refinanciación y unos 300 lo hicieron en Montevideo. Los convenios, colocan «a cero» la deuda del usuario y reconocen el monto atrasado que debe ser pago en un plazo máximo de doce cuotas, con un interés del 6,9 % mensual sobre el saldo. El convenio prohíbe atrasarse más de dos meses. El consumo habitual, luego de firmado el acuerdo, corre por una cuenta paralela que debe abonarse como cualquier usuario.

La tasa de interés es considerada una de las trabas que impide una mayor aceptación de los convenios, así como la falta de publicidad del plan de apoyo, e inclusive, de la opción creciente de conectarse clandestinamente al sistema.

Sombras nada más

Entre enero y diciembre de 2001, hubo 22.000 usuarios de UTE cuyos servicios fueron cortados. De enero a julio de este año, hubo 157.000 cortes. Se rehabilitaron 122.000 pero han quedado 35.000 clientes sin restablecer servicio. Un alto número de los mismos se «cuelga» de la red, es decir se conecta a los cables de UTE y hurta energía eléctrica.

Para el Presidente de la Asociación de Funcionarios de UTE (AUTE), Julio García, «las pérdidas de energía se incrementaron de un 14-15 % el año pasado, a un 18,5% este año. Un 6-7 % son verdaderas pérdidas técnicas, lo demás es hurto de energía», comentó.

La recaudación de UTE cayó en el último trimestre a los peores valores desde 1999. La «cobrabilidad» de la empresa se desplomó también, convirtiendo la creciente morosidad en la principal causa del cuadro crítico. Los cortes de servicios son apenas mil menos que en mayo último, el peor período en los tiempos modernos, e incluso unos 800 más que en julio pasado.

Desde el año pasado, con un agravamiento este año un gran porcentaje de cortes carece de reconexión. Se aceleró la pérdida de clientes pero no bajó el consumo dado el constante reenganche ilegal: entre enero y julio de 2002, la media de cortes sin reconexión, fue de 4.998 cada mes.

AUTE, propuso adoptar medidas de emergencia por un año, en el entendido de que «muchos clientes desean volver a la formalidad. Pero necesitan estímulos económicos ante la situación que atraviesan».

La propuesta consiste en un restablecimiento de la conexión sin el pago de la tasa vigente; eliminación del pago de multas y flexibilización para los recargos; eliminar durante un año el pago del cargo por potencia; eliminar IVA y Cofis, de las facturas; que a los usuarios hasta 200 Kwh mensuales no se les cobren multas, recargos, ni costos de reconexión; y pasaje voluntario de usuarios con 2,2 Kw de potencia contratada a 3,3 Kw libre de costo.

Agónica comunicación

En el millón de teléfonos fijos que hay en Uruguay, la morosidad pasó del 2,5% de la facturación total (para agosto de 2001), a casi el 4% del total para igual mes de este año.

Esta morosidad sin embargo, catalogada como «efectiva real», no alcanza a otro nivel de morosos que se encuentran con dificultades de pago: atrasados y por ende excluidos de algunos servicios, están unos 120.000 teléfonos fijos, el 12% del total. De este valor, alrededor del 8% del total lo constituyen servicios familiares o comerciales menores, es decir con solamente una línea telefónica.

«Ahora la meta es brindar facilidades de pago, evitar el corte del servicio e incluso disminuir los intereses por adeudos», señaló Carlos González Alvarez, director de Antel.

El jerarca nacionalista detalló que existen tres grandes planes buscando rehabilitar a los usuarios con dificultades, vigente desde el 1o. de octubre pasado. «Buscamos no perder a una clientela que se hace difícil recuperar, y a la vez cumplir con un servicio público hoy imprescindible como es la telefonía», dijo.

Descartó que los beneficios a otorgarse entre quienes adeuden y convengan con Antel, vayan a recaer en las tarifas que paga el resto de los usuarios. «Ello implicaría un aumento de tarifas y ese es un tema que no está en carpeta en estos momentos», puntualizó.

Acerca del menor uso de los teléfonos por parte de quienes aún pueden costearse el servicio, descartó que hubiera índices apreciables e incluso «hay un mayor tráfico internacional entrante, desde la apertura de la competencia».

El 15% aproximadamente del tráfico de larga distancia internacional, ha quedado ya en manos de operadores privados que compiten con rebajas importantes en lo que se cobra por estas llamadas.

Del gas privatizado

Aunque la cuantificación de los servicios que se dieron de baja en la otrora pública compañía del gas, es información celosamente guardada, el gremio asegura que en los últimos meses las conexiones descendieron de manera importante.

Cabe analizar en este ítem que cuando se privatizó la Compañía del Gas, en 1995, había 44.500 usuarios y los adquirentes aseguraban que para el año 2005 habría 250.000 hogares y empresas conectados a la red. A casi ocho años de aquella afirmación hay unos 45.000 usuarios de gas por cañería y en descenso. De cualquier manera la expectativa de la empresa Gaseba, distribuidora de Montevideo, está centrada en la llegada del gas natural desde Argentina.

El dirigente sindical Luis Puig dijo que «la empresa está trabajando con la mitad del personal que cuando era pública y cobra tarifas mucho más altas por el servicio».

Señaló que la última referencia en este sentido es que, por cada servicio nuevo que se conecta hay por lo menos dos, que se dan de baja.

Advirtió que «hoy falta seguridad en el servicio» y que los costos privados aumentaron en relación a los que tenía el organismo cuando era estatal. *